Promulgado el pasado 17 de agosto, el Decreto Supremo 5676 establece la tarifa de Bs 18 por litro para grandes consumidores
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el gobernador del Beni, Jesús Egüez, apuestan por la vía del diálogo. La noche de este sábado, en el Puente San Pablo —sobre la carretera Santa Cruz-Beni—, ambas autoridades instalaron una mesa de negociación con los productores movilizados para hallar una salida al bloqueo que mantiene cortado el tráfico vehicular desde el miércoles.
“Creemos que con el diálogo se puede llegar a una solución a un tema que está perjudicando muchísimo a nuestra región y que proyecta una señal inconveniente para el país. Lo que queremos es retornar a un estado de normalidad”, aseguró Justiniano tras su arribo al punto de conflicto.
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La medida de presión fue instalada el miércoles. Aunque un operativo militar-policial logró despejar la ruta el jueves, la protesta se reanudó horas después. Los productores de la provincia Marbán rechazan el Decreto Supremo 5676, norma que fijó un precio de Bs 18 por litro de diésel para los denominados grandes consumidores, categoría que abarca a sectores agropecuarios, mineros y empresariales.
El objetivo de las autoridades es plantear alternativas operativas que atiendan las demandas de los pequeños y medianos productores para restablecer de forma definitiva la transitabilidad en esta arteria fundamental de interconexión departamental.
Al respecto, el gobernador Egüez afirmó que el envío de nuevos cupos de carburantes a la zona demuestra la voluntad de alcanzar acuerdos: “Los volúmenes comprometidos de 30.000 litros ya han sido entregados y el cronograma va avanzando. Se está cumpliendo y estamos dispuestos a seguir trabajando mediante el diálogo”, destacó.
La protesta se ha extendido a otros tramos de la carretera. El jueves, Egüez entabló primeros acercamientos junto a representantes de YPFB y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), planteando elevar el límite de compra de diésel para pequeños productores —de los 120 litros actuales a un rango de entre 5.000 y 6.000 litros—, además de enviar una cisterna móvil a San Pablo, propuesta que no se concretó inicialmente.
Ante el fracaso de ese primer intento, la noche de este sábado se reanudaron las gestiones directas con el Ministerio de Defensa y autoridades municipales, en momentos en que sectores industriales de Santa Cruz y productores de Yapacaní también manifestaron su rechazo a la norma.
No obstante, desde el Ejecutivo, el presidente Rodrigo Paz descartó derogar la medida, argumentando que el retiro de la subvención a grandes consumidores es necesario para captar ingresos destinados a financiar proyectos prioritarios en salud, educación e infraestructura vial.
Promulgado el pasado 17 de agosto, el Decreto Supremo 5676 establece la tarifa de Bs 18 por litro para grandes consumidores, al tiempo que mantiene el precio subvencionado de Bs 9,80 para el resto de la población. Según el Gobierno, la regulación busca sincerar la demanda y frenar el desvío y contrabando de combustibles.
