En Bolivia la ley cambia caprichosamente o no se respeta; el que entra en el juego no sabe cómo va a salir o qué reglamentos le cambiarán…
Editorial La Prensa y El Deber
Hace una semana solicitamos gestión por parte del Gobierno. Creemos haber interpretado la voluntad de la gente, que anhela acciones concretas luego de tanta acción política y electoral.
Mientras se ajustan los mecanismos necesarios para lograr esa gestión que el pueblo requiere, surgen rumores y contradicciones que gratuitamente vuelven a agitar las aguas. Nos referimos específicamente al delicado tema de la administración de los fondos de pensiones, que ha causado un justificado revuelo en la ciudadanía. No es para menos. Gran parte de la masa laboral hace sus aportes y confía en disponer, sobre la base de dichos aportes, de una digna renta de vejez. El vicepresidente García Linera salió al paso e intentó calmar las aguas. Veremos qué sucede en los próximos días con este asunto tan delicado y que involucra los ahorros privados de más de un millón de personas.
El hecho comentado —y que aún está en el tapete— nos trae a colación otro tema tan importante como la necesaria gestión de Gobierno que ya hemos reiterado. Se trata de la necesidad impostergable de ofrecer reglas claras y transparencia jurídica. En Bolivia todo cambia de un momento a otro. Ni empresarios, ni artesanos ni el simple ciudadano saben a qué atenerse. Nadie puede planificar un mañana si súbitamente las reglas son cambiadas a lo largo del proceso o sin notificación previa.
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Como tantas veces se ha dicho, la estabilidad jurídica es tan vital como la estabilidad económica. La primera brinda certeza acerca del accionar, con reglamentos, pautas y procedimientos claramente definidos e inmutables por lo menos en el corto plazo. La segunda provee el marco esencial para la actividad productiva de los agentes económicos que generan producción y empleos. En Bolivia tenemos —felizmente y desde hace tiempo— una envidiable estabilidad económica, tal vez una de las mejores y más sólidas de Sudamérica. Carecemos, sí, de estabilidad jurídica. La ley cambia caprichosamente o no se respeta; el que entra en el juego no sabe cómo va a salir o qué reglamentos le cambiarán a lo largo del camino. Actuar así linda con la intrepidez y con lo irracional. Empero, es el accionar obligado de la bolivianidad en todos los niveles, forzada a moverse según el cambio inoportuno, súbito o caprichoso, de reglas del juego. Esto debe terminar. La gente exige estabilidad en todos los órdenes y, sobre todo, saber a qué atenerse. Sea el tema de las pensiones o cualquier otro, el pueblo debe saber de qué se trata. Asimismo, al pueblo boliviano tampoco se lo debe alarmar gratuitamente con cuánto rumor sale de la boca desaprensiva de algún funcionario público.
Gestión sí y dicen que la gestión administrativa está en proceso. Ojalá. Reglas claras y permanentes para todos también se demandan con ansiedad. Sin la dupla que forman la gestión administrativa eficaz y el compromiso de mantener reglas cristalinas y perdurables, ninguna sociedad puede funcionar adecuadamente. Esperemos que así lo entiendan quienes nos gobiernan y se termine esta zozobra que nos acosa a diario.