El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, aseguró que la investigación proseguirá hasta terminar de desarticular a la organización delictiva
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, no descartó la posibilidad de extradición a Estados Unidos del Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, y denunció la existencia de un manto de protección fiscal que entorpece las investigaciones con el fin de dar tiempo a la autoridad aprehendida y a los demás fiscales investigados para presentar recursos en procura de su libertad.
«Es una posibilidad que no vamos a descartar; está sobre la mesa y no hay por qué ocultarlo. Estados Unidos seguramente abrirá una causa contra el señor Roger Mariaca y, de ser así, probablemente solicitará su extradición», aseguró al ser consultado sobre la situación legal de la máxima autoridad del Ministerio Público.
Mariaca fue aprehendido la noche del miércoles en Santa Cruz junto con el exfiscal departamental de Santa Cruz Alberto Zeballos. Asimismo, fueron capturados el fiscal superior Martín Irusta, un mayor de la Policía y al menos otras 11 personas que intentaban sustraer documentación y una millonaria suma de dinero desde el domicilio de Mariaca.
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A casi 24 horas del operativo, aún no se ha consolidado la presentación de la imputación formal contra los aprehendidos. Justiniano reveló que «existe una protección estructurada dentro del Ministerio Público», debido a que el fiscal de turno asignado inicialmente al caso fue destituido de forma intempestiva y se rechazó la conformación de una comisión especial de fiscales dada la gravedad de los hallazgos.
«Hay un manto de protección para evitar que sea imputado, para entorpecer los allanamientos, impedir el acceso a más información y dar margen a que interpongan acciones de libertad», cuestionó la autoridad ministerial al apuntar al autoproclamado Fiscal General interino, Luis Montaño, parte del círculo de decisión de Mariaca.
Justiniano aseveró además que existen inmuebles pendientes de allanamiento —entre ellos propiedades vinculadas al exministro Eduardo del Castillo—, pero que los operativos no han podido ejecutarse debido a los obstáculos impuestos desde el propio Ministerio Público.
«Queremos garantizar el debido proceso. La Policía busca actuar conforme a la ley, pero se tropieza con un sistema articulado para frenar el avance del proceso. Sin embargo, no lo van a lograr; con esta denuncia y las pruebas que siguen saliendo a la luz, el caso ya es un escándalo de magnitud», enfatizó.
Mariaca es investigado por supuestos nexos con el crimen organizado. Su aprehensión coincidió con la revocación de su visado por parte de Estados Unidos y la difusión de un video en el que el narcotraficante Sebastián Marset afirmaba haber pagado medio millón de dólares a Mariaca y al exministro Eduardo del Castillo para garantizar su impunidad y permanencia en Bolivia.
Las investigaciones continúan en curso. Mariaca, Zeballos e Irusta se encuentran custodiados en celdas policiales de El Alto a la espera de su audiencia de medidas cautelares y de la resolución de los recursos constitucionales presentados con los que buscan su libertad