El fiscal General Roger Mariaca fue detenido el miércoles y está acusado por sus vínculos con el narcotráfico
La Cámara de Diputados sancionó la ley corta destinada a viabilizar la suspensión del Fiscal General del Estado cuando se encuentre imputado y sujeto a una medida cautelar por delitos penales —como ocurre en el caso de Roger Mariaca—, permitiendo la designación de un interino hasta el nombramiento legislativo de un titular.
La norma, sancionada en tiempo récord, pasó de inmediato al Órgano Ejecutivo para su promulgación por parte del presidente Rodrigo Paz. Los legisladores requieren de este instrumento legal para definir la situación institucional de Mariaca, imputado por los delitos de tráfico de sustancias controladas y organización criminal.
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De esta forma se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 260) para incorporar la suspensión definitiva mediante el voto de dos tercios de las y los asambleístas presentes y autorizar la designación, en la misma sesión, de un Fiscal General interino.
Según el texto aprobado, cuando la máxima autoridad del Ministerio Público se encuentre «imputada formalmente o sujeta a una medida cautelar personal por delitos penales», la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá disponer su suspensión definitiva con la aprobación de dos tercios de los votos de los miembros presentes en sesión ordinaria.
El proyecto establece además que, en la misma sesión en la que se adopte la suspensión definitiva, la Asamblea Legislativa Plurinacional podrá designar a un Fiscal General interino, quien ejercerá el cargo hasta que el pleno elija al titular conforme con el artículo 227 de la Constitución Política del Estado.
La Ley del Ministerio Público vigente no contemplaba este procedimiento ante el vacío normativo generado por la aprehensión de Mariaca. La autoridad fue aprehendida el miércoles por sus nexos con el crimen organizado, luego de que el narcotraficante Sebastián Marset revelara en un video —tras su captura y poco antes de su expulsión a Estados Unidos— que el Fiscal General era su «amigo» y que le pagó medio millón de dólares para garantizar su permanencia en Bolivia.
Entre sus atribuciones, la norma señala que el Fiscal General interino tendrá como misión prioritaria «desmantelar toda estructura criminal que esté vinculada a las causas de suspensión definitiva», con facultades para reasignar temporalmente responsabilidades, conformar equipos de investigación especializados, solicitar cooperación internacional y presentar requerimientos ante la autoridad jurisdiccional competente.