En ese sentido, el dirigente exigió al Ejecutivo que se investigue a todas las autoridades implicadas en el caso de combustible desestabilizado, sin excepción, y que se establezcan mecanismos efectivos de resarcimiento que cubran la totalidad de los perjudicados.
eju.tv / Video: Radio Fides
El sector del transporte libre en Cochabamba alzó su voz para denunciar que el resarcimiento económico ofrecido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a los conductores afectados por la distribución de gasolina de mala calidad apenas alcanza al 10% de los perjudicados, mientras que las investigaciones abiertas por el caso no pasan de ser una «cortina de humo» para desviar la atención sobre los verdaderos responsables del combustible adulterado que dañó miles de vehículos en todo el país.
«Con el tema de resarcimiento en los daños y perjuicios, en su momento lo habíamos indicado de que todo esto era culpa del Gobierno y el principal autor era el mismo presidente y que tendría que reponer los daños y perjuicios ocasionados por el tema del combustible basura,» afirmó el ejecutivo del transporte libre de Cochabamba, Mario Ramos, quien sostuvo que la estatal ha montado una cortina de humo echando la culpa a la ANH y a YPFB, y buscando autoridades de perfil bajo para inculpar sin resultados concretos, mientras «marcan la perdiz» para aparentar que se va a resarcir el daño a través de una empresa estratégica que, según denunció, han buscado demeritar y arruinar.
El dirigente lamentó que los transportistas de Cochabamba no hayan conseguido «ni el 10 por ciento» del resarcimiento prometido por la mala calidad del combustible que se distribuyó en su momento, y responsabilizó directamente al gobierno del presidente Rodrigo Paz por los daños ocasionados.
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Ramos insistió en que la estrategia oficial ha sido diluir las responsabilidades, trasladando culpas entre instituciones y despidiendo a algunos funcionarios de bajo perfil, pero sin que hasta la fecha se haya avanzado en una reparación integral para los miles de choferes que vieron afectados sus motores y su fuente de trabajo.
En ese sentido, el dirigente exigió al Ejecutivo que se investigue a todas las autoridades implicadas en el caso de combustible desestabilizado, sin excepción, y que se establezcan mecanismos efectivos de resarcimiento que cubran la totalidad de los perjudicados.
La denuncia de Ramos se suma a la creciente presión ciudadana y gremial para que el caso no quede en la mera investigación del exministro Mauricio Medinaceli, sino que se amplíe a toda la cadena de responsabilidades, desde quienes autorizaron la importación hasta quienes distribuyeron el combustible adulterado, con el objetivo de que los transportistas no sigan siendo los únicos que pagan las consecuencias de una crisis que consideran de origen político y administrativo.