El sector alertó que, a la fecha, diversas entidades públicas y empresas estatales aún no aplican el Decreto Supremo 5597, que establece mecanismos excepcionales para el ajuste de precios de materiales, maquinaria y equipos
Por: eju.tv /
La Cámara Boliviana de la Construcción (CABOCO) se declaró en estado de emergencia ante la promulgación del Decreto Supremo 5676 y el incremento del precio del Diésel Oíl para Grandes Consumidores. En ese marco, alerta sobre el riesgo de paralización de las obras públicas y exige un ajuste en los costos.
«CABOCO), en representación del sector constructor nacional, expresa su preocupación ante la promulgación del Decreto Supremo N° 5676, mediante el cual se fija un precio referencial Inicial de Bs 18 por litro para Grandes Consumidores (GRACO) y clientes directos», señala un comunicado público.
La institución aseguró que «comprende y reconoce la necesidad del Estado boliviano de adoptar medidas destinadas a preservar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, considera necesario advertir que esta medida tendrá un impacto directo y significativo en la estructura de costos de las empresas constructoras que actualmente ejecutan proyectos para el Estado, debido a que el Diesel Oíl constituye un insumo esencial para la operación de maquinaria pesada, equipos de transporte y otras actividades vinculadas a la ejecución de obras».
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Consideró que «esta situación adquiere especial relevancia considerando que, a la fecha, diversas entidades públicas y empresas estatales aún no han dado curso efectivo a la aplicación del Decreto Supremo N° 5597, que establece mecanismos excepcionales para el ajuste de precios de materiales, maquinaria y equipos en los contratos de ejecución de obras públicas».
Obras públicas
En esa línea, CABOCO aseguró que «las empresas constructoras se encuentran enfrentando un escenario particularmente complejo, en el que sus costos se incrementan de manera inmediata y significativa, mientras que los mecanismos destinados a reconocer y compensar dichas variaciones de costos no están siendo aplicados de manera oportuna, efectiva y uniforme por las entidades contratantes».
El sector alertó que esta situación está generando un grave desequilibrio económico en los contratos de obra y pone en riesgo la continuidad y ejecución de los proyectos, con las consiguientes consecuencias para el empleo, la inversión y la reactivación económica del país.
«El incremento del precio del Diesel Oíl para Grandes Consumidores profundiza esta situación y genera un riesgo real para la sostenibilidad económica y financiera de los contratos, así como para la continuidad y ejecución de las obras públicas», señaló CABOCO.
La institución afirmó que «la reducción de la subvención estatal, aun cuando responda a la necesidad de disminuir la carga fiscal del Estado, no puede traducirse en el traslado unilateral de sus efectos económicos hacia las empresas constructoras, particularmente cuando estas se encuentran ejecutando contratos públicos cuyos precios fueron establecidos bajo condiciones económicas sustancialmente diferentes a las actuales».
Demandas
En ese marco, CABOCO planteó cuatro demandas al Gobierno:
1. Aplicación efectiva del D.S. N° 5597. Los constructores piden que las entidades públicas y empresas estatales den cumplimiento inmediato y efectivo a los mecanismos de ajuste de precios establecidos por el D.S. N° 5597, dando curso a los procedimientos y contratos modificatorios correspondientes.
2. Reconocimiento del Incremento del Diésel Oíl. Asimismo, exigen que el incremento del precio del Diesel Oíl para Grandes Consumidores sea reconocido dentro de los mecanismos de ajuste de precios de los contratos de obras públicas, evitando que su impacto económico sea absorbido exclusivamente por las empresas constructoras.
3. Garantía del equilibrio económico-financiero de los contratos. Demandan que las entidades contratantes adopten las medidas necesarias para preservar el equilibrio económico-financiero de los contratos y evitar que los incrementos extraordinarios de costos hagan inviable la ejecución de las obras.
4. Instalación de una mesa de trabajo. Piden que el Gobierno Nacional, las entidades contratantes y la representación del sector constructor establezcan una mesa de trabajo destinada a evaluar el impacto de la nueva estructura de costos y definir medidas que permitan garantizar la continuidad de las obras públicas.
CABOCO asegura que «reafirma su compromiso con el desarrollo de la infraestructura nacional, la generación de empleo y la reactivación económica del país».
«Sin embargo, ante la difícil situación económica y las condiciones que actualmente afectan al sector, DECLARA EN ESTADO DE EMERGENCIA AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN, debido al impacto que vienen generando el incremento extraordinario de los costos, la falta de condiciones contractuales equitativas y la aplicación pendiente de los mecanismos de ajuste establecidos por el propio Estado», señala el comunicado.
«Consideramos que la sostenibilidad de las obras públicas requiere necesariamente de reglas claras, condiciones contractuales ecuánimes, seguridad jurídica y el reconocimiento oportuno de las variaciones extraordinarias de costos, para continuar construyendo el desarrollo de Bolivia», concluye el comunicado.