La denuncia por prevaricato ahora está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si los vocales cruceños incurrieron en el delito imputado. Mientras tanto, el caso ha puesto en evidencia las tensiones internas del Órgano Judicial y la disputa por el control de los tribunales departamentales, en un contexto donde la autonomía regional choca con la interpretación extensiva de las competencias constitucionales.
eju.tv / Video: Radio Fides
Una guerra de competencias judiciales sacude al Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) del Beni, luego de que los vocales de esa región presentaran una denuncia penal contra dos de sus pares de Santa Cruz, a quienes acusan de haber actuado con extralimitación al designar al presidente del tribunal beniano.
El conflicto escaló cuando una acción de amparo constitucional interpuesta desde Santa Cruz dejó sin efecto el nombramiento de Patricia Quinteros como presidenta del TDJ del Beni, decisión que los vocales benianos consideran una intromisión inaceptable en asuntos que corresponden exclusivamente a su jurisdicción departamental.
“Estamos presentando esta denuncia por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, además de consorcio de jueces y abogados en contra de estos dos vocales. Porque toda acción de amparo constitucional, según la Ley 1104, debe ser presentada de acuerdo a las competencias territoriales, por domicilio de las autoridades accionadas, por la comisión de la supuesta lesión en el lugar de los hechos o por domicilio del accionante”, explicó el vocal del TDJ Beni, Charles Mejia, al fundamentar la denuncia radicada ante la Fiscalía Departamental del Beni.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El vocal Mejia fue enfático al señalar que la ley es clara porque los amparos constitucionales deben tramitarse en la jurisdicción donde ocurren los hechos, en este caso Trinidad, capital del Beni. Sin embargo, los vocales de Santa Cruz presentaron el amparo en su departamento, lo que, según los benianos, constituye una violación flagrante al principio del juez natural y un atentado contra la autonomía judicial departamental. “Es incompetente y viola la ley 1104, además de vulnerar la Constitución Política del Estado en el elemento del juez natural”, sentenció Mejia.
El conflicto se originó cuando los vocales del Beni destituyeron a Rafael Saavedra de la presidencia del TDJ y designaron en su lugar a Patricia Quinteros. Horas después, una sala constitucional de Santa Cruz, a través de un amparo, anuló esa designación y ordenó la restitución de una nueva autoridad, lo que desató la indignación de los vocales benianos, quienes consideran que la justicia cruceña actuó sin competencia territorial y con un claro interés de controlar el tribunal del Beni. “Es un delito lo que han cometido los vocales de Santa Cruz, es algo inaceptable”, remarcó Mejia.
La denuncia por prevaricato ahora está en manos de la Fiscalía, que deberá determinar si los vocales cruceños incurrieron en el delito imputado. Mientras tanto, el caso ha puesto en evidencia las tensiones internas del Órgano Judicial y la disputa por el control de los tribunales departamentales, en un contexto donde la autonomía regional choca con la interpretación extensiva de las competencias constitucionales.