Uno de los principales hallazgos del monitoreo es que la problemática del combustible se mantuvo como el eje transversal de las protestas.
La Defensoría del Pueblo advirtió este sábado que el tema del combustible y el costo de vida son dos factores que persisten como riesgos de conflictividad en el país, porque no fueron atendidos.
De acuerdo con el reporte «Monitoreo Defensorial del Estado de Excepción», durante los primeros 90 días de aplicación de la medida, entre el 20 de junio y el 18 de septiembre de 2026, se evidenció una desescalada rápida de las medidas de presión.
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Sin embargo, la institución defensorial enfatizó que la medida funcionó como un mecanismo de contención temporal de la protesta vial, pero no resolvió de manera estructural las causas de fondo que originaron el ciclo de movilizaciones.
La Defensoría del Pueblo señaló que las tensiones sociales se intensificaron en el último tiempo: el 43% de los casos (55 eventos) se concentraron entre el 20 de agosto y el 18 de septiembre, lo que evidencia una diversificación hacia demandas laborales, salariales, de salud, educación y minería.
Uno de los principales hallazgos del monitoreo es que la problemática del combustible se mantuvo como el eje transversal de las protestas.
Las demandas sociales mutaron desde el abastecimiento y la calidad en junio y julio, hacia el rechazo al Decreto Supremo 5676 promulgado en agosto, norma que fijó el precio del litro de diésel en Bs 18 para grandes consumidores.
Esta situación activó medidas de protesta como «tractorazos» y advertencias de nuevas movilizaciones por parte de sectores agropecuarios, transportistas y organizaciones campesinas en departamentos como Santa Cruz, Oruro y Potosí.
Al cierre del periodo evaluado, el 57% de los conflictos se encontraba en fase de escalamiento y un 27% en etapa de preconflicto.
La institución advirtió que estos 35 eventos en fase de preconflicto representan una alerta temprana sobre el alto riesgo de rearticulación e intensificación de las medidas de presión durante el nuevo periodo de 90 días de ampliación del Estado de Excepción.