Los empresarios plantean la importancia de articular en un plan integral, expedito y focalizado la protección a los sectores vulnerables y evitar que el costo de la transición recaiga en la población de menores ingresos
Si bien el empresariado privado respaldó las medidas económicas asumidas por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, advirtió sobre el riesgo de una contracción económica, por lo que demandó reformas estructurales urgentes para atraer inversiones, fortalecer al sector productivo y proteger a la población más vulnerable.
Para lo que resta del año, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) propuso priorizar la aprobación de normativa económica clave bajo los principios de seguridad jurídica y estabilidad, particularmente en las áreas de inversiones, minería e hidrocarburos.
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Asimismo, sugirió concretar ajustes al Código de Comercio y al Código Tributario. «Las modificaciones deben concentrarse en objetivos concretos y evitar procesos excesivamente prolongados, controversiales o sujetos a incertidumbre política», señala un comunicado institucional de la patronal.
El sector empresarial destacó la concreción del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $us 1.900 millones y los compromisos asumidos para el ajuste fiscal; de igual manera, valoró la supresión de la subvención al diésel y la aplicación del Estado de Excepción.
Sin embargo, expresó su preocupación por los efectos inmediatos del ajuste en los sectores productivo, comercial y de servicios, ante la eventualidad de atravesar por una fase de desaceleración que afecte el crecimiento, el empleo y la sostenibilidad de las operaciones privadas.
En esa línea, la CEPB advirtió que la situación de las pequeñas y medianas empresas es sumamente delicada, por lo que una nueva carga regulatoria, tributaria, financiera o laboral podría provocar el cierre de unidades productivas, pérdida de puestos de trabajo y una contracción generalizada que frustre la recuperación.
Respecto al impacto social, la institución empresarial consideró que se requieren medidas de contención articuladas en un plan integral, expedito y focalizado que proteja a los sectores vulnerables y evite que el costo de la transición recaiga en la población de menores ingresos.
«Nuestro país no puede padecer un nuevo ciclo de bloqueos de carreteras ni permitir que se instrumentalice el malestar social para activar la confrontación política», establece la representación empresarial.