La lista difundida por el Departamento de Estado alcanza al fiscal Departamental de Santa Cruz; al exministro de Justicia, Iván Lima, a Alberto Soto de la Vía. También incluye a jueces, exmagistrados, un coronel de la Policía y un empresario.
El Gobierno de Estados Unidos, a través del portavoz Tomas «Tommy» Pigott, informó este lunes la revocación de visas a 12 ciudadanos bolivianos y sus familiares, entre ellos varias figuras públicas que ocuparon o actualmente ejercen cargos relevantes en la justicia, el Ministerio Público y la administración estatal.
«En el marco de esta política, la Administración (Donald) Trump adoptó medidas para imponer restricciones en materia de visados a doce ciudadanos bolivianos y a sus familias. El Departamento revocó los visados vigentes de los individuos y sus familias», señala la nota de prensa sobre Bolivia, en el que incluye los nombres de los personajes públicos, la mayoría autoridades y exautoridades que tienen que ver con la justicia boliviana, en el que incluso se menciona al actual fiscal General del Estado, Róger Mariaca.
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La medida también alcanza al fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores; al exministro de Justicia, Iván Manolo Lima Magne; al expresidente interino de la Aduana Nacional, Alberto Samuel Soto de la Vía, además de otros fiscales, jueces, magistrados, un coronel de la Policía Boliviana y un empresario privado.
El Departamento de Estado informó que la decisión forma parte de una nueva política de restricción de visas, aplicada bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, dirigida contra ciudadanos extranjeros que, según los criterios de Washington, socaven gobiernos elegidos democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico.
Uno de los nombres de mayor relevancia en la lista es Alberto Zeballos Flores, actual Fiscal Departamental de Santa Cruz. Zeballos fue posesionado en octubre de 2024 por el fiscal General del Estado, Roger Mariaca, como uno de los nueve fiscales departamentales del país. La Fiscalía lo identifica actualmente como la máxima autoridad departamental en Santa Cruz.
El comunicado del Departamento de Estado no detalla qué hecho específico atribuye individualmente a Zeballos para justificar la revocación de su visa.
Otro de los nombres conocidos en Bolivia es Iván Lima, abogado que fue ministro de Justicia y Transparencia Institucional durante el gobierno de Luis Arce. Antes de llegar al Ejecutivo, Lima desarrolló una trayectoria en el ámbito judicial. Dejó el Ministerio de Justicia en septiembre de 2024.
La lista también incluye a Alberto Samuel Soto de la Vía, identificado por el Departamento de Estado como expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional, debido a que el 17 de septiembre psado se conoció sobre su cambio en el cargo.
Además la medida alcanza a Martín Daniel Irusta Flores, fiscal Superior de la Fiscalía General del Estado, también fue abogado del expresidente Evo Morales, de los exministros Juan Ramón Quintana y Nemesia Achacollo; Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer de Santa Cruz; Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz; Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal Superior y exfiscal Departamental de Chuquisaca.
También incluye a Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado Constitucional; Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia; Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez de La Guardia; Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana; y José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
Estados Unidos informó que los visados vigentes de las 12 personas fueron revocados, junto con los de sus familiares. La decisión contra ciudadanos bolivianos forma parte de una política que Washington anunció este lunes y que también comenzó a aplicarse en Colombia, Ecuador y Perú, países que participan en la iniciativa Escudo de las Américas.
Según el Departamento de Estado, la nueva política permite imponer restricciones de visa mientras se recaban pruebas y busca actuar contra extranjeros que, bajo los criterios de EEUU, amenacen la gobernanza democrática y el Estado de derecho mediante corrupción o narcotráfico.