MSc. Hugo Salvatierra Rivero
Periodista y docente universitario
“Las naciones fracasan cuando sus instituciones son capturadas por élites que las utilizan para beneficiar a unos pocos en lugar de servir al conjunto de la sociedad”, sostienen Daron Acemoglu y James A. Robinson en su célebre obra ¿Por qué fracasan las naciones?
Cuando la corrupción y el narcotráfico penetran las instituciones públicas, el Estado comienza a perder su capacidad de servir al bien común. Las decisiones dejan de responder al interés de los ciudadanos y pasan a estar condicionadas por intereses políticos, económicos o criminales. En ese escenario, la justicia se debilita, la impunidad se fortalece y la confianza de la sociedad en sus instituciones se erosiona. La lucha contra estos dos flagelos no puede limitarse a operativos policiales ni a discursos políticos; debe comenzar con la reconstrucción de las instituciones sobre la base de la meritocracia, la independencia de poderes y la transparencia.
En Bolivia, los cambios institucionales profundos rara vez han surgido por iniciativa de quienes ejercen el poder. Generalmente son fruto de la presión social, la participación ciudadana y los consensos entre distintos sectores. Sin embargo, persiste la percepción de que buena parte de la dirigencia política no ha priorizado la transparencia ni el fortalecimiento institucional, como lo evidencian la politización de las instituciones públicas, las dificultades para implementar procesos meritocráticos y la limitada rendición de cuentas.
Los indicadores internacionales confirman esta realidad. Según Transparencia Internacional, Bolivia obtuvo 28 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción y ocupa el puesto 138 entre 180 países evaluados. Estas cifras reflejan la fragilidad de nuestras instituciones y la urgente necesidad de recuperar la confianza ciudadana.
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Si quienes ejercen el poder carecen de voluntad para impulsar reformas institucionales, corresponde a la sociedad civil asumir un papel más activo. Organizaciones ciudadanas, universidades, colegios profesionales, gremios empresariales y medios de comunicación deben ejercer una vigilancia permanente para exigir transparencia, independencia de los órganos de control y una efectiva rendición de cuentas.
Asimismo, resulta indispensable promover reformas legales y constitucionales que conviertan la meritocracia en un principio obligatorio para la designación de autoridades y cargos jerárquicos del Estado. La institucionalización no puede depender de la voluntad del gobierno de turno; debe convertirse en una política de Estado. A ello debe sumarse una estrategia integral de transparencia basada en el gobierno digital, la publicación de contratos públicos, las declaraciones patrimoniales, las auditorías independientes y mecanismos eficaces de control social.
La evidencia internacional demuestra que las naciones prosperan cuando cuentan con instituciones inclusivas, capaces de garantizar reglas claras, igualdad de oportunidades y límites al poder. Por el contrario, las instituciones capturadas por élites políticas o económicas favorecen la corrupción, desalientan la inversión y perpetúan el atraso. La evidencia internacional demuestra que los países con instituciones sólidas presentan menores niveles de corrupción y mejores condiciones para el desarrollo.
El verdadero cambio que Bolivia necesita no depende únicamente de nuevas autoridades, sino de nuevas reglas de juego. Mientras el mérito no sustituya al cuoteo político y las instituciones no prevalezcan sobre los intereses partidarios, la corrupción y el narcotráfico seguirán encontrando un terreno fértil para prosperar. Institucionalizar el Estado no es una opción política: es una condición indispensable para recuperar la democracia, la confianza ciudadana y el futuro del país.
La historia demuestra una verdad irrefutable: ningún país derrotó la corrupción repartiendo cargos políticos; la derrotó construyendo instituciones fuertes independientes y capaces de garantizar que la ley esté por encima del poder.