La propuesta legislativa fue presentada la semana pasada por la senadora de Súmate, Claudia Mallón, quien argumentó que la iniciativa busca evitar que las UFV continúen afectando el pago de servicios y créditos de la población, especialmente ante la coyuntura generada por la implementación del dólar flexible.
eju.tv / Video: Cadena A
La Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones de Bolivia expresó hoy (27) su «rechazo categórico» al proyecto de ley que busca eliminar la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) y advirtió que la medida desprotegería los ingresos del sector pasivo frente a la inflación y provocaría una pérdida progresiva del poder adquisitivo de las pensiones, en un contexto donde el índice referencial ya registró un incremento del 18,12% en lo que va del año.
«Unas autoridades se atreven a decir que la UFV ya no sea parte de esta parte económica que es bien importante. Como ejemplo les quiero decir, este año (el incremento) ha sido el 18,12%. A muchos de los compañeros del sistema de reparto y la compensación de cotizaciones nos ha tocado, pero una suma ínfima,» enfatizó el ejecutivo de la Confederación, Roberto Ayala, al explicar que el mecanismo de actualización es el único dique que tienen los jubilados para evitar que la inflación erosione sus haberes mes a mes.
El dirigente fue contundente al calificar la iniciativa legislativa como una amenaza directa a la estabilidad económica de los adultos mayores. «Este pronunciamiento lo estamos sacando en un rechazo categórico a la propuesta legislativa de eliminación de la Unidad de Fomento a la Vivienda (UFV) y alerta sobre la destrucción del poder adquisitivo de las pensiones en nuestro sistema,» agregó Ayala, en un llamado a los asambleístas para que reconsideren una medida que, a su juicio, dejaría a los jubilados en una situación de vulnerabilidad extrema frente a la variación de los precios.
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La propuesta legislativa fue presentada la semana pasada por la senadora de Súmate, Claudia Mallón, quien argumentó que la iniciativa busca evitar que las UFV continúen afectando el pago de servicios y créditos de la población, especialmente ante la coyuntura generada por la implementación del dólar flexible.
El proyecto, que deberá ser tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), ha abierto un debate técnico y político sobre la conveniencia de mantener un índice que, según sus críticos, genera distorsiones en el sistema financiero, pero que los jubilados defienden como su principal escudo inflacionario.
El especialista tributario Luis Eduardo Zúñiga respaldó parcialmente la postura de los jubilados al señalar que la UFV, si bien fue creada en 2001 para ajustar el valor del boliviano según la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor, genera una desigualdad porque el Estado está cubierto con ese incremento por la «pérdida de la inflación», pero no así el contribuyente. En entrevista con La Razón, Zúñiga advirtió que cualquier reforma debe considerar cuidadosamente el impacto en los sectores más vulnerables, como los jubilados, antes de eliminar un mecanismo que, pese a sus imperfecciones, les garantiza cierta estabilidad en sus ingresos.
Los jubilados insisten en que, sin este índice, las pensiones quedarían a merced de la volatilidad de los precios y la inercia estatal, que condenará a la vejez a una precariedad silenciosa pero progresiva.