Una vez modificada la ley, el Legislativo podrá designar a un Fiscal General de forma interina hasta la designación de su titular
Antes de tratar la situación del aprehendido Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, la Asamblea Legislativa Plurinacional avanza en la aprobación de una ley corta para viabilizar la suspensión del titular del Ministerio Público cuando se encuentre imputado y sujeto a una medida cautelar por delitos penales, como ocurre en la coyuntura actual.
La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley y la Cámara de Diputados sigue el mismo camino, con el fin de remitir la norma al Órgano Ejecutivo para su promulgación e inmediata puesta en vigencia. Con este respaldo normativo, se dará paso al debate sobre la situación de Mariaca, imputado por delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
El proyecto modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 260) para incorporar la suspensión definitiva mediante la votación de dos tercios de los asambleístas presentes y facultar la designación, en la misma sesión, de un Fiscal General interino.
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Según el texto aprobado, cuando la máxima autoridad del Ministerio Público se encuentre «imputada formalmente o sujeta a una medida cautelar personal por delitos penales», la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá disponer su suspensión definitiva con el voto de dos tercios de las y los asambleístas presentes en sesión ordinaria.
El proyecto establece además que, en la misma sesión en la que se adopte la suspensión definitiva, la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá designar a un Fiscal General interino, quien ejercerá las funciones hasta que el pleno elija a la autoridad titular conforme con el artículo 227 de la Constitución Política del Estado.
La actual Ley del Ministerio Público no contempla este procedimiento debido al vacío normativo evidenciado tras la aprehensión de Mariaca. La autoridad fue aprehendida el miércoles por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de que el narcotraficante Sebastián Marset revelara en un video —tras su captura y poco antes de su expulsión a Estados Unidos— que el Fiscal General era su «amigo» y que le pagó medio millón de dólares para garantizar su permanencia en Bolivia.
Entre sus atribuciones, la propuesta de ley señala que el Fiscal General interino tendrá como misión prioritaria «desmantelar toda estructura criminal que esté vinculada a las causas de suspensión definitiva», con facultades para reasignar temporalmente responsabilidades, conformar equipos de investigación especializados, solicitar cooperación internacional y presentar requerimientos ante la autoridad jurisdiccional competente