El B-SISA es usado al 20% de sus funcionalidades e intervención incluye una «auditoría profunda» al sistema


El Gobierno ejecuta la intervención de YPFB y de la ANH, un procedimiento que se extenderá por 180 días para lograr una reestructuración de las instituciones.

eju.tv



Boliviana de Sistemas de Autoidentificación (B-SISA) es el dispositivo implementado por la ANH para controlar el flujo de carburantes y evitar su desvío, pero es usado al 20% de sus funcionalidades y la intervención que ejecuta el Gobierno incluye una «auditoría profunda» al sistema.

«El B-SISA funciona al 20% de todas las funciones que tiene, en el anterior Gobierno se han desactivado estas funciones para no realizar el control, es una herramienta muy buena si pudiera usarse al 100% de todos los beneficios que tiene», indicó la viceministra de Hidrocarburos, Tatiana Genuzio.

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El Gobierno ejecuta la intervención de YPFB y de la ANH, un procedimiento que se extenderá por 180 días para lograr una reestructuración que garantice la provisión de carburantes y evite que los líquidos sea desviado al contrabando.

«El principal cambio que se está haciendo es una auditoría profunda al B-SISA y a otros sistemas de control de la cadena hidrocarburífera, en paralelo se está evaluando a todo el personal para ver si cumple el perfil técnico que se necesita para realizar estas labores», apuntó Genuzio.

Hasta el momento se tienen identificados todos los puntos estratégicos en los que no se realizó el control oportuno a los carburantes, los grupos y las distritales donde se tiene que cambiar al personal.

«Se está revisando la trazabilidad en la importación de combustible, había sistemas informáticos que permitían hacer una revisión permanente de las certificaciones de calidad que no se han realizado», agregó la funcionaria.

La viceministra indicó que el Gobierno realiza desde hace meses un trabajo de revisión de las actividades que ejecutó la ANH como autoridad reguladora. De esa manera se determinó que la agencia estatal no cumplía a cabalidad su labor de fiscalización, no cuenta con sistemas automatizados y «hay discrecionalidad de las personas que manejan cada área de la institución».