El dirigente de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari enfrenta una investigación impulsada por el Ministerio Público, que lo vincula con los bloqueos que durante más de 53 días afectaron el abastecimiento de alimentos, combustibles y servicios esenciales en el país. La Fiscalía presentó una imputación formal por cinco delitos y solicitará su detención preventiva.
El dirigente campesino Vicente Choque. Foto: Erbol
El dirigente de la Federación Departamental de Campesinos de La Paz Túpac Katari, Vicente Salazar, será puesto a mediodía de este lunes ante un juez cautelar, luego de que el Ministerio Público presentara una imputación formal en su contra dentro de la investigación abierta por los 53 días de bloqueos que paralizaron distintas regiones del país entre mayo y junio de este año. La Fiscalía lo considera probable autor de cinco delitos y solicitará seis meses de detención preventiva mientras se desarrollan las investigaciones.
La investigación se desarrolla en el marco de los bloqueos de carreteras que, de acuerdo con el Gobierno, provocaron el desabastecimiento de alimentos, combustibles, oxígeno medicinal y otros insumos esenciales, además de afectar el traslado de pacientes, ambulancias y mercancías a diferentes ciudades del país. Las medidas de presión comenzaron como parte de las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB) y posteriormente fueron respaldadas por organizaciones campesinas, entre ellas la Federación Departamental Túpac Katari de La Paz, encabezada por Salazar.
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Según la imputación fiscal, el dirigente es investigado por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, terrorismo, atentados contra la seguridad de los medios de transporte y atentados contra la seguridad de los servicios públicos. La Fiscalía sostiene que existen elementos suficientes para continuar el proceso penal y argumenta que la detención preventiva es necesaria para garantizar el desarrollo de la investigación.
Salazar fue aprehendido el sábado en la ciudad de El Alto durante un operativo policial y trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). Posteriormente, se acogió a su derecho constitucional a guardar silencio, mientras su defensa anunció la presentación de una acción de libertad, al considerar que la aprehensión no cumplió con las formalidades previstas por la ley.
En las horas previas a la audiencia cautelar, el caso generó reacciones de distintos sectores. La Federación Departamental Túpac Katari se declaró en estado de emergencia y exigió la liberación de su dirigente, mientras que el Gobierno reiteró que corresponde al Ministerio Público y al Órgano Judicial definir la situación jurídica de Salazar dentro del marco del debido proceso.
La audiencia cautelar definirá si el dirigente afrontará la investigación en libertad o bajo alguna medida cautelar. Más allá de esa decisión, el proceso marca una nueva etapa en las investigaciones abiertas por los bloqueos que durante más de medio centenar de días afectaron la circulación, el abastecimiento y el funcionamiento de servicios esenciales en diferentes regiones del país.
