La legisladora afirmó que Daniela Quiroga renunció a la dirección de la AISEM y denunció presuntas irregularidades en la contratación de personal y la adquisición de medicamentos.
Por eju.tv / La Paz / Video: DTV
La diputada de la Alianza Libre, Cecilia Vargas, denunció presuntas irregularidades y falta de transparencia en distintas dependencias del Ministerio de Salud y cuestionó la gestión del Gobierno en el sector.
La legisladora afirmó que este año se recaudaron más de Bs 8 millones por el proceso de residencia médica, pero que hasta el momento no se conoce con claridad el destino de esos recursos ni en qué fueron gastados.
Las declaraciones se produjeron después de que Carlos Eduardo Audiver fuera designado como nuevo director de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), en reemplazo de Daniela Quiroga, quien, según Vargas, presentó su renuncia el viernes.
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El cambio de autoridad se produjo después de que la semana pasada se denunciaran presuntos cobros irregulares a funcionarios de la AISEM. En ese contexto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz intervino la institución y aprehendió a dos funcionarios que actualmente guardan detención preventiva.
En declaraciones a DTV, Vargas aclaró que la salida de Quiroga no fue consecuencia de una destitución dispuesta por el presidente Rodrigo Paz o la ministra de Salud, Tatiana Flores, sino de la renuncia de la ahora exdirectora.
“No fue iniciativa ni del presidente ni de la ministra este cambio”, sostuvo la diputada, quien consideró que el Ejecutivo debería asumir una posición más activa frente a las denuncias presentadas.
La legisladora señaló que realizó labores de fiscalización y recabó información sobre otras denuncias relacionadas con el Ministerio de Salud, entre ellas presuntos cobros irregulares vinculados a la asignación de ítems laborales.
La diputada de la Alianza Libre, Cecilia Vargas. Foto: Facebook Cecilia Vargas
Asimismo, afirmó que durante la anterior gestión de la AISEM se denunciaron supuestos cobros y presiones a funcionarios para que conservaran sus puestos de trabajo. Según las denuncias, algunos trabajadores habrían sido obligados a entregar hasta la mitad de sus salarios para evitar su desvinculación.
Vargas indicó que continuará haciendo seguimiento al caso y a las investigaciones correspondientes.
La diputada sostuvo que las presuntas irregularidades no se limitan a la AISEM y observó el proceso de residencia médica, mediante el cual los profesionales acceden a una formación especializada.
Según Vargas, este año el proceso fue tercerizado, pero no se habría informado suficientemente sobre la contratación de la empresa encargada, el costo del servicio ni el destino de los recursos recaudados.
La legisladora señaló que los postulantes pagaron Bs 1.000 por la inscripción y otros Bs 300 por el material de estudio. A partir de estos cobros, afirmó que el sistema recaudó más de Bs 8 millones durante esta gestión, sin que se conozca una rendición de cuentas detallada.
“Hay muchas otras cosas que el Ministerio de Salud no responde y esconde, claro ejemplo la residencia médica que este año ha recaudado más de 8 millones de bolivianos y no tenemos la información de dónde ha ido ese dinero, en qué gastaron”, manifestó.
Vargas también mencionó una auditoría correspondiente a 2025 en la que, según afirmó, se identificaron irregularidades en el proceso. Entre ellas, señaló denuncias sobre una presunta venta de exámenes de residencia médica y cuestionó que estos hechos no se hubieran investigado suficientemente.
“No puede ser que haya una nueva convocatoria y no sepamos la rendición de cuentas de este dinero”, sostuvo, al señalar que la Contraloría y las instancias de Transparencia deberían conocer estos antecedentes.
La diputada advirtió que las presuntas irregularidades en el acceso a las especialidades médicas podrían afectar la formación de los profesionales y la confianza en el sistema sanitario.
La legisladora también cuestionó la designación de funcionarios en entidades descentralizadas del sector salud y afirmó que todavía faltan concursos y procesos de institucionalización de cargos.
A su juicio, la ausencia de mecanismos transparentes de selección favorece la designación discrecional de personal y perjudica la gestión de las instituciones.
Vargas sostuvo que continuará con las labores de fiscalización y exigirá información sobre los recursos recaudados, los procedimientos de contratación y las denuncias presentadas en el Ministerio de Salud.