Barboza explicó que, si bien la UIF no puede levantar el secreto bancario por iniciativa propia, sí puede actuar si existe un requerimiento judicial o si los propios legisladores deciden voluntariamente abrir sus cuentas.
eju.tv / Video: Radio Fides
En medio del escándalo desatado por la excandidata del MAS, Nadia Beller, quien denunció la existencia de una lista de asambleístas que presuntamente recibirían sobresueldos del Órgano Ejecutivo, el director de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Diego Barboza, aclaró hoy (21) que la renuncia al secreto bancario es una decisión estrictamente personal y voluntaria de cada legislador, y que la institución no puede disponerlo de oficio, aunque dejó abierta la posibilidad de que, si algún parlamentario decide abrir sus cuentas, la UIF procederá a investigar el origen y destino de los recursos.
«El secreto bancario es personal, es algo confidencial y demás. Entonces, es algo que si se va a levantar, las personas directamente tendrían que solicitar aquello. Nosotros no podemos emitir un criterio por vía de oficio, comunidad de inversiones financieras, levantar el secreto bancario. Por orden judicial se podría abrir, hay varias vías, pero nosotros por oficio no podemos levantar. De forma voluntaria, tiene unos ciertos requisitos, pero la UIF no lo levanta de una manera de oficio», enfatizó Barboza, al deslindar responsabilidades sobre la apertura de las cuentas bancarias de los legisladores.
La declaración del director de la UIF se produce luego de que Nadia Beller, expareja del asesor Fernando Cerimedo, acusara al Gobierno de pagar hasta cinco mil dólares mensuales a asambleístas para asegurar su respaldo en el Parlamento, aunque sin presentar pruebas documentales que sustenten sus afirmaciones. La denuncia ha generado una fuerte polémica en el ámbito político y ha puesto en el centro del debate la transparencia de los legisladores.
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Barboza explicó que, si bien la UIF no puede levantar el secreto bancario por iniciativa propia, sí puede actuar si existe un requerimiento judicial o si los propios legisladores deciden voluntariamente abrir sus cuentas.
«La Unidad de Investigaciones Financieras trabaja para transparentar la legitimación de ganancias ilícitas, el origen y destino de los recursos. Si tenemos algún requerimiento de una autoridad competente para tener un elemento de convicción para un debido proceso, nosotros lo vamos a regular», señaló.
La reacción del diputado de la alianza Libre, Armin Lluta, no se hizo esperar. El legislador, uno de los señalados por Beller, anunció que presentará una denuncia penal contra la activista por haber difundido la lista de supuestos sobresueldos, calificó la acusación como un ataque a su dignidad y a su familia, y se mostró completamente dispuesto a que se levante su secreto bancario para demostrar su inocencia. «Yo no he recibido ni un centavo», sostuvo Lluta.