Paz asegura que la intervención a YPFB y la ANH acabará con la corrupción y garantizará abastecimiento de combustibles


Las intervenciones abarcan toda la cadena logística de los carburantes, porque fue identifica como causa del problema de escasez 

El presidente Rodrigo Paz, en el inicio de operaciones del pozo Junín-9D.

eju.tv

El presidente Rodrigo Paz afirmó que la intervención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) responde a una medida urgente para erradicar la corrupción y garantizar el suministro regular de carburantes en el país.



“Intervenimos YPFB y la ANH: al operador de los combustibles y al organismo que debía controlarlo. Los controles de calidad se flexibilizaron durante años por decisiones que hoy generan sospechas fundadas de irregularidades”, enfatizó el mandatario.

Entre el miércoles y el jueves, comisiones gubernamentales tomaron las instalaciones de ambas instituciones con el objetivo de asumir el control total de la cadena logística, la cual abarca desde la importación y el almacenamiento hasta la distribución y comercialización final.

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Un equipo de ministros de Estado lidera este proceso ante la falta de resultados en las acciones previas para frenar la escasez de carburantes, problema que genera extensas filas de vehículos en las estaciones de servicio de varias regiones del país desde hace meses.

“Esto no se corrige con anuncios: se corrige auditando, exigiendo información completa y aplicando la Ley de Lucha contra la Corrupción. Dos comisiones revisarán a fondo la gestión de ambas entidades”, explicó la autoridad a través de una publicación en sus redes sociales.

Entre las primeras anomalías detectadas figuran más de 600 accesos irregulares al sistema de despacho de combustibles asignados a personas ajenas a YPFB, así como la interrupción en el flujo de información entre el despacho de los carburantes y su llegada efectiva a los surtidores.

Al respecto, el presidente Paz remarcó que “todo hallazgo con indicios de responsabilidad será remitido a la Contraloría General del Estado y al Ministerio Público, sin excepción alguna”.