La estatal presuntamente fue empleada como una «herramienta de persecución política» en procesos electorales. Como ejemplo, mencionó 2019, cuando, según señaló, la entidad ingresó al debate político y amenazó con iniciar investigaciones contra el candidato opositor.
eju.tv / Video: El Deber
El director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza, anunció este viernes el inicio de acciones legales para investigar y procesar penalmente a exfuncionarios de esa institución por presuntas irregularidades durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Denunció que la entidad fue utilizada, junto a la Fiscalía, para ejercer «presión y chantaje financiero» contra empresarios, comerciantes, emprendedores y opositores políticos.
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«En el marco de la recuperación de la institucionalidad del Estado, estamos iniciando las acciones legales correspondientes para que se investigue y se procese penalmente a los funcionarios públicos que estuvieron a cargo de la UIF durante las gestiones de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). Esta noticia es sumamente importante porque la UIF fue creada como parte de los compromisos internacionales asumidos por Bolivia para prevenir, detectar y analizar operaciones financieras vinculadas a los delitos precedentes de la legitimación de ganancias ilícitas», sostuvo Barboza, en conferencia de prensa.
Mencionó que durante ese periodo, la estatal presuntamente fue empleada como una «herramienta de persecución política» en procesos electorales. Como ejemplo, mencionó 2019, cuando, según señaló, la entidad ingresó al debate político y amenazó con iniciar investigaciones contra el principal candidato opositor.
Barboza explicó que, tras una revisión interna de informes y documentación institucional desde que asumió el cargo en enero de este año, se detectaron indicios de procesos que evidenciarían un presunto uso irregular de los mecanismos de investigación financiera.
Por ejemplo, citó que se iniciaban investigaciones contra personas que desarrollaban actividades económicas legales y contaban con documentación para respaldar el origen de sus recursos. Sin embargo, se emitían informes de inteligencia que señalaban discrecionalmente supuestos indicios de fondos sin respaldo.
Afirmó que esas actuaciones podían poner en riesgo el patrimonio, la reputación y la continuidad de las actividades económicas de los investigados.
Incluso mencionó, sin dar mayores detalles, que esos informes eran remitidos al Ministerio Público para promover el inicio de procesos penales contra a las personas investigadas. En esa etapa donde existen indicios de una presunta actuación coordinada entre funcionarios, la UIF y la Fiscalía.
