Las filtraciones bolivianas, una por una


Un país filtrado. Entre agosto y noviembre, un grupo de atacantes reivindicó el robo de bases de datos de 20 instituciones bolivianas. Salud, defensa y justicia concentran los casos. Con veintisiete filtraciones en cuatro meses, este es el mapa de lo expuesto.

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Fuente: elpais.bo

 



Entre el 2 de agosto y el 14 de noviembre de 2026, un usuario que firma como konata_izumi_shell, vinculado al grupo MortemTeam, publicó en el canal de Telegram KonataIzumiLeaks y en el foro clandestino DarkForums 27 bases de datos atribuidas a 20 instituciones bolivianas. Algunas las regaló; otras las puso a la venta y, cuando publicó el precio, pidió entre 100 y 200 dólares, pagaderos en criptomonedas.

Las cifras son las que declaran los atacantes y ninguna ha sido auditada. La Cancillería admitió el 16 de noviembre un incidente de seguridad informática, y el SENARECOM informó al día siguiente de accesos no autorizados a su plataforma; el Ejército y la Cámara de Senadores no se habían pronunciado. El colectivo Hacking Bolivia alertó públicamente el 15 de noviembre sobre los últimos casos, y el servicio de monitoreo Dark Web Informer documentó al menos dos de ellos.

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El patrón

La primera oleada fue la más intensa: diez bases publicadas el mismo día, el 2 de agosto. Siguieron siete entre agosto y septiembre, cuatro en octubre y seis en noviembre.

La salud es el sector más golpeado. El Ministerio de Salud y Deportes aparece cinco veces —por el SUS, los certificados de nacimiento y defunción, el Bono Juana Azurduy, el programa de salud rural y su personal— y a eso se suman tres seguros de salud: COSSMIL, el Seguro Social Universitario de La Paz y la Caja de Salud de la Banca Privada. Ocho de las 27 filtraciones involucran datos sanitarios.

Le siguen la defensa, con cuatro casos (dos de la Armada, COSSMIL y el Ejército), y la justicia, con dos del Órgano Judicial. En noviembre, los objetivos se concentraron en el núcleo del Estado: el Órgano Judicial, el Senado, el registro de minerales, el Ejército y la Cancillería.

De las 27 bases, seis se ofrecieron a la venta: el SUS, el padrón educativo, la Defensoría del Pueblo, BancoSol, los expedientes judiciales y los archivos de la Cancillería. Las otras 21 se difundieron gratis.

Un apunte. La Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL) ya había sufrido en noviembre de 2025 un ataque de ransomware atribuido a otro grupo, por lo que parte de lo publicado podría ser material reciclado.

La lista

2 de agosto

  • Sistema Único de Salud (SUS): 8.469.080 registros de población con carnet, domicilio y teléfono; a la venta por 100 dólares.
  • Ministerio de Educación: 6.943.640 estudiantes con su historial escolar; a la venta por 150 dólares.
  • Bono Juana Azurduy (Ministerio de Salud y Deportes): 1.154.135 madres titulares.
  • Ministerio de Salud y Deportes: más de 540.000 certificados de nacimiento y 155.000 de defunción, con causas de muerte.
  • Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM): 526.048 archivos de beneficiarios de subsidios, con registros de huellas dactilares.
  • Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL): 65.397 militares y familiares, con 57.861 fotografías de carnet.
  • Servicio Social de Salud Rural Obligatorio (SSSRO): 41.406 internos de carreras de salud.
  • Armada Boliviana: 10.616 evaluaciones médicas de su personal.
  • Administradora Boliviana de Carreteras (ABC): más de 9.000 informes de accidentes, con ubicación, placas y fotografías.
  • Agencia Boliviana Espacial: más de 4 GB de reportes operativos, además de la desfiguración de uno de sus sitios web.

Agosto y septiembre

  • Gobernación de Santa Cruz: 28.157 funcionarios del sistema de planificación TAJIBO (11 de agosto) y más de 160.000 manipuladores de alimentos con exámenes médicos y fotografías (17 de agosto).
  • Órgano Judicial: más de 22.000 archivos de peritos, intérpretes y traductores, con fotos y firmas (12 de agosto).
  • Agencia Estatal de Vivienda: 36.046 funcionarios (12 de agosto).
  • Armada Boliviana: más de 18.000 documentos de personal y sus familias (15 de agosto).
  • Unidad de Investigaciones Financieras: unos 1.900 funcionarios y 1.800 empresas del sistema Caronte (30 de agosto).
  • Defensoría del Pueblo: más de 220.000 denuncias ciudadanas, 430 GB; a la venta (1 de septiembre).

Octubre

  • Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB): 1.995.818 clientes (14 de octubre).
  • Seguro Social Universitario de La Paz: 19.890 asegurados (18 de octubre).
  • Caja de Salud de la Banca Privada: 113.511 asegurados y 45.403 fotografías (19 de octubre).
  • BancoSol: 488.487 clientes y 11,8 millones de transacciones; a la venta (23 de octubre).

Noviembre

  • Órgano Judicial: 6.849.868 expedientes de 2000 a 2026; a la venta por 200 USDT (2 de noviembre).
  • Ministerio de Salud y Deportes: 145.496 trabajadores de establecimientos de salud (7 de noviembre).
  • Cámara de Senadores: 2.652 funcionarios (11 de noviembre).
  • Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (SENARECOM): 654.414 compradores y vendedores de minerales (13 de noviembre); la entidad confirmó accesos no autorizados y verifica la integridad de sus registros.
  • Ejército de Bolivia: más de 6 GB de documentos internos (14 de noviembre).
  • Ministerio de Relaciones Exteriores: 619.143 expedientes de extranjeros, 170 GB; a la venta por 150 USDT (14 de noviembre).

Lo que falta

La lista describe lo que los atacantes dicen tener, no lo que efectivamente salió. Solo una auditoría oficial puede confirmar el alcance de cada caso, establecer desde cuándo estaban expuestos los sistemas y determinar si ya fueron corregidos. Hasta ahora, ninguna institución ha informado a las personas cuyos datos figurarían en estas bases.