Auditoría forense en YPFB rastrea 630 cuentas irregulares que intervenían en el despacho de combustibles


El gobierno de Rodrigo Paz intervino YPFB y la ANH para controlar la cadena logística de carburantes

El presidente de YPFB, Sebastián Daroca. / Foto: YPFB.
El presidente de YPFB, Sebastián Daroca. / Foto: YPFB.

eju.tv

En Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) se ejecuta una auditoría informática forense para identificar a 630 usuarios y rastrear las actividades que realizaron mediante accesos remotos irregulares en las asignaciones y despachos de carburantes, muchos de ellos sin formar parte del personal de la estatal petrolera. Esta semana se formalizará la denuncia ante la Fiscalía.



El presidente de YPFB, Sebastián Daroca, informó que los accesos fueron cortados de inmediato y que actualmente se esperan los resultados de la auditoría especializada para iniciar las acciones legales correspondientes, con el fin de sancionar tanto a quienes usaron las cuentas de forma irregular como a quienes lo permitieron.

«¿Qué es un acceso remoto? Es un usuario que desde una computadora en cualquier lugar del país podía ingresar al sistema. Lo primero que hicimos fue cortarlo, y lo segundo es avanzar en esta auditoría forense. Esos accesos todavía no tienen nombre y apellido, sino códigos de ingreso», explicó el ejecutivo.

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El peritaje informático permitirá identificar con precisión cuáles de esos códigos intervinieron en el sistema, qué modificaciones realizaron y a qué personas correspondían.

«En el transcurso de esta semana esperamos empezar a presentar las denuncias contra los responsables para que corran los procesos de investigación correspondientes», anunció Daroca durante una conferencia de prensa en Santa Cruz, en el marco de la intervención a la empresa petrolera.

El Gobierno nacional dispuso la intervención de YPFB y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para fiscalizar de manera directa la cadena logística de importación, almacenaje, distribución y comercialización de carburantes tras la detección de hechos de corrupción.