Denuncian que hubo un plan contra los líderes cruceños. Montenegro sospecha de accidente fatal. Fiscal no descarta anotar los bienes del entorno de Rózsa. Diputados masistas recomendaron investigar a Rubén Costas, Branko Marinkovic, Germán Antelo, Mauricio Roca, Eduardo Paz y Guido Náyar
Juan Carlos Gueder (izq.) y Alcides Mendoza (der.) permanecen detenidos en La Paz.
Denuncian que hubo un plan contra los líderes cruceños
El Deber
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Marco Chuquimia
Los ex unionistas Juan Carlos Gueder y Alcides Mendoza denunciaron un plan gubernamental denominado Navidad Autonómica que pretendía el descabezamiento de la dirigencia cruceña y que empezó en 2007, con la participación de unidades policiales, militares y del Poder Ejecutivo.
“Hay más documentos que demuestran que el Gobierno tenía un plan para sacar a los dirigentes que lucharon por la autonomía”, dijo Gueder desde su celda en la Policía Judicial.
Dos cartas del Consejo Nacional de Lucha Contra el Narcotráfico, fueron el respaldo que entregó Gueder. La primera está fechada el 10 de diciembre de 2007, en la que supuestamente se instruye a la fuerza antidroga iniciar “diligencias en contra de los sujetos señalados como cabecillas de los movimientos autonómicos separatistas de los departamentos de Santa Cruz, Pando, Beni y Tarija, y de sus familiares”. Para justificar esos operativos, prosigue la misiva, “los grupos operativos contarán con ciudadanos-testigos de cargo que proporcionarán los estados mayores del instrumento en cada lugar de juzgamiento”.
La segunda carta está fechada en marzo de 2008 y recuerda que los jefes militares deben coordinar e informar a la jerarquía política sobre los resultados del plan, que supuestamente fue iniciado en diciembre de 2007.
El abogado de Gelafio Santistevan, Oswaldo Rojas, anunció que hoy entregará las ‘pruebas’ anunciadas al fiscal de Distrito de Santa Cruz y que la documentación entregada por los dos ex unionistas es parte de un ‘cúmulo de pruebas’ que saldrán en los siguientes días.
Montenegro denuncia que accidente fatal es sospechoso
El Día
ANF. El diputado de Podemos, Bernardo Montenegro, miembro de la comisión que investiga el caso de terrorismo, denunció ayer que existen muchas sospechas en el accidente de tránsito ocurrido el martes en el que perdió la vida uno de sus asesores, Johnny Morales, y su acompañante Ramiro Soria, quedara en terapia intensiva.
En declaraciones a los medios, Montenegro negó que sus asesores hayan estado bajo influencia de bebidas alcohólicas, como lo afirmara un jefe policial, situación que después fue desvirtuada.
Montenegro se preguntó cómo es que ocurrió el accidente si no existe más vehículo involucrado que el de él, precisamente en el que se iban a trasladar hasta Puno, Perú, para tomar un avión que los llevaría luego hasta Europa, donde tenían previsto reunirse con los familiares de los supuestos terroristas Árpád Magyarosi y Michel Dwyer, quienes fueron ajusticiados ilegalmente en el hotel La Américas, el 16 de abril, en un operativo policial.
Johnny Morales era vital para Montenegro. Estaba organizando la agenda de su viaje a Europa para investigar nuevos detalles en el caso de Eduardo Rózsa.
Por otro lado, ayer el presidente de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados que investiga el caso de terrorismo en Bolivia, César Navarro, aseguró que la próxima asamblea legislativa plurinacional deberá darle continuidad al seguimiento en el caso.
Sin embargo, el diputado opositor y miembro de la comisión, Pablo Banegas, dijo que continuarán acumulando evidencias porque esa es la función fiscalizadora que tienen los parlamentarios hasta que concluya su mandato.
Soza no descarta anotar los bienes del entorno de Rózsa
Terrorismo: Se recomendó a la Fiscalía investigar a Rubén Costas, Branko Marinkovic, Germán Antelo, Mauricio Roca, Eduardo Paz y Guido Náyar
La Prensa
El fiscal Marcelo Soza, que dirige la investigación referida al grupo de Eduardo Rózsa Flores, no descarta aplicar las medidas cautelares, como la anotación preventiva de bienes y otras, contra todas las personas naturales y jurídicas sobre las que pesen indicios o existan pruebas de responsabilidad.
Soza no recibió aún el informe de la comisión multipartidaria formada en la Cámara Baja para indagar detalles acerca de este tema, documento que “recomienda al Ministerio Público investigar a los ciudadanos Branko Marinkovic, Rubén Costas, Eduardo Paz, Mauricio Roca, Germán Antelo y Guido Náyar”.
Marinkovic presidió el Comité Pro Santa Cruz y Costas es prefecto, en tanto que Paz dirige la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), y Roca, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO);Antelo lideró la Cooperativa Rural de Electrificación de Santa Cruz (CRE) y Náyar es el principal dirigente de la Federación de Ganaderos de ese departamento (Fegasacruz).
El plenario de la Cámara de Diputados aprobó el miércoles por la noche el reporte en cuestión. Soza desconocía ese hecho, pero admitió que le corresponde esperar su recepción oficial si es que los parlamentarios hubieran resuelto hacerle llegar una copia del legajo.
El representante del Ministerio Público indicó que la anotación preventiva de las pertenencias de los presuntos involucrados “es una de las medidas cautelares consignadas en las leyes vigentes y que se ratifica con un reciente decreto”.
Inclusive es posible que la incautación alcance a los bienes utilizados para la comisión de determinados actos delictivos, siempre y cuando los indicios que se encuentren en el curso de la investigación permitan llegar a esa conclusión.
“Sin embargo, quiero aclarar que estoy hablando sobre supuestos. Esto no quiere decir que vaya a aplicar una medida concreta. Estoy hablando en general”.
La comisión partidaria sugirió también que se cite a declarar a Alberto Melgar, presidente cívico del Beni; Juan Carlos Suárez, dirigente de la Federación de Ganaderos del Beni; Zoilo Salces, asesor del Comité Cívico beniano; Moisés Shriqui, alcalde de Trinidad; Carlos Dellien, funcionario prefectural; además de los ciudadanos Edwin Burce e Isaac Shriqui, quienes no concurrieron a declarar ante los diputados.
Diputados sugiere a la Fiscalía tomar declaraciones a 7 benianos.
Savina Cuéllar no fue incluida en lista de involucrados
La prefecta del departamento de Chuquisaca, Savina Cuéllar, no fue involucrada en el caso de presunto terrorismo, pese a que los integrantes de la comisión multipartidaria que investigó tales hechos rastrearon en Sucre la presencia de Eduardo Rózsa Flores.
Los miembros de la comisión se presentaron en Sucre el 5 de octubre para tomar declaraciones a los ciudadanos Juan Luis Gantier, Tomy Durán, Carlos Ustárez y Luis González.
Se sospechaba que Rózsa Flores, bajo un nombre y nacionalidad falsos, junto a otra persona fueron contactados por el ex cívico cruceño Branko Marinkovic, que llegaron a Sucre en una avioneta particular y que se reunieron con asesores de la campaña electoral de Cuéllar, Durán Ustárez y González, en tanto que Gantier los hospedó en su hotel.
Sin embargo, se comprobó que la persona sindicada de ser Rózsa Flores es un ciudadano español de bigote y la segunda persona es un ciudadano mexicano, ambos radican en la capital.
El presidente de la comisión, el oficialista César Navarro, declaró el 30 de septiembre a la agencia estatal ABI que se conocía una cuenta bancaria en el Banco Ganadero en Sucre a nombre de Savina Cuéllar Leaños y otras dos personas, a la que en el mes de junio de 2008 se depositó 300.000 bolivianos para las actividades proselitistas previas a los comicios de la Prefectura chuquisaqueña.
“El depósito más grande es de 188.000 bolivianos, consignado por una mujer que se apellida Avendaño. Incluso la empresa Brinks depositó la suma de 56.000 bolivianos”.
Fiscal citará a diputados oficialistas por caso Karen
PROCESO • La policía “Karen” planteó una demanda por uso de instrumento falsificado.
La Razón
La Fiscalía citará a declarar a diputados del oficialismo para establecer si también recibieron los documentos sobre el operativo del 16 de abril, que la policía de la ex Utarc Marilyn Vargas, Karen, niega haberlos enviado, informó el fiscal Prudencio Flores.
“No está descartado citar a otros parlamentarios (del oficialismo)”, insistió la autoridad, un día después de que declarara la diputada Marisol Abán.
La legisladora junto a sus colegas Bernardo Montenegro y Pablo Banegas fueron acusados de los delitos de falsedad material y uso indebido de influencias por haber, supuestamente, afirmado que Karen envió documentos sobre el operativo en el que murieron Eduardo Rózsa y sus cómplices.
Los parlamentarios son parte de la comisión multipartidaria que coadyuvó en la investigación sobre el caso terrorismo. Flores dijo que también se convocaría a funcionarios de la cámara.