La denuncia se sustenta en un informe de Auditoría Interna y en el informe CGE-GPA-INF N° 111-2026 de la Contraloría General del Estado, que identificaron irregularidades en la administración de esos fondos.
Por eju.tv / La Paz / Video: Bolivia TV
Los miembros del directorio de la Caja Nacional de Salud (CNS) de la gestión 2023 fueron denunciados ante el Ministerio Público por la entrega de Bs 95 millones bajo la modalidad de fondos en avance, con el argumento de una supuesta emergencia médica que no existió, reveló este martes el viceministro de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Yamil García.
La denuncia se sustenta en un informe de Auditoría Interna y en el informe CGE-GPA-INF N° 111-2026 de la Contraloría General del Estado, que identificaron irregularidades en la administración de esos fondos.
“Este informe de la Contraloría hace un relevamiento de información en relación a montos de dinero detectados en la Caja Nacional de Salud en la gestión 2023. Estos movimientos económicos se han efectuado en franca violación a las normas”, afirmó García en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El hecho denunciado se centra en la entrega unilateral de Bs 95 millones a funcionarios de la CNS para supuestamente realizar la compra de medicamentos y otros insumos con el fin de enfrentar una emergencia médica.
Por ejemplo, Constantino Carlos Colque Huarachi recibió dos cheques: uno por más de Bs 40 millones y el segundo por más de Bs 2 millones.
“Supuestamente estos cheques se entregan para que estas personas hagan las compras, hagan las provisiones de medicamentos y de insumos, pero esta modalidad de recibir dinero de parte del Estado y uno hacerse cargo de las compras no está permitido en ninguna norma”, advirtió García.
Las instalaciones de la Caja Nacional de Salud, en La Paz. Foto: Archivo
En cumplimiento del Decreto Supremo 181 (Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios) y sus modificaciones, todas las entidades públicas tienen la obligación de realizar licitaciones públicas cuando la contratación de bienes y servicios supera el millón de bolivianos.
Esto implica la elaboración de un documento base de contratación, una convocatoria pública, la conformación de una comisión de calificación, la evaluación de propuestas y la adquisición del bien o servicio.
Sin embargo, el directorio de la Caja Nacional de Salud de la gestión 2023 utilizó un mecanismo denominado “fondos en avance”, que solo se aplica cuando se presentan urgencias o emergencias y se trata de gastos menores que no pueden esperar un proceso de contratación pública.
Para graficar esta situación, García explicó que si “en este momento ocurre algún tipo de emergencia, urgencia en algún lugar y una institución tiene que trasladarse de manera inmediata, se podrá sacar un fondo en avance que pueda cubrir el transporte de esas personas”.
Alegando una supuesta emergencia, el directorio de la CNS ordenó la entrega de Bs 95 millones bajo la modalidad de fondos en avance a funcionarios de la entidad.
Respaldado en los informes de la Contraloría y de Auditoría Interna, García afirmó que no se pudo “evidenciar que en el 2023 se haya registrado una emergencia que justifique que 95 millones de bolivianos sean entregados en cinco cheques”.
Además, la Contraloría subrayó que los fondos en avance debían estar destinados a gastos específicos, extraordinarios y urgentes por situaciones de emergencia, y no utilizarse para evadir el cumplimiento de los procedimientos de contratación pública.
Por estos hechos, el Viceministerio de Transparencia y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) presentaron el lunes una denuncia penal contra los miembros del directorio de la CNS de 2023 y las “cuatro personas beneficiadas con más de 95 millones de bolivianos en cinco cheques”.
En paralelo, el Viceministerio, junto con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), inició un “rastreo económico” con el fin de detectar el destino de los Bs 95 millones y establecer si el dinero quedó en poder de los directivos, de los funcionarios o de las personas que resultaron beneficiadas.