El diputado del PDC afirmó que acudió a la Fiscalía después del ampliado del 26 de septiembre en Lauca Ñ, donde, según su versión, se planteó asfixiar a la sede de Gobierno e impedir el ingreso de alimentos y la atención en salud.
eju.tv / Video: QNMP
El diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Manolo Rojas afirmó que presentó el 29 de septiembre una denuncia penal contra el senador suplente suspendido Nilton Condori, el expresidente Evo Morales y los dirigentes Rosario Vargas y Román Gutiérrez; dicha acción surgió tras un ampliado realizado el 26 de septiembre en Lauca Ñ, Cochabamba, en el que, según el legislador, se planteó organizar movilizaciones para cercar La Paz y restringir el abastecimiento de la población.
Rojas explicó que su preocupación se centró en las consecuencias que un eventual cerco podía tener para los habitantes de la sede de Gobierno, en particular por el ingreso de alimentos y la atención sanitaria.
“Se pretendía en una reunión de Lauca Ñ, en Cochabamba, articular un movimiento que pretendían asfixiar, pretendían sitiar específicamente la ciudad de La Paz”, declaró en una entrevista con el programa QNMP de Red Uno.
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El diputado sostuvo que la denuncia no se limitó a la posibilidad de un bloqueo, sino que también tomó en cuenta expresiones atribuidas a Condori durante el encuentro político. Entre ellas figura la frase: “Si no fusilamos a estos ladrones, Bolivia no va a tener futuro”, citada posteriormente en la cobertura de la imputación fiscal.
El Ministerio Público imputó formalmente a Condori por los presuntos delitos de instigación pública a delinquir y terrorismo. En el documento fiscal, la exhortación al fusilamiento es interpretada como algo que habría excedido una opinión o crítica política y que, según la hipótesis de la Fiscalía, habría formado parte de una estrategia coordinada para subvertir el orden constitucional y deponer al Gobierno por medios violentos.
Foto: captura de pantalla
Rojas también defendió la existencia de elementos para abrir el proceso. “Para una imputación formal no se requieren pruebas, se requieren elementos de convicción, vale decir, evidencias”, sostuvo en Red Uno, al cuestionar los argumentos de la defensa. El abogado de Condori, por su parte, criticó el sustento de la denuncia y anunció acciones legales contra el procedimiento.
La denuncia se presenta en un contexto de confrontación que antecede al ampliado de septiembre. Durante los 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio, Condori recorrió puntos de protesta en El Alto, participó en mítines y marchó junto a los Ponchos Rojos.
También respaldó movilizaciones contra el Gobierno y firmó en mayo un pacto con dirigentes de la Central Obrera Boliviana y sectores campesinos que condicionaba cualquier acuerdo a la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Estos antecedentes ayudan a situar su participación en las movilizaciones, pero no prueban por sí solos los delitos que ahora se investigan.
El proceso abierto por la denuncia de Rojas derivó en la imputación formal y en la solicitud fiscal de seis meses de detención preventiva. El 19 de octubre, la Justicia dispuso que Condori cumpla esa medida en el penal de San Pedro, en La Paz, mientras continúa la investigación.