La diputada Cecilia Vargas informó que las denuncias apuntan a que algunos trabajadores habrían sido obligados a entregar un porcentaje de sus salarios para conservar sus puestos de trabajo.
Tras recibir denuncias por cobros ilegales, autoridades del Ministerio de Salud sentaron la denuncia y la Policía activó de inmediato las investigaciones, interviniendo dependencias de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), donde se habrían cometido los ilícitos.
Además, la cartera de Estado aseguró que no encubrirá a ninguna autoridad o funcionario relacionado con estos actos irregulares y se comprometió a resguardar tanto la identidad de los denunciantes como su estabilidad laboral frente a posibles represalias.
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«Ante la gravedad de los hechos denunciados, se activaron de manera inmediata los mecanismos institucionales correspondientes, priorizando la acción oportuna y la coordinación con las instancias competentes», establece el comunicado emitido sobre el operativo.
Policías precintaron oficinas y se llevaron documentación, celulares y CPU, como parte de la investigación.
Al respecto, la diputada Cecilia Vargas informó que las denuncias apuntan a que algunos trabajadores habrían sido obligados a entregar un porcentaje de sus salarios para conservar sus puestos de trabajo.
La AISEM, dependiente del Ministerio de Salud y Deportes, tiene como función principal planificar, construir, equipar y poner en marcha establecimientos de salud hospitalarios y de cuarto nivel en todo el país.
Mediante la nota oficial, el Ministerio de Salud detalló que coordinó con la Policía Boliviana —a través de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y la División Especializada de Delitos contra la Corrupción Pública— la ejecución de una acción directa en las instalaciones de la AISEM.
El objetivo de la intervención fue «verificar los hechos denunciados, relacionados presuntamente con delitos de concusión y cohecho, y contribuir al desarrollo de las actuaciones investigativas correspondientes».
Actualmente, el caso se encuentra bajo responsabilidad de la Fiscalía y la Policía, instituciones que deberán esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades si corresponde.
«El Ministerio de Salud y Deportes reafirma de manera enfática que no encubrirá ni tolerará actos de corrupción y que toda denuncia será atendida por los canales institucionales correspondientes. Asimismo, ratifica su compromiso de resguardar la identidad de las personas denunciantes y precautelar su situación laboral frente a posibles represalias, conforme a la normativa vigente», refiere el documento.