Sectores agroindustriales afectados por el decreto 5676 rechazan su vigencia y lo ven discriminatorio
El gobierno del presidente Rodrigo Paz descartó anular el Decreto Supremo 5676 —que libera el precio del diésel para grandes consumidores— tras advertir que una derogatoria no representará ninguna solución y, por el contrario, empeorará la situación actual, según el portavoz presidencial José Luis Gálvez.
«Abrogar el decreto no resuelve el problema, lo agrava. Nos generará más complicaciones y va a haber más filas, porque el precio internacional no cambiará y las distorsiones en el mercado interno continuarán», explicó la autoridad en Santa Cruz.
De acuerdo con Gálvez, la norma fue promulgada al identificarse que el desabastecimiento provocado por el acaparamiento y la reventa especulativa se concentraba en los grandes consumidores y usuarios directos que adquirían volúmenes a partir de los 5.000 litros.
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«Abrogar el decreto no resuelve el problema, lo agrava», reiteró en la misma jornada en la que se reúne la Asamblea de la Cruceñidad para fijar una postura respecto a la medida, rechazada por los sectores agroindustriales cruceños al considerarla discriminatoria.
La administración de Paz se mantiene partidaria de eliminar la subvención a los hidrocarburos para redirigir esos recursos al financiamiento de obras e inversión pública. De hecho, el decreto que regula el actual esquema de subsidios fenece a fin de año.
En Bolivia persiste la escasez de diésel, principalmente. El gobierno lo atribuyó a la corrupción dentro y fuera de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y al contrabando porque es más caro en países vecinos.