Estos días Santa Cruz acaba de vivir una de las tragedias comerciales más grandes de su historia reciente. El incendio de la Feria de Barrio Lindo no solo redujo a cenizas galpones y mercadería, sino que también dejó al descubierto una verdad incómoda: en Bolivia existe una importante riqueza que trabaja todos los días generando empleo y nueva economía, pero que sigue siendo invisible para el sistema formal.
Las cifras preliminares estremecen. Alrededor de 10.000 puestos pertenecientes a 14 asociaciones fueron afectados por el incendio. Miles de familias perdieron en cuestión de horas el patrimonio construido durante décadas de trabajo.
Las autoridades aún realizan un peritaje de lo perdido y no existe una valoración oficial de los daños, precisamente por la magnitud del siniestro. Sin embargo, desde la economía es posible dimensionar la magnitud del problema.
Si asumimos de manera conservadora que cada puesto almacenaba mercadería por un valor promedio de 150.000 bolivianos. el inventario comprometido alcanzaría aproximadamente los 1500 millones de bolivianos (cerca de 160 millones de dólares).
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Si se incorpora a esto un valor económico de las casetas, instalaciones, mobiliario, maquinaria equipos, mejoras, vehículos y otros activos productivos el patrimonio asociado podría ubicarse entre los 250 a 400 millones de dólares. No son cifras oficiales, solo escenarios de análisis económico, pero sirven para entender algo fundamental: Barrio Lindo no es solamente una feria, Es una enorme unidad productiva que semanalmente convoca a miles de fabricantes, importadores, confeccionistas, transportistas, servicios logísticos, pequeñas industrias y consumidores de todo el País.
La pregunta es inevitable: ¿Cómo puede desaparecer en cuestión de horas un patrimonio de ciento de millones de dólares, de miles de familias, sin que exista un mecanismo financiero capaz de protegerlo o de construirlo rápidamente?
Una parte de la respuesta está en el libro escrito hace más de dos décadas por el economista peruano Hernando de Soto en “El Misterio Del Capital”. Su tesis continúa siendo extraordinariamente vigente para países en desarrollo y, especialmente para Bolivia.
De Soto sostiene que los países en desarrollo no son pobres porque carezcan de riqueza, sino porque gran parte de esa riqueza permanece fuera del sistema institucional. Son activos que existen, que generan ingresos y tienen valor económico, pero que no pueden transformarse en crédito, en inversiones ni en financiamiento porque carecen de reconocimiento jurídico y financiero. A ese fenómeno lo denominó “capital muerto”. La feria de Barrio Lindo representa esa realidad.
Miles de comerciantes poseen inventarios, clientelas consolidadas, flujos permanentes de ventas y años de experiencia empresarial. Sin embargo, muchos de esos activos no pueden convertirse en garantías para acceder a financiamiento de emergencia, emitir valores, contratar seguros adecuados, o integrarse plenamente al sistema financiero formal.
Paradójicamente, quienes más producen son muchas veces quienes menos protección económica tienen.
La tragedia debería obligarnos a cambiar la forma de entender la formalización.
Durante años se ha presentado la formalidad casi exclusivamente como un mecanismo para ampliar la recaudación tributaria. Esa visión resulta insuficiente.
La verdadera formalización debe ofrecer beneficios tangibles: seguridad jurídica, acceso al crédito, seguros accesibles, historial financiero, pagos digitales, protección patrimonial y mejores condiciones para invertir.
Bolivia necesita crear un Programa Nacional de capitalización del comercio popular.
Este programa puede comenzar precisamente en la Feria de Barrio Lindo y extenderse progresivamente a los grandes mercados del país.
Su objetivo sería registrar digitalmente los activos comerciales, certificar inventarios, promover seguros colectivos, construir historial financiero, facilitar garantías parciales respaldadas por fondos públicos y privados, impulsar sistemas modernos de pago y crear un camino de valoración patrimonial que permita a los comerciantes utilizar sus activos como respaldo para obtener financiamiento y seguridad.
La experiencia internacional demuestra que existen caminos posibles.
En Perú, la reforma de formalización de derechos de propiedad impulsada a partir de las investigaciones de Hernando de Soto facilitó la incorporación de millones de activos al sistema legal, fortaleciendo la seguridad patrimonial.
En Colombia los Fondos Nacionales de Garantías ampliaron el acceso al crédito para pequeñas empresas al reducir el riesgo para las entidades financieras.
En Chile los programas de garantía estatal para las PYMES permitieron mantener el financiamiento incluso en períodos de crisis económica.
Bolivia puede adoptar estas experiencias a su propia realidad, incluso es posible ir más lejos. Si los activos comerciales de miles de emprendedores estuvieran correctamente registrados y valorados, podrían respaldar fidecomisos, fondos de inversión especializados, o emisiones de instrumentos financieros destinados exclusivamente al desarrollo del comercio popular.
No se trata de convertir a cada comerciante en un operador bursátil; se trata de permitir que la riqueza que ya existe pueda movilizar ahorro, inversión y crédito de manera segura y transparente.
En una economía que enfrenta restricciones de liquidez, menor inversión y dificultades de acceso a financiamiento externo, convertir parte del patrimonio hoy “invisible” en capital financiero puede representar una nueva fuente de crecimiento sin incrementar la deuda pública.
Las cenizas de la Feria de Barrio Lindo no solo cuentan una historia de pérdidas, también revelan una enorme oportunidad.
Quizás el mayor legado que pueda dejar esta tragedia no sea la reconstrucción de los galpones, sino la construcción de un nuevo pacto entre la economía popular y el sistema financiero.
Porque los comerciantes de la feria de Barrio Lindo nunca fueron pobres en capacidad de trabajo, lo que siempre les faltó fue un sistema capaz de reconocer que el esfuerzo acumulado durante décadas también constituye capital
Buena parte de ese patrimonio no estaba protegido mediante seguros, no contaba con registros patrimoniales suficientemente estructurados, y en muchos casos tampoco podía utilizarse como respaldo para acceder a un crédito formal.
En otras palabras, existe riqueza, pero esa riqueza no funciona plenamente como capital.
Durante décadas miles de comerciantes construyeron negocios exitosos independientes del Estado, generaron empleo, movilizaron comercio y sostuvieron a su familia. Sin embargo, cuando una tragedia destruye su patrimonio, muchos descubren que el sistema financiero apenas puede acompañarlos porque buena parte de sus activos nunca ingresó legamente en la economía formal.
No se trata de desmerecer el esfuerzo de quienes trabajan en la informalidad; todo lo contrario, se trata de reconocerles que la economía popular constituye uno de los principales motores del crecimiento urbano y merece instituciones capaces de protegerla y potenciarla.
Por eso la reconstrucción de la Feria de Barrio Lindo no debe limitarse a levantar nuevos puestos de venta.
Esta puede ser la oportunidad para impulsar un Programa Nacional de formalización inteligente basado en incentivos y no únicamente en obligaciones. Un programa que incorpore registros digitales de patrimonio comercial, seguros accesibles, historial crediticio, pagos electrónicos, fondos de garantía y mecanismos de valoración de activos que permitan a los comerciantes acceder a financiamiento en mejores condiciones.
El desafío no consiste únicamente en recaudar más impuestos. El verdadero desafío consiste en transformar patrimonio en capital.
Quizás la principal enseñanza del incendio no es únicamente cuánto se perdió, sino cuanto potencial permanecía invisible.
Cuando un comerciante pierde su mercadería, pierde sus ingresos, pero cuando un país no logra convertir el esfuerzo de miles de emprendedores en capital financiero, pierde desarrollo.
Desde la perspectiva macroeconómica, el incendio de la Feria de Barrio Lindo representa una pérdida de capital físico, una interrupción del flujo comercial y una disminución temporal de la actividad económica urbana. Sin embargo, existe una pérdida menos visible, pero probablemente mucho más importante: La destrucción de un patrimonio que, en gran medida nunca logró convertirse en capital financiero.
Esto es posible con la creación de un programa nacional de capitalización del comercio popular, que puede sustentarse en cinco pilares:
- Registro digital y certificación del patrimonio comercial.
- Seguros masivos contra incendios y otros riesgos.
- Fondo de Garantías para comerciantes.
- Historial financiero mediante pagos digitales.
- Titulación y valorización de activos para convertirlos en garantía de crédito.
Las cenizas de la Feria de Barrio Lindo no deben convertirse únicamente en el símbolo de una tragedia, sino en el punto de partida de una transformación histórica. Si somos capaces de convertir el patrimonio de miles de emprendedores en capital reconocido, protegido y financiable, habremos hecho mucho más que reconstruir una feria: habremos dado un paso decisivo hacia una economía más moderna, inclusiva y resiliente. Las crisis siempre dejan una elección. Podemos limitarnos a reconstruir lo que el fuego destruyó, o podemos construir las instituciones que impidan que el esfuerzo de toda una vida vuelva a desaparecer entre las llamas. El gobierno nacional, el Gobierno departamental de Santa Cruz y el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra tienen la palabra.
Por Ruben Arias / Economista y Abogado