En la norma se incluyó una disposición para que el Ministerio de Economía presente un informe semestral, oral y escrito, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre los gastos que se ejecuten con el dinero de este préstamo.
Por: eju.tv /
La noche de este miércoles, la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley N.º 450/2025-2026, que ratifica el contrato de préstamo N.º 6131/OC-BO, por hasta 500 millones de dólares, suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Este fondo está destinado al “Programa de Fortalecimiento del Sistema de Protección Social en Bolivia I”. El financiamiento garantizará la continuidad del incremento de la Renta Dignidad, mediante el Programa Extraordinario de Protección y Equidad (PEPE), y permitirá la construcción de un registro social de hogares.
«Habiendo sido aprobado en sus dos estaciones, en grande y en detalle, y siendo la Cámara de Origen, remítase a la Cámara de Senadores para sus fines consiguientes de revisión», señaló la primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Daniela Cabrera, quien dirigió la sesión.
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En la modificación se incorporó un artículo que establece que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá presentar un informe semestral, oral y escrito, ante la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre los gastos que se ejecuten con el dinero de este préstamo.
Crédito
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza, llegó al hemiciclo parar explicar los alcances del programa que será financiado con el crédito y detalló que cuenta con tres componentes, el primero destinará 485 millones de dólares al apoyo de las transferencias sociales, con el objetivo de garantizar la continuidad y el incremento de la Renta Dignidad, que pasó de Bs 350 a Bs 500 mediante PEPE.
A la fecha, este programa beneficia a 962.700 personas pertenecientes a los sectores más vulnerables de la población.
La autoridad explicó que el segundo componente asignará 12,5 millones de dólares para la construcción de un registro social de hogares, herramienta que permitirá implementar políticas sociales con mayor precisión en la identificación y selección de beneficiarios.
«Adicionalmente, y como ocurre con los créditos solicitados a organismos multilaterales, existe un tercer componente destinado a la administración, evaluación y auditoría. Los 2,5 millones de dólares asignados para este fin, equivalentes al 0,5% del total solicitado, serán destinados a auditorías y evaluaciones de impacto requeridas por el propio financiador», agregó Espinoza.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas explicó que el préstamo tiene un plazo de entre 18 y 23 años para su pago, con un amplio período de gracia y pagos anuales de entre 40 y 50 millones de dólares.