La Cancillería de Bolivia rechaza las acusaciones de legisladores laristas que acusan de injerencia a diplomáticos extranjeros y sostuvo que cualquier denuncia de interferencia extranjera debe sustentarse en hechos verificables.
Por Yolanda Mamani Cayo
Fuente: El Deber
Mediante un comunicado público, la Cancillería de Perú aclaró que la presencia de un diplomático peruano en la sesión de la Asamblea Legislativa en la que se suspendió a Róoger Mariaca como fiscal general del Estado y en su lugar, se designó a José Armando Urioste, fue en calidad de oyente, en una audiencia pública y no obedece a acciones de supuesta injerencia en asuntos internos.
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El gobierno de Keiko Fujimori subrayó que el Perú respeta la soberanía, independencia e integridad de todos los estados y no se involucra en asuntos externos.
“Las acciones desplegadas por el funcionario diplomático peruano en la Asamblea Legislativa boliviana se limitaron estrictamente a sus funciones de recabar información como oyente en una audiencia pública en ejercicio de sus labores de representación, sobe hechos de importancia relevante para la institucionalidad democrática boliviana y sus posibles proyecciones para nuestra región”, dice el punto cuatro del comunicado.
Asimismo, en el primer punto del comunicado de la Cancillería peruana subraya que “El Perú es un país que respeta plenamente la soberanía, la independencia y la integridad de todos los estados del mundo y mantiene relaciones internacionales basadas en el respeto mutuo, la cooperación y la convivencia pacífica”.
En ese marco, Perú dijo que cumple estrictamente el principio de no injerencia en los asuntos internos de cada Estado y sus acciones se basan en el respeto al derecho internacional y a los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.
La maratónica sesión del viernes de la Asamblea Legislativa del viernes y sábado en la madrugada, tuvo algunos incidentes, uno de ellos fue el protagonizado por la senadora Ana María Crispín, del PDC, que abordó a un grupo de personas que presenciaba la sesión en uno de los balcones, les preguntó sus nombres, de dónde eran y en seguida aseguró que esas personas estaban “pagando” mediante QR a legisladores para que apoyen la suspensión del exfiscal Róger Mariaca. La legisladora del bando larista aseguraba que eran representantes del Escudo de las Américas.
“Un representante del Escudo de las Américas desde Estados Unidos con su QR, con la diputada, infraganti se le ha pescado. Está alguien de Argentina y de otro país viendo que se cumpla el interés que tienen sobre este caso”, decía Crispín mostrando en la pantalla de su celular una imagen de QR de los supuestos pagos a sus colegas. La diputada no presentó pruebas de su denuncia.
Postura de la Cancillería boliviana
El Ministerio de Relaciones Exteriores, también a través de un comunicado, afirmó que la sola presencia de representantes diplomáticos durante la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional del 2 de octubre, no puede ser considerada un acto de injerencia y sostuvo que cualquier denuncia de interferencia extranjera debe sustentarse en hechos verificables.
“La presencia de representantes diplomáticos en espacios institucionales y actividades de carácter público no constituye, por sí misma, un acto de injerencia”, señala el documento difundido el 3 de octubre.
La Cancillería agregó que atribuir a los diplomáticos un propósito de interferencia o influencia indebida requiere pruebas y consideró que no corresponde cuestionar su actuación a partir de “interpretaciones o presunciones”.
Fuente: El Deber
