Los empresarios cruceños cerraron filas en rechazo al decreto del diésel y y exigieron al Gobierno su abrogación hasta este domingo
Un contingente policial y militar enviado al puente San Pablo, en la carretera Santa Cruz-Beni, consolidó el control de la zona y restableció la libre transitabilidad tras un bloqueo de caminos de más de 24 horas llevado a cabo por sectores productivos opuestos al Decreto 5576, que fijó el diésel en Bs 18.
Los movilizados resistieron la intervención por más de cuatro horas; sin embargo, finalmente se impusieron las fuerzas del orden que operaron en el marco del estado de excepción que prohíbe el corte de vías por vulnerar los derechos de la ciudadanía.
Previamente se habían iniciado gestiones para instalar mesas de diálogo; no obstante, la dirigencia de los productores exigía condiciones como el repliegue de los efectivos policiales y militares, demanda que fue rechazada por los representantes del Gobierno del presidente Rodrigo Paz.
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Los vehículos varados a ambos lados de la carretera comenzaron a circular hacia sus destinos bajo un fuerte resguardo policial y militar, mientras que los manifestantes terminaron dispersándose.
La medida de protesta rechaza la norma que incrementó el precio del combustible a Bs 18 para los grandes consumidores, segmento en el que figuran medianos y pequeños productores, la agroindustria, empresas de aseo urbano y la minería.
Durante una reunión sostenida con alcaldes, el presidente Paz descartó dar un paso atrás con el Decreto 5576 y argumentó que el retiro de la subvención es indispensable para sincerar las cuentas fiscales, especialmente en medio de una profunda crisis económica.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, señaló en ese mismo encuentro que la cuestionada disposición responde a una condición del Fondo Monetario Internacional (FMI) para viabilizar un crédito de $us 1.900 millones, el cual aún debe ser aprobado por el directorio del organismo.
En tanto, los empresarios cruceños cerraron filas en rechazo a la medida este jueves y exigieron al Gobierno su abrogación hasta este domingo, advirtiendo que, de lo contrario, impulsarán la convocatoria a una Asamblea de la Cruceñidad para definir acciones a nivel regional.