La ley municipal de libre transitabilidad genera rechazo en Oruro por su falta de consulta previa y afectación a derechos sociales.
Fuente: https://lapatria.bo
Representantes de juntas vecinales, comerciantes y otros sectores sociales expresaron su rechazo al proyecto de ley municipal de libre transitabilidad, conocido por sus detractores como la “ley antibloqueo”. Exigieron la suspensión de su tratamiento hasta que se socialice con las organizaciones.
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Solicitud de suspensión del tratamiento
El presidente de la Fejuve Nueva Ciudad Igualitaria, Freddy Saramani, informó que el 21 de julio presentaron una nota al Concejo Municipal solicitando dejar en suspenso el tratamiento de la norma. Consideran que fue elaborada sin consulta previa en leyes municipales.
El documento también recibió respaldo de juntas de padres de familia, transportistas y otras organizaciones. El sector gremial anunció su adhesión a las medidas de protesta. Saramani sostuvo que la norma afectaría el derecho a la movilización de las organizaciones sociales para exigir proyectos y atención a sus demandas.
Cuestionamientos a la propuesta
Saramani cuestionó que el proyecto no figure en el orden del día de las últimas convocatorias al pleno del Concejo, a pesar de que, a su juicio, tendría importantes efectos para la ciudad. En la misma línea, el representante de la Federación Departamental de Comerciantes Gremiales Minoristas, Jorge Orellana, calificó la propuesta como “anticonstitucional”. Afirmó que restringiría el derecho a las marchas y bloqueos.
Orellana advirtió que, de ser aprobada, comerciantes, transportistas y otros sectores asumirán acciones conjuntas para impedir su aplicación.
Objetivos del proyecto de ley
El proyecto establece como objetivo garantizar la libre transitabilidad, la continuidad de los servicios públicos municipales y el acceso a la infraestructura del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro. Entre sus disposiciones, declara de interés público la protección de edificios municipales, centros de salud, mercados, oficinas tributarias y vías municipales.
Además, prohíbe la obstrucción total de los accesos a estas dependencias y dispone acciones de coordinación con la Policía y otras instituciones para asegurar su cumplimiento.
Postergación del tratamiento
Por su parte, el concejal Jhonny Conde confirmó que el tratamiento de la norma fue postergado para evitar observaciones de procedimiento. Recordó que en una sesión anterior no alcanzó los dos tercios necesarios para su aprobación. El legislador sostuvo que el proyecto presenta “vicios de nulidad” y aspectos de inconstitucionalidad, al considerar que limita el derecho a la protesta y beneficia principalmente al Ejecutivo y al Concejo Municipal.
Además, anunció que mantendrá su voto de rechazo cuando el proyecto vuelva a ser considerado por el pleno.