Zavaleta niega haber aumentado el costo del proyecto, Novillo defiende su gestión y cuestiona al actual Gobierno, Ferreira califica la denuncia de política y López pide defenderse en libertad. Los cuatro aparecen en la querella por presuntas irregularidades en un contrato de más de 191 millones de euros.
Fotocomposición: Pepe Pomacusi
eju.tv / Videos: DTV
Los cuatro exministros de Defensa denunciados por el caso Sidacta salieron al frente de la querella penal presentada por el actual titular de esa cartera, Ernesto Justiniano, con argumentos dirigidos a defender sus respectivas gestiones. Javier Zavaleta y Edmundo Novillo reivindicaron sus actuaciones durante la ejecución del proyecto; Reymi Ferreira cuestionó la denuncia y Luis Fernando López Julio manifestó que está dispuesto a comparecer ante la Justicia y pidió defenderse en libertad.
Las respuestas se conocieron después de que el Ministerio de Defensa presentara una querella contra 19 personas por presuntas irregularidades en la contratación y ejecución del Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo (Sidacta). La auditoría interna identificó un posible daño económico superior a Bs 1.478 millones, monto que deberá ser examinado en la investigación.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Javier Zavaleta, ministro durante el gobierno de Evo Morales, rechazó que se pretenda vincularlo con actos de corrupción y negó haber autorizado incrementos al precio inicial del contrato durante su gestión. Sostuvo que los radares existen y son utilizados por la aviación civil y la Fuerza Aérea, y cuestionó el cálculo del daño económico presentado por el Gobierno.
“Saben dónde vivo y pueden notificarme en el momento que quieran. Bueno, los árboles mueren de pie, pues, y vamos a estar aquí para afrontar lo que venga”, afirmó. Zavaleta también sostuvo que, en 2019, la mayoría de los equipos estaban construidos y operables, y argumentó que no se puede hablar de un daño de esa magnitud como si el proyecto no hubiera entregado ningún resultado.
Edmundo Novillo, quien ocupó el Ministerio de Defensa durante el gobierno de Luis Arce Catacora, afirmó que comparecerá ante las autoridades si es citado y que sus actuaciones estuvieron enmarcadas en la legalidad. Dijo que procuró dar continuidad al proyecto hasta su recepción definitiva y transferencia a la Fuerza Aérea.
El exministro atribuyó las dificultades de ejecución al alto componente tecnológico de los radares y aseguró que buscó soluciones dentro del marco jurídico. También dirigió cuestionamientos a la actual administración y a la empresa contratista por no haber resuelto, según su versión, los problemas que afectan la continuidad y sostenibilidad del sistema.
El exministro Edmundo Novillo Foto: RRSS
“Es lamentable que ante cualquier posible observación, el actual Gobierno y la empresa no hayan podido dar solución para la continuidad, sostenibilidad y viabilidad” del proyecto, expresó Novillo a manera de descargar la responsabilidad en la actual gestión que no tiene participación alguna en el proceso de los radares franceses.
Reymi Ferreira, ministro de Defensa entre 2015 y 2018, defendió el contrato original y las dos primeras modificaciones suscritas durante su gestión. En declaraciones a El Deber, sostuvo que el proyecto inicialmente previsto por 350 millones de dólares fue reducido a 191 millones y que se disminuyó de 18 a 13 la cantidad de radares contemplados.
Ferreira afirmó que las dos modificaciones que firmó fueron de carácter administrativo y que no implicaron incrementos de precio ni ampliaciones de plazo. Por ello, consideró excesiva la denuncia y la calificó de política. También manifestó que está dispuesto a afrontar el proceso y defenderse ante las autoridades.
Luis Fernando López Julio, ministro durante el gobierno de Jeanine Áñez, optó por expresar su disposición a comparecer ante la Justicia. “Señor Ministro de Defensa Ernesto Justiniano estoy a su disposición y de la justicia presto a la oportunidad de defenderme en libertad como corresponde”, escribió en sus redes sociales.
Las firmas que vinculan a las cuatro gestiones
Los antecedentes presentados por la Procuraduría General del Estado identifican la intervención de cada exministro en diferentes etapas del contrato. Ferreira firmó el acuerdo original y las dos primeras modificaciones; Zavaleta suscribió la tercera y la cuarta; López Julio firmó la quinta; y Novillo, la sexta y la séptima.
El contrato con la empresa francesa Thales fue suscrito en 2016 por más de 191 millones de euros bajo la modalidad llave en mano. El proyecto contemplaba 13 radares civiles y militares, centros de control, comunicaciones, obras civiles, software, capacitación y transferencia tecnológica. El objetivo era entregar un sistema integrado y operativo para el control del espacio aéreo boliviano.
Luis Fernando López, exministro de Defensa de la gestión de Jeanine Áñez. Foto: Correo del Sur
El plazo inicial era de 31 meses, pero las siete modificaciones lo ampliaron a 82 meses. La demostración final se realizó aproximadamente 98 meses después de la orden de proceder. Pese a que el proyecto reportó un avance físico del 100% y una ejecución financiera del 97,85%, la auditoría identificó observaciones en 11 de los 13 radares: nueve operaban con observaciones y dos no funcionaban; solo dos estaban operativos sin observaciones.
La querella atribuye a los denunciados la presunta comisión de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contrato, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. La investigación deberá establecer las actuaciones de cada persona y determinar si las decisiones adoptadas durante las distintas etapas contractuales generaron responsabilidades penales.
Los exministros presentan versiones distintas sobre la ejecución del proyecto, pero ninguno de sus pronunciamientos resuelve por sí mismo las observaciones técnicas y contractuales. El caso deberá esclarecer por qué se ampliaron los plazos, cómo se aprobaron las modificaciones, bajo qué condiciones se recibió el sistema y qué responsabilidad corresponde a quienes intervinieron en cada etapa.
La inclusión de los cuatro exministros en la querella no equivale a una declaración de culpabilidad, lo dijo el propio ministro de Defensa. La Fiscalía deberá investigar los hechos y establecer las responsabilidades individuales, con respeto al debido proceso.