El educador Alberto Santelices plantea fortalecer la prevención contra la violencia, las drogas, la educación sexual y la orientación vocacional, y que estas temáticas sean parte del currículo. En la ciudad hubo 363 casos de violencia en las escuelas en 2025
Por Deisy Ortiz Duran
Fuente: El Deber
En Bolivia se registran cada día más de 80 embarazos en niñas y adolescentes y, solo en la capital cruceña, el año pasado se reportaron 363 denuncias de violencia en unidades educativas.
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Si bien existe un protocolo para la prevención, actuación y denuncia de casos de violencia física, psicológica y sexual en el ámbito educativo, el educador e investigador Alberto Santelices considera que la respuesta no puede limitarse a intervenir cuando el daño ya ocurrió y plantea fortalecer la prevención desde las aulas, haciendo ajustes al currículo escolar.
Bajo la premisa de que la educación debe responder a las necesidades de la sociedad, Santelices diseñó el proyecto Servicio Transversal de Educación Preventiva, una iniciativa que busca fortalecer la convivencia escolar y reducir los principales factores de riesgo que afectan a niños y adolescentes.
“Ante cualquier flagelo existen cinco momentos de intervención: prevención, acción policial, respuesta legal, rehabilitación y reinserción. Debemos actuar en la prevención, porque el costo humano y social de reaccionar tarde es demasiado alto”, sostiene.
Su propuesta plantea un trabajo transversal en torno a cuatro problemáticas que golpean a la población escolar: la violencia, el consumo de drogas, la educación integral en sexualidad y la orientación vocacional.
Uno de los pilares del proyecto es la incorporación de un orientador con formación en psicología, pedagogía o psicopedagogía. Este profesional tendría la misión de planificar estrategias preventivas, acompañar a la comunidad educativa, articular acciones con otras instituciones y activar las rutas de atención cuando sea necesario, sin reemplazar el rol del maestro.
Además, deberá realizar seguimiento individual y grupal a los estudiantes, brindar orientación personal y vocacional, apoyar a los docentes en el manejo de situaciones de riesgo y promover la corresponsabilidad de las familias, mediante la orientación.
Santelices propone iniciar el programa en unidades educativas piloto para luego ampliarlo de manera gradual.
Aclara que la incorporación del servicio preventivo no implicaría aumentar la carga horaria de los maestros, sino integrar actividades de forma transversal en los proyectos socioproductivos ya existentes.
La realidad en las escuelas
Las cifras reflejan la magnitud del problema. En 2025, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia recibió 363 denuncias de violencia escolar en la capital cruceña.
De este total, 195 fueron casos de bullying, 112 agresiones entre pares, 45 hechos de violencia entre estudiantes y docentes o personal administrativo, y 11 denuncias por violencia institucional. A esto se suman casos de agresiones con armas blancas, peleas grupales y casos de explotación sexual contra niñas.
Según datos oficiales, en 2024 se registraron 28.078 embarazos de niñas y adolescentes en Bolivia.
La normativa
La Resolución Ministerial 001 dispone la aplicación obligatoria del Protocolo de Prevención, Actuación y Denuncia en casos de Violencia Física, Psicológica y Sexual, además de la guía para la identificación y denuncia de violencia intrafamiliar.
El protocolo de prevención, actuación y denuncia en casos de violencia física, psicológica y sexual define todos los pasos que se deben seguir ante estos hechos y también para prevenirlos.
Este instrumento establece los tiempos a seguir en una determinada situación, con base en normas establecidas. La denuncia debe hacerse de forma inmediata (ver infografía).
La mirada de los padres
Al respecto, el representante de los padres de familia, Jaime Caraballo, coincidió en que la prevención de la violencia debe incorporarse en el currículo educativo, con el fin de abordar y prevenir todas sus formas, como la violencia física, psicológica y sexual. Asimismo, sostuvo que el bullying es un problema cada vez más frecuente, por lo que considera que el Ministerio de Educación debe incluir esta temática entre los contenidos de enseñanza desde la primaria.
También manifestó que el consumo de drogas es una problemática que genera preocupación, debido a que cada vez se presentan con mayor frecuencia casos de consumo y venta de sustancias controladas en las unidades educativas. Por ello, consideró necesario que las autoridades competentes, entre ellas el Ministerio Público y la Policía, se involucren para enfrentar esta situación.
Caraballo pide que cada instancia actúe en el marco de sus competencias, por lo que la Policía debe identificar a los proveedores, porque muchas veces los directores, profesores y padres de familia arriesgan su integridad física, porque actúan y hay represalias en contra de ellos.
El representante de los padres de familia insiste en que el tema de la prevención involucra a todos los niveles, es decir, Gobierno nacional, departamental, municipal, además de padres de familia, educadores y autoridades que tiene que ver con seguridad.
Señaló que el protocolo se activa cuando se conoce un caso de violencia física, psicológica o sexual, ya que establece el procedimiento que debe seguirse hasta poner el hecho en conocimiento de las autoridades educativas y del Ministerio Público.
EN LA REGIÓN
Embarazo adolescente. Las estadísticas reflejan una realidad que se busca cambiar.
Cada año, más de 1.6 millones de adolescentes dan a luz en América Latina y el Caribe, que es la segunda región del mundo con la tasa más alta de fecundidad en adolescentes solo después de África Subsahariana, con 50.60 nacimientos por cada 1.000 chicas de entre 15 a 19 años.
limitaciones. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), las mujeres que tuvieron su primer hijo en la adolescencia les cuesta mucho más acceder a niveles educativos superiores. Su acceso al mercado laboral suele ser más informal y precario. En los 15 últimos años la tasa de fecundidad adolescente bajó en un 32% en la región.
Fuente: El Deber
