El Gobierno emitió el Decreto Supremo 5676 que establece un precio referencial de 18 bolivianos por litro de diésel para los grandes consumidores.
[Foto: UNITEL ] / Filas por combustible en las estaciones de servicio.
Fuente: Unitel
Tras entrar en vigencia el nuevo precio para grandes consumidores, Raúl Velásquez, analista de la Fundación Jubileo, realizó un análisis sobre el impacto del Decreto Supremo 5676 y señaló que regula un precio que ya se paga en el mercado negro y elimina al subvención.
Velásquez señaló que cuando había protestas y bloqueos el litro del diésel llegó a costar 30 bolivianos en el mercado negro y muchas personas se veían obligadas a adquirirlo a esos precios.
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“Muchas personas que utilizan el diésel como un insumo fundamental para su actividad productiva o su actividad económica, prefieren pagar más caro a tener sus vehículos parados varios días sin generar recursos”, manifestó el analista.
En ese marco, Vásquez señala que el DS 5676 lo que hace es regular el precio del diésel y además, elimina la subvención.
Consideró que el sinceramiento de precios junto a la disponibilidad de divisas es fundamentales para un país que se ha vuelto importador de combustibles y señaló que el problema estructural es la caída en la producción nacional, la cual viene cayendo desde hace 10 años, por lo que es necesario ajustar los precios y dar las condiciones para garantizar combustible en el corto plazo.
Además, señaló que para solucionar el problema de fondo y estructural para el mediano y largo plazo es a través de una nueva Ley de Hidrocarburos.
“Desde julio de este año está vigente el decreto 5644, que le autoriza al privado a importar también combustibles y a venderlos a precio de mercado. Eso no ha estado dando resultado, ¿por qué? Porque faltan dólares en la economía”, explicó.
Sin embargo, señaló que deben haber tres condiciones para mejorar el abastecimiento de combustible: la primera es la logística, tanto de carreteras despejadas y medios de transporte: la segunda es tener dólares en la economía para que el sector privado o YPFB puede importar carburante; y la tercera, tener precios reales, que considera que el decreto 5676 avanza en este sentido.
