El abogado Eusebio Vera señaló que el proceso por los hechos del 26 de junio de 2024 será complejo debido al número de procesados y de entidades estatales que participan como acusadoras. La defensa considera, además, que existen condiciones para solicitar la cesación de la detención preventiva del excomandante del Ejército.
eju.tv / Video: radio Fides
El juicio oral por los hechos registrados el 26 de junio de 2024 en la plaza Murillo de La Paz podría extenderse durante un periodo considerable debido a la cantidad de acusados y de instituciones estatales que participan en el proceso penal, afirmó el abogado Eusebio Vera, defensa del almirante Gonzalo Jarjuri y del general Jorge Gonzalo Terceros.
El jurista explicó que la causa involucra inicialmente a 22 personas acusadas, aunque precisó que una o dos se acogieron previamente a un procedimiento abreviado, por lo que alrededor de una veintena de procesados enfrentará el juicio oral.
«Va a ser un juicio bastante complejo y bastante largo por el número de acusados, pero también por el número de acusadores», sostuvo Vera.
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Según explicó, además del Ministerio Público, intervienen como acusadores diversas instituciones estatales, entre ellas el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General del Estado, el Viceministerio de Transparencia y otras entidades que participaron en la investigación.
Para el abogado, esa multiplicidad de partes procesales anticipa un desarrollo más extenso del juicio debido a la presentación de pruebas, incidentes, interrogatorios y actuaciones que deberán ser resueltas por el tribunal.
El excomandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Foto: captura de pantalla
Las declaraciones fueron formuladas en el inicio del juicio oral por los hechos ocurridos el 26 de junio de 2024, cuando un contingente militar encabezado por el entonces comandante del Ejército, Juan José Zúñiga, ingresó con vehículos blindados y efectivos armados a la plaza Murillo. Horas después, el operativo fue desactivado y Zúñiga fue aprehendido junto a otros militares y civiles investigados por esos acontecimientos.
En relación con la situación jurídica del excomandante del Ejército, Vera indicó que la defensa solicitará la cesación de la detención preventiva, al considerar que existen elementos para desvirtuar los riesgos procesales que motivaron la medida cautelar.
«Existe una gran probabilidad de que la defensa busque, por lo menos, una detención domiciliaria, siempre que logre desvirtuar los riesgos procesales que aún permanecen», manifestó.
El desarrollo del juicio permitirá al tribunal resolver inicialmente los incidentes procesales planteados por las partes antes de ingresar a la etapa de producción y valoración de la prueba, en un proceso considerado uno de los más relevantes derivados de los acontecimientos registrados hace poco más de dos años en la plaza Murillo, considerada el centro político del país.