El sector empresarial reclama garantías para realizar peritajes independientes y advierte sobre pérdidas económicas, mercados afectados y daño a la reputación de los exportadores.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
La controversia se remonta a junio, cuando autoridades chilenas informaron sobre la detección de sustancias ilícitas en cargamentos de madera procedentes de Bolivia. El Gobierno de Chile informó entonces que se habían detectado 1.080 toneladas de madera con sustancias que, según sus análisis, correspondían principalmente a clorhidrato de cocaína y ketamina. La operación involucró a los puertos de Arica, San Antonio y Valparaíso y fue presentada como la mayor incautación de este tipo registrada en el país.
Con el avance del caso, el número de cargas involucradas llegó a 59 contenedores, según reportes de medios chilenos y bolivianos. El sector forestal boliviano cuestionó desde el inicio los resultados de los análisis y pidió que las muestras pudieran ser sometidas a peritajes independientes.
Rodríguez sostuvo que el problema no solo afecta a las empresas directamente involucradas, sino que tiene consecuencias para toda la cadena forestal y para la imagen de Bolivia como proveedor internacional.
“Es indignante el calvario por el que están atravesando los empresarios bolivianos”, señaló el ejecutivo del IBCE, al cuestionar que las empresas afectadas no hayan podido acceder, según su versión, a muestras de las cargas para realizar análisis con organismos internacionales.
Rodríguez también recordó que la Cámara Forestal de Bolivia y otras instituciones del sector solicitaron desde los primeros meses de la controversia la intervención de expertos internacionales. Entre las entidades mencionadas por el sector está el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD), organismo público francés especializado en investigación agrícola y desarrollo.
La destrucción abre otra controversia
El conflicto adquirió una nueva dimensión en septiembre, cuando comenzó la destrucción de parte de las maderas retenidas. De acuerdo con reportes de prensa, un primer contenedor fue incinerado el 3 de septiembre y otros cinco fueron destruidos el 11 de septiembre, totalizando seis cargamentos eliminados.
La defensa de 15 de las 21 empresas madereras afectadas había solicitado suspender la destrucción mientras continuaban las diligencias para determinar las características y correspondencia de las cargas.
La Fiscalía Regional de Arica y Parinacota emitió posteriormente, el 21 de septiembre, una instrucción para suspender temporalmente los procesos de destrucción de las especies incautadas y ya analizadas, mientras se resolvían solicitudes relacionadas con las cargas.
Para el IBCE, la eliminación de parte de la evidencia genera interrogantes sobre la posibilidad de realizar nuevos peritajes. Rodríguez cuestionó por qué no se permitió, según su denuncia, una verificación independiente antes de proceder con la destrucción.
“¿Por qué no se transparentó la investigación desde un inicio? ¿Por qué no se cumplió con el debido proceso?”, preguntó el ejecutivo.
El planteamiento del sector boliviano contrasta con la versión entregada inicialmente por las autoridades chilenas. El 8 de junio, la Delegación Presidencial de Valparaíso informó que los análisis habían permitido establecer la presencia de sustancias ilícitas y estimó que aproximadamente 108 toneladas correspondían a droga, principalmente cocaína y ketamina.
En Bolivia, entretanto, las autoridades también abrieron investigaciones. La Fiscalía General anunció en junio la conformación de una investigación para establecer el origen de las cargas y determinar si existían responsables vinculados con el envío de sustancias controladas.
Reclamo por el impacto económico
Más allá de la disputa sobre los análisis, el sector privado boliviano advierte que el caso ya tiene consecuencias comerciales.
Rodríguez sostuvo que la retención de los contenedores provocó un daño económico que el IBCE estima en alrededor de $us 15 millones y afectó la relación comercial con una veintena de mercados. También señaló que el impacto alcanza a empresas, productores, transportistas y trabajadores vinculados a la cadena forestal.
El IBCE considera que el caso también golpea la reputación de los exportadores bolivianos, precisamente en un momento en que el sector busca consolidar mercados externos para productos forestales con mayor valor agregado.
Según datos del propio IBCE, las exportaciones bolivianas de maderas y sus manufacturas alcanzaron $us 84 millones en 2023, frente a un máximo de $us 127 millones registrado en 2007. El sector incluye madera aserrada y productos con transformación industrial.
Rodríguez planteó que el Gobierno boliviano debe mantener abiertas dos vías de acción: una jurídica, para defender los intereses de las empresas afectadas, y otra diplomática, para abordar el conflicto con las autoridades chilenas.
“Lo que están haciendo en Chile con las maderas bolivianas, es una iniquidad”, afirmó el gerente general del IBCE.
El caso permanece abierto y enfrenta dos posiciones contrapuestas: la de las autoridades chilenas, que sostienen que sus análisis detectaron sustancias ilícitas en los cargamentos, y la del sector forestal y exportador boliviano, que cuestiona esos resultados y reclama la posibilidad de realizar peritajes independientes antes de que se destruya la evidencia.
