Las medidas sociales asumidas por el Gobierno nacional, ante la eliminación de la subvención del diésel, no son suficientes, debido a que hay gente que se encuentra en situaciones económicas realmente complicadas, porque en el país hay familias que destinan el 50% de sus ingresos solo a los alimentos, advirtió el director de la Fundación Jubileo, Juan Carlos Núñez.
Mencionó como ejemplo que, en la actualidad, “una familia que tenga cuatro miembros, por cada uno de ellos debería tener por lo menos Bs 1.300, para no estar dentro del margen de la pobreza moderada; lo que quiere decir que esa familia necesita Bs 5.200, por lo menos al mes para poder cubrir todas las necesidades de su familia y; si tiene menores ingresos, ya está catalogada como pobreza moderada”.
Informó que, de acuerdo con los estudios que se están realizando sobre los efectos de la inflación en el país, prácticamente el 44,7% de la población boliviana está en situación de pobreza moderada por ingresos, porque ese monto que requiere al mes, hoy en día, no le alcanza para comprar lo que antes podía comprar.
El Gobierno del presidente Rodrigo Paz anunció varias medidas paliativas ante el alza del precio del litro de diésel de Bs 9,80 a Bs 17,95, como el pago del bono PEPE 2, de Bs 750, a ser pagado por seis meses a 2,9 millones de personas en situación de vulnerabilidad, y el incremento del bono Juancito Pinto de Bs 200 a Bs 300 a 2,25 millones de estudiantes de las unidades de educación fiscal, de convenio y de educación especial.
Además de créditos preferenciales para sectores productivos y planes masivos de conversión de vehículos a Gas Natural Vehicular para el transporte público, entre otras.
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Núñez, al respecto, consideró que el Gobierno anunció como 10 medidas sociales, “pero consideramos nosotros que todavía son insuficientes, tenemos familias en Bolivia, que más del 50% de sus ingresos los destinan solo a alimentos”, en entrevista con radio Splendid.
Sostuvo que, en esos casos, un incremento del pasaje del transporte público, el alza del precio del tomate o la cebolla, que para alguna gente solo pueden ser centavos, pero esos centavos para esas familias son vitales, está rompiendo su estructura económica familiar.
Consideró que el Gobierno central debería tratar de aliviar la situación de estas familias, que también necesitan transporte y una buena alimentación, a las que les puede llegar alguno de estos bonos, como el bono PEPE, que fue ampliado.
“Pero decimos insuficiente, porque se está utilizando recursos administrativos, de la gente que ya estaba registrada, inscrita, pero qué de los demás. Después de la pandemia del COVID y con los 52 días de paro, mucha gente ha quedado sin empleo, alguna gente ha quebrado su negocio, todavía se está recuperando y creo que esa gente no está registrada en esto para que le puedan brindar el servicio”, dijo.
Por lo tanto, se necesita un registro de protección social para saber dónde están los pobres, porque ellos van a ser los que mayor impacto van a tener en esta situación difícil que se está viviendo en el país, manifestó.
Además, Núñez sugirió que el Gobierno debe sentarse a dialogar sobre la estructura del nuevo costo del servicio de transporte, considerando que el alza del precio del combustible incide entre el 25% y 30% en la estructura de costos operativos de los choferes.
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“En realidad, quién va a pagar el precio que se establezca, el consumidor final y ahí es donde el Gobierno tiene que tomar las previsiones, porque tenemos mucha gente en situaciones realmente complicadas económicas y ahí es donde hay que atender”, dijo.
Este tipo de medidas no solo afecta al transportista, que utiliza su vehículo para brindar el servicio, sino también a la persona que tiene que pagar al final el pasaje.
La propuesta de incrementar el salario básico de algunos sectores, como medida para paliar los efectos en la economía de los sectores sociales más afectados con el alza del precio del diésel, fue desvirtuada por el entrevistado.
Explicó que lo que tenemos que priorizar en Bolivia es la producción, debido a que en los últimos años del régimen de los gobiernos del Movimiento al Socialismo hubo una escasa producción.
“Hemos vivido en más de 20 años del régimen, teníamos una bonanza económica y todo nos resultaba fácil, nos hemos dado el lujo de poner el tipo de cambio fijo desde 2011, no subió el dólar, teníamos muchos dólares y nos resulta muy barato”, sostuvo.
Pero con eso habíamos matado nuestra producción nacional, es decir que el productor de papa que llegaba al mercado se encontraba con que había papa peruana, papa chilena mucho más barata y ya no invertía en sembrar el próximo año.
Hoy día, si incrementamos los sueldos, con los pocos productos que tenemos, la inflación va a seguir subiendo; eso ha sido lo que ha pasado en la época de la Unidad Democrática Popular (UDP): se imprimían billetes por doquier, pero era mejor tener un pan en la mano ese día, porque al día siguiente ese pan iba a costar más y el billete ya no servía para mucho. Entonces, tampoco podemos llegar a eso, advirtió.
Núñez consideró que los “incrementos salariales excesivos lo único que podían generar es mayor inflación y por ello hay que tener capacidad productiva, tenemos que tener la capacidad por lo menos de consumir lo que producimos, ese es el nuevo principio que deberíamos tener, para enfrentar una situación tan crítica como la que estamos viviendo”.