Cívicos afirman que Jhonny Fernández destruyó Santa Cruz en cinco años y debe responder ante la Justicia


Las declaraciones del presidente cívico se producen después de que, este martes, la Justicia declaró en rebeldía a Fernández y ordenó su aprehensión, debido a que no se presentó a la audiencia de medidas cautelares.

 

 



eju.tv / Video: DTV

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, cuestionó este martes la gestión del exalcalde Jhonny Fernández y pidió que comparezca cuanto antes ante la Justicia para responder por los presuntos daños ocasionados a la urbe cruceña durante sus cinco años de administración.

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«Lo único que hizo en estos cinco años fue destruirla completamente. Y toda la gente de su entorno, habrá que ver cómo está viviendo. Definitivamente, esa no es la realidad que vivimos los demás», afirmó Cochamanidis al referirse a la gestión de la exautoridad municipal.

El representante cívico sostuvo que Santa Cruz de la Sierra necesita que se establezcan responsabilidades por las afectaciones que dejó la anterior administración y señaló que el caso no debe limitarse únicamente al exalcalde, sino que también se debe investigar a las personas de su entorno.

«Johnny Fernández tiene que ser llevado cuanto antes ante la Justicia», manifestó Cochamanidis, quien expresó su expectativa de que las autoridades judiciales actúen y determinen las responsabilidades que correspondan.

Las declaraciones del presidente cívico se producen después de que, este martes, la Justicia declaró en rebeldía a Fernández y ordenó su aprehensión, debido a que no se presentó a la audiencia de medidas cautelares programada dentro del proceso que enfrenta por presunta malversación de fondos.

El fiscal Gary Flores confirmó la determinación y explicó que el exalcalde no justificó su inasistencia ante la autoridad judicial, por lo que se dispuso la emisión del mandamiento de aprehensión.

Fernández es investigado por la presunta malversación de aproximadamente Bs 191 millones, provenientes de créditos municipales destinados a financiar 17 proyectos de infraestructura en Santa Cruz de la Sierra. El proceso deberá establecer si existieron responsabilidades penales en el manejo de esos recursos.