Jueza vinculada al narcotraficante Marset fue destituida en 2025, pero un fallo judicial la restituyó en sus funciones


El Consejo de la Magistratura intervino este miércoles de oficio el juzgado de la jueza Livia Alarcón

El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer.

eju.tv

Tras revelarse un video en el que la jueza Livia Alarcón Aranda sale de la residencia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, se conoció que la autoridad judicial fue destituida del cargo en 2025; sin embargo, una acción legal la restituyó en sus funciones y continuó administrando justicia.



El presidente del Consejo de la Magistratura, Carlos Spencer, informó que la jueza acudió, al igual que otros administradores de justicia destituidos cumpliendo los procedimientos vigentes, ante una Sala Constitucional y obtuvo una medida cautelar que ordenó su restitución inmediata.

«Existe un proceso de destitución y hay otro abierto por falta grave; aquí se encuentra toda la documentación correspondiente», aseguró la autoridad en declaraciones a la red Unitel sobre los antecedentes de la juzgadora.

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De acuerdo con un video difundido este miércoles, la jueza visitó la vivienda de Marset poco antes de que este fuera capturado por un grupo de élite de la Policía. Hasta el momento, la autoridad judicial no ha emitido su versión sobre lo ocurrido.

Personal del Consejo de la Magistratura intervino la tarde de este miércoles las oficinas del juzgado e inició una investigación disciplinaria.

Marset fue capturado la madrugada del 13 de marzo de 2025 y de inmediato fue expulsado a Estados Unidos, donde actualmente es procesado por delitos vinculados con el crimen organizado.

Los fallos de las Salas Constitucionales que benefician a jueces van a revisión del Tribunal Constitucional, como el de la jueza Alarcón, sin respuesta hasta el momento, pese al tiempo transcurrido.

Arancibia presentó un memorial ante el Tribunal Constitucional Plurinacional solicitando que el caso de la jueza Livia Alarcón sea resuelto a la brevedad posible, de modo que exista una decisión definitiva sobre la situación jurídica de la sanción disciplinaria.