En la declaración ampliatoria de Aldo Quezada revela que la marihuana era genéticamente alterada y que Hebert Zeballos montaría una fábrica de hielo como fachada.
El exfiscal Aldo Quezada Cerruti reveló ante la fiscalía que las 32 maletas que habían llegado al aeropuerto Viru Viru contenían sustancias modificadas genéticamente (marihuana) y eran de propiedad de Romer Saucedo; fueron embarcadas en un jet privado que salió desde California (Estados Unidos) con destino de Santa Cruz.
La investigación detalla los planes de los implicados para comercializar el producto en mercados extranjeros tras un complejo procedimiento de transformación.
Quezada especificó que «de un proceso de frío industrial se extraía una marihuana que era liquida y lista para envasar en vapes o cigarros electrónicos para venderse en un mejor precio en Brasil y en otros países».
La declaración también expone las altas expectativas económicas que manejaba la red delictiva dentro del territorio boliviano. El testigo afirmó que «se iba a ganar mucho más dinero con eso, por eso Hebert Zeballos estaba encargado de montar una fábrica de hielo en su empresa como pantalla».
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En su declaración, el exfiscal dio detalles de la escala del vuelo privado en San Ramón y un presunto movimiento financiero de $us 200.000 vinculados la operación.
Además, en su declaración Quezada se refirió a la utilización de influencias para destrabar la salida de los implicados y el manejo de los permisos requeridos. La declaración señala textualmente que «el día de la tramitación del permiso ya mi persona no se encontraba en el Palacio, me encontraba en mi casa solo le recibí las llamadas, Romer Saucedo Gómez me llama y me ordena que le demos curso».
Los fiscales a cargo del caso analizan los nexos entre funcionarios para facilitar trámites que contravenían los procedimientos legales establecidos.
En este sentido, Quezada señaló que «la llame a Laura Rojas para decirle que ese permiso iba a salir al día siguiente».
Ante los indicios recabados en las últimas horas, la Fiscalía determinó formalizar la modificación en la situación jurídica de los involucrados en el proceso. La resolución concluye que se dispone «la ampliación de las investigaciones en contra de Aldo Ismael Quezada Cerruti por la presunta comisión de los delitos de tráfico de sustancias controladas y asociación delictuosa y confabulación».
