Reconocer tribunales de mediación internacional, “facilitar” la aprobación de licencias y ofrecer “incentivos” vinculados al empleo son algunas de las medidas que han tomado países del entorno
Fuente: El País.bo
El presidente Rodrigo Paz confirmó en su discurso del 6 de Agosto que el próximo martes enviará a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Inversiones, la primera pieza de un paquete de reformas económicas que en principio incluirá también nuevas leyes para hidrocarburos, energía, minería y alianzas público-privadas, como mínimo. La agenda se pactó en abril, pero hasta el momento no se conoce el texto de ninguna reforma. En cualquier caso, las señales dadas por el Gobierno con el DS 5503; la experiencia reciente en países del entorno que han apostado por incentivar este tipo de leyes y la opinión de varios analistas, permiten anticipar cuál podría ser su contenido.
La futura Ley de Inversiones apunta a convertirse en el «paraguas» jurídico de toda la estrategia económica del Ejecutivo. Según adelantó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, la norma buscará “establecer reglas claras para proteger el capital privado”, reforzar la “seguridad jurídica” y reducir la incertidumbre para quienes inviertan en Bolivia. Los más críticos recuerdan que a día de hoy no hay ni quorum en el Tribunal Constitucional.
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Si el proyecto mantiene la línea económica que el Gobierno ha defendido desde su llegada al poder y recoge parte de las propuestas que quedaron fuera del polémico DS 5503 tras las protestas sociales, el texto podría apoyarse en cinco grandes pilares.
El primero sería el fortalecimiento de la seguridad jurídica. El Ejecutivo ha insistido reiteradamente en que la inversión necesita previsibilidad. En esa lógica, la ley probablemente limitará las expropiaciones, establecerá procedimientos de arbitraje más definidos acordes a las normativas internacionales controladas por la OCDE, y ofrecerá garantías para que los contratos no sean modificados unilateralmente por el Estado. En este punto asambleístas le recuerdan al gobierno los diferentes compromisos adquiridos en campaña y en la posterior negociación de la crisis de 55 días como mecanismo para garantizar la estabilidad del país.
Un segundo componente sería la igualdad de trato entre inversión nacional y extranjera, una práctica habitual en la mayor parte de las legislaciones modernas de promoción de inversiones en América Latina. Países como Perú, Paraguay, Uruguay o Colombia ofrecen a los inversionistas extranjeros condiciones similares a las de los nacionales, reservando únicamente algunos sectores considerados estratégicos. El 5503 se decidió a abrir sectores estratégicos incluso protegidos en la Constitución. El decreto cayó y el debate no se cerró.
El tercer eje podría consistir en un nuevo sistema de incentivos tributarios y administrativos. No necesariamente implicaría una reducción generalizada de impuestos, sino beneficios específicos para proyectos que generen empleo, exportaciones, innovación tecnológica o inversiones de largo plazo. También se espera una simplificación de trámites y autorizaciones, uno de los reclamos más recurrentes del sector privado boliviano. El DS 5503 pretendía autorizar inversiones en apenas 30 días incluso sin pasar por la Asamblea. Países del entorno vinculan los incentivos tributarios a los compromisos de volumen de inversión y creación de empleo.
En cuarto lugar aparecería un mayor espacio para la participación privada en áreas donde históricamente predominó el Estado. El propio Gobierno ha anunciado que la Ley de Inversiones será el punto de partida para futuras reformas en hidrocarburos, minería, recursos evaporíticos y alianzas público-privadas, sectores que requieren elevados montos de capital y tecnología.
Finalmente, la norma probablemente incorporará mecanismos específicos para resolver controversias, incluyendo arbitrajes nacionales o internacionales, un aspecto especialmente observado por los inversionistas extranjeros desde que Bolivia denunció varios tratados bilaterales de inversión durante la década pasada.
El antecedente del DS 5503
Varios de estos elementos ya aparecían, de forma parcial, en el DS 5503 aprobado a finales de 2025 y derogado pocas semanas después. Aquella norma pretendía abrir espacios para una mayor participación privada en sectores estratégicos y facilitar inversiones, pero terminó convirtiéndose en uno de los puntos más cuestionados por sindicatos y organizaciones sociales durante las protestas que obligaron al Gobierno a sustituir el decreto. La arquitectura destinada a atraer inversión privada fue eliminada en el texto consensuado posteriormente.
Precisamente por ello, el Ejecutivo parece optar ahora por una ley debatida en la Asamblea, con mayor respaldo político y una base jurídica más sólida que un decreto supremo. Además en un momento en el que las organizaciones sociales han quedado supuestamente debilitadas.
El rol de la Gestora
Además de atraer inversión extranjera, se espera que la norma también regule o articule de alguna forma el uso de recursos del Fondo de Pensiones en la inversión productiva nacional. El Fondo, reducido a los 20.000 millones de dólares tras la devaluación del boliviano, pasa por ser el principal fondo del país que capitaliza bancos y articula grandes inversiones, aunque sus retornos han sido cuestionados, así como su toma de decisiones. Durante la gestión del MAS, muchas empresas extranjeras afincadas en Bolivia han acudido a la Gestora para invertir en lugar de traer nuevo capital.
El desafío político
Más allá del contenido técnico, la principal dificultad será política. La futura ley deberá convencer simultáneamente a los inversionistas de que Bolivia ofrece reglas estables y, al mismo tiempo, evitar que sectores sociales interpreten la apertura al capital privado como un proceso de privatización.
El Gobierno sostiene que el objetivo no es reemplazar al Estado, sino convertir la inversión privada en un complemento necesario para reactivar una economía con limitaciones fiscales, menor producción de gas y crecientes necesidades de financiamiento. La discusión legislativa permitirá conocer hasta dónde está dispuesto a llegar ese giro y si el nuevo marco legal logra equilibrar apertura económica con control estatal sobre los sectores considerados estratégicos.
El impacto social
En países del entorno, como en Argentina, se ha cuestionado el impacto social de proyectos de Ley de Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en tanto su impacto medioambiental y laboral. Sindicatos argentinos denuncian destrucción y precarización de empleo al no poder competir con las grandes empresas incentivadas.
El impacto en Bolivia, donde la inversión del tejido empresarial nacional es muy moderado, se prevé que sea distinto.
Fuente: El País.bo
