Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

La Cámara de Diputados aprobó el crédito de $us 1.900 millones con el FMI, que incluye compromisos de ajuste económico y retiro de la subvención a los hidrocarburos. Más de 800 policías y militares serán desplegados en La Paz y El Alto por la ampliación del estado de excepción. Rodrigo Paz promulgó una ley que permitirá gestionar recursos para financiar proyectos de la UPRE comprometidos sin respaldo presupuestario. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:
La Cámara de Diputados aprobó por más de dos tercios el contrato de crédito por $us 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que establece compromisos de ajuste económico para el país. Entre las medidas acordadas está el retiro de la subvención a los hidrocarburos. El ministro de Economía, Christian Morales, defendió ante el pleno el acuerdo, que también permitirá apalancar hasta $us 7.000 millones de financiamiento externo para la reactivación económica. El Gobierno asumió además una consolidación fiscal equivalente a aproximadamente 8,5% del PIB entre 2026 y 2029, con el objetivo de eliminar el déficit primario y reducir el déficit global hasta 3,5% del PIB en 2029. El proyecto pasa ahora al Senado.
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Más de 800 efectivos de la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas serán desplegados en puntos estratégicos de La Paz y El Alto, en cumplimiento de la ampliación del estado de excepción por 90 días. El comandante departamental de La Paz, Ricardo Terrazas, informó que la Policía movilizará 400 efectivos y que las Fuerzas Armadas desplegarán una cantidad similar. El operativo comenzó con la aplicación de la Orden de Operaciones 086/2026, denominada “Operaciones Conjuntas para una Bolivia Unida”. La Policía coordina las acciones con los Comandos Estratégicos Operacionales de las Fuerzas Armadas para ejecutar operaciones conjuntas en los diferentes departamentos, en el marco de la medida aprobada por la Asamblea Legislativa.
El presidente Rodrigo Paz promulgó una ley que modifica la Ley N.º 492 de Acuerdos y Convenios Intergubernativos y permite gestionar recursos económicos en el exterior para financiar proyectos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) comprometidos en gestiones anteriores sin respaldo financiero. La norma adecua el marco legal a la nueva estructura del Órgano Ejecutivo y facilita la suscripción de acuerdos entre entidades públicas para ejecutar programas y obras. También precisa qué institución financia, cuál ejecuta y cuál recibe finalmente la obra o bien. Paz afirmó que la modificación permitirá buscar recursos para proyectos como colegios, hospitales y obras productivas comprometidas por la UPRE que no contaban con presupuesto.
El presidente Rodrigo Paz afirmó que espera que no sea necesario ejecutar las acciones previstas en el marco de la ampliación del estado de excepción, aprobada por la Asamblea Legislativa por otros 90 días. El mandatario señaló que la medida otorga garantías, facilidades y legalidad a las actuaciones de las Fuerzas Armadas y la Policía, aunque expresó su expectativa de que no sea necesario utilizar esas facultades. La ampliación fue aprobada por 100 legisladores de los 158 presentes y estará vigente hasta diciembre. El Gobierno justificó la extensión con información sobre una posible reactivación de bloqueos y conflictos, después de las movilizaciones registradas durante mayo y junio, que afectaron principalmente a La Paz y El Alto.
Instructores de la Policía de Pensilvania, Estados Unidos, capacitaron a efectivos de la Policía Boliviana en tácticas de control antidisturbios en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. La capacitación forma parte de los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad. La Embajada de Estados Unidos difundió imágenes de la instrucción y señaló que el entrenamiento estuvo dirigido por expertos de la Policía de Pensilvania. Liv Kilpatrick, representante de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), destacó la actividad y señaló que la cooperación busca contribuir al fortalecimiento de la institución policial. La gestión de Paz retomó la cooperación bilateral con Estados Unidos como parte de su nueva política exterior.
La Policía descartó la existencia de riesgo de nuevas explosiones en el Regimiento Mecanizado Bolívar de Viacha, después de concluir los trabajos de remoción de escombros y la revisión de los ambientes cercanos al lugar donde ocurrieron las detonaciones del 4 de septiembre. El director regional de la Felcc de El Alto, Jorge Sologuren, informó que concluyeron las tareas de los bomberos, la búsqueda con canes y la revisión policial. En las áreas afectadas por el derrumbe de muros no se identificó la presencia de nuevos explosivos. Tras esta evaluación también fueron reducidos los anillos de seguridad, que ahora se mantienen principalmente en las puertas del cuartel. La investigación y la recolección de información continúan.
La Cámara de Senadores creó este jueves una comisión especial para investigar las denuncias relacionadas con Fernando Cerimedo y su participación en el Órgano Ejecutivo. La comisión está integrada por seis senadores de tres fuerzas políticas: Paola López y Marcelino Flores, del PDC; Leonardo Roca y José Sánchez, de Libre; y Eliana Acosta y Marcelo Cardona, de Unidad. El grupo tendrá tres meses para realizar su trabajo y podrá utilizar los instrumentos de fiscalización previstos en el Reglamento General de la Cámara de Senadores. Cerimedo se encuentra detenido preventivamente en el penal de Chonchocoro y tiene abiertos tres procesos: uno por el presunto intento de feminicidio contra Nadia Beller, otro por enriquecimiento ilícito y uno por violencia doméstica.
Un militar se presentó este jueves ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para declarar en calidad de testigo en la investigación por las explosiones registradas en el Regimiento Militar Bolívar de Viacha. El abogado Milton Paredes confirmó que su defendido permaneció varias horas en dependencias policiales para aportar información. El caso es investigado por el delito de homicidio culposo después de que las explosiones provocaron la muerte de soldados, heridas a personas civiles y daños en viviendas próximas al recinto militar. En paralelo, los familiares de los soldados desaparecidos reclaman acelerar la identificación de los restos humanos encontrados. Según un abogado de las familias, los resultados de ADN podrían demorar dos meses.
- Comandante de las FFAA: militares “no están yendo a dialogar, están yendo a accionar” en la frontera
El comandante de las Fuerzas Armadas, Víctor Hugo Balderrama, afirmó que las fuerzas especiales desplegadas en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, no fueron enviadas para dialogar, sino para actuar frente a la ola de violencia criminal registrada en la zona fronteriza con Brasil. Explicó que se trata de personal de operaciones especiales altamente capacitado y sostuvo que el crimen organizado será identificado y enfrentado. Balderrama evitó proporcionar detalles de las operaciones debido a que se trata de información reservada, pero confirmó que los efectivos trabajarán en coordinación con la Policía. También pidió a la población mantener la tranquilidad y afirmó que los militares permanecerán en la zona cumpliendo su deber.
Un nuevo tiroteo se registró la noche del jueves en San Ignacio de Velasco, Santa Cruz, cuando los ocupantes de dos vehículos se enfrentaron a disparos cerca de una gasolinera. La Policía informó que, hasta el momento, no se reportaron víctimas por este hecho. Los vehículos involucrados son dos automóviles modelo Ipsum y los ocupantes se dieron a la fuga, por lo que la Fiscalía y la Policía activaron investigaciones y operativos para localizarlos. El enfrentamiento ocurrió pese al despliegue de policías y militares que comenzó el martes en el municipio, incluido personal de un comando anfibio, después de una ola de asesinatos. En menos de 48 horas, cuatro personas fueron asesinadas en San Ignacio, entre ellas dos jóvenes.
Un hombre fue hallado muerto con varios impactos de arma de fuego en Riberalta, Beni, en un hecho que eleva a 21 las muertes violentas reportadas desde agosto en Santa Cruz, Beni y Cochabamba, según el recuento citado por Brújula Digital. El cuerpo fue encontrado en un lugar alejado del municipio y junto a él había una nota que ahora es analizada por la Felcc y la Fiscalía. Las autoridades manejan de manera preliminar la hipótesis de que el crimen podría estar relacionado con una disputa entre organizaciones criminales por el control territorial. Del total reportado, 12 muertes corresponden a Santa Cruz, seis a Beni y tres a Cochabamba. El hallazgo ocurre en medio del refuerzo policial y militar dispuesto en regiones afectadas por hechos violentos.