La empresa estatal Mi Teleférico activó cuatro acciones administrativas y penales por presuntos hechos de corrupción cometidos entre 2021 y 2025, que incluyen investigaciones por la comisión del delito de: peculado, cohecho pasivo, posibles nombramientos irregulares y presuntas deficiencias en el sistema de billetaje.
La Unidad de Transparencia de la empresa informó que las acciones fueron remitidas a la Fiscalía y de control interno tras identificar indicios de irregularidades en el ejercicio de funciones de algunos servidores públicos, informó este martes la empresa estatal, a través de una nota de prensa.
Según el detalle, uno de los procesos penales fue presentado por el presunto delito de peculado contra ocho trabajadores, quienes, entre enero de 2023 y noviembre de 2025, presuntamente se apropiaron de facturas que debían ser entregadas a los usuarios del servicio de transporte por cable. De acuerdo con la investigación preliminar, esos comprobantes habrían sido utilizados para acceder de manera indebida al Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA), obteniendo un beneficio económico irregular.
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La empresa también denunció por cohecho pasivo a un funcionario acusado de solicitar pagos a trabajadores que registraban sanciones disciplinarias, con la supuesta promesa de eliminar o modificar esos antecedentes tanto en archivos físicos como digitales.
En el ámbito administrativo, Mi Teleférico remitió un caso a su Unidad de Auditoría Interna para determinar un posible daño económico al Estado por el presunto nombramiento irregular de 11 funcionarios entre las gestiones 2021 y 2023, quienes, según la denuncia, no habrían cumplido con los requisitos establecidos para acceder a cargos públicos.
Asimismo, la empresa solicitó la realización de una auditoría especial al sistema de billetaje, con el objetivo de verificar si existieron fallas en los mecanismos de control o posibles desvíos de recursos provenientes de la venta de boletos.
El gerente ejecutivo de Mi Teleférico, Christian Eduardo Rojas, afirmó que las investigaciones responden a una política de fortalecimiento de la transparencia y aseguró que cualquier indicio de irregularidad será puesto en conocimiento de las autoridades competentes.
Las investigaciones abarcan presuntos hechos ilícitos durante un periodo de cinco años y ahora serán analizadas tanto por el Ministerio Público como por las instancias de control interno, que deberán establecer la existencia de responsabilidades penales o administrativas.