Personal de YPFB vinculado a hechos de corrupción está protegido la norma de inamovilidad dispuesta por la Ley General del Trabajo
El personal involucrado en la red de corrupción al interior de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) será sometido a procesos disciplinarios internos y demandas penales para concretar su desvinculación de la institución, al encontrarse amparado por la Ley General del Trabajo, informó el viceministro de Transparencia, Yamil García.
«Hemos recomendado que en este caso se active no solo la vía penal, sino también la vía disciplinaria interna. Independientemente de que el trabajador cuente con la protección de la Ley General del Trabajo, puede ser desvinculado a través de un debido proceso sumario», explicó la autoridad en entrevista con la red Uno.
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La intervención dispuesta por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz a YPFB y a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) descubrió una estructura ilícita dedicada al desvío sistemático de combustibles subvencionados hacia beneficiarios irregulares, esquema que operaba desde hace varios años.
La severa escasez de carburantes, principalmente de diésel, motivó las intervenciones institucionales ante las sospechas de la operación de redes irregulares internas en la empresa estatal y en la entidad encargada de regular los despachos y la comercialización.
Si bien las pesquisas continúan y el número final de implicados se mantiene abierto, el viceministro detalló los primeros hallazgos:
«Se han identificado, por ejemplo, 30 casos que involucran a funcionarios del área de facturación; dos casos en la asignación de cupos máximos y 40 en la etapa de programación. En el retiro de carburantes también estamos elaborando un diagnóstico que determinará responsabilidades, por lo que el número total de investigados sigue en aumento», indicó.
El Gobierno atribuyó la crisis de abastecimiento tanto al contrabando como a los esquemas de corrupción montados en torno al subsidio de los hidrocarburos.
García agregó que la investigación penal alcanza también a choferes de cisternas y propietarios de estaciones de servicio involucrados en el desvío de carburantes, mientras avanzan las auditorías en YPFB y la ANH para esclarecer la totalidad de las irregularidades.