Analistas políticos coinciden que puede ser una forma de blindar a los masistas y perseguir a los opositores.
Polémica por ampliar poder al Procurador
Normativa. La Procuraduría tomará acción en defensa del Estado cuando el daño sea superior a los Bs 7 millones y cuando lo solicite el Presidente.
EL DÍA, Santa Cruz
Ref. Fotografia: Poderes. La ALP le atribuyó mayores atribuciones al procurador general del Estado, Héctor Arce.
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La reforma a la Ley de la Procuraduría del Estado para dar mayor poder a su representante, generó polémica entre expertos en el análisis político y la oposición.
Esto teniendo en cuenta la normativa que fue aprobada la pasada semana por la Cámara de Diputados. La ley señala que el Procurador General del Estado queda habilitado para instaurar defensa del Estado cuando el daño económico sea superior a los Bs 7 millones.
Además, cuando el presidente Evo Morales así lo solicite, tanto para procesos judiciales y extrajudiciales del Estado.
El Gobierno está tomando previsiones. El periodista y analista, Humberto Vacaflor, comentó que esta normativa es una muestra de que el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) está tomando sus propias previsiones ante posibles irregularidades.
“Es para protegerse entre ellos, caso contrario, no se puede explicar esta medida extraña, además de que se viene el asunto de la re-re-reelección del jefe de Estado”, comentó Vacaflor.
Indicó que también demuestra que se está entrando a una época muy tensa, donde el aparato gubernamental se vea forzado de conseguir otra reelección del mandatario antes de fin de año.
Dijo que es una probabilidad que se busque vulnerar la Constitución Política del Estado y algunas leyes y por eso son estas reformas a la Ley de la Procuraduría.
Además, aseveró que sería la creación de otros atribuciones para que su autoridad Héctor Arce y sus subalternos, comiencen a perseguir a líderes de la oposición.
Es para ampliar su poder y control. En esa línea, el politólogo Carlos Guzmán, afirmó que la finalidad de la actual gestión del Presidente del Estado, poco a poco irá modificando articulados de algunas leyes con el fin de ampliar su poder y control.
Aclaró que si bien el Procurador debe ser defensor de los intereses del Estado Plurinacional, sin embargo, no debe sobrepasar a los ciudadanos bolivianos.
Guzmán aconsejó que la autoridad de la Procuraduría debería buscar medidas más preventivas a los perjuicios que se les pudiera presentar al Estado y no tener “superpoderes” para someter a la población boliviana.
Apuntó que esto significa tener el control político, jurídico, constitucional, puede llegar a atropellar los derechos fundamentales de la población.
Indicó que lo ideal, es que el Procurador fiscalice a los funcionarios de las instituciones públicas, pero esa institución está al mando de un hombre fuerte del MAS, de mucha confianza del mandatario boliviano y listo para actuar.
El problema está en el interinato. Asimismo, el cientista político Alejandro Balcázar, explicó que el principal debate debería estar centrado en cambiar a las autoridades interinas, porque se estaría dando poderes a una autoridad ilegal designada por el dedo del primer mandatario.
“Es lamentable que hay muchas autoridades interinas tal como el Procurador, el Contralor, el presidente de YPFB y el titular de Impuestos Nacionales, entre otros”, comentó Balcázar.
Dijo que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debe proponer nombres que sean aprobados por los dos tercios para que el presidente Morales defina en base a las ternas propuestas.
Balcázar sugiere hacer una cruzada en el Parlamento Nacional para empezar a nombrar a los titulares, ya que los interinos al cumplir 6 años, sus actuaciones quedan al margen de la ley y la Constitución Política del Estado boliviano.
Sin embargo, recordó las declaraciones del vicepresidente Álvaro García Linera, que no iban a nombrar a los titulares, “porque mejor se trabaja con los interinos”, por ser funcionales al poder.
Es positivo si fuera para defender al Estado. Por su parte, el analista político, Pablo Javier Deheza, considera que si las reformas a la Ley de la Procuraduría tenga fines esenciales de la defensa del Estado, es una medida positiva.
“Tal es el caso de la defensa técnica al Estado cuando se registren malos manejos o demandas interpuestas por terceros, entonces es una medida acertada”, comentó.
Deheza aclaró que si estas reformas de darle mayor poder al Contralor, sea utilizado de manera política para intervenir con persecuciones, entonces las reformas a la normativa tienen otros fines, como interferir en el ámbito privado. Por ello, idealmente espera que esta ampliación de poderes esté enfocado con la finalidad del aparato gubernamental de fortalecer a la institución.
Debe defender el Estado contra este Gobierno. Para la diputada Norma Piérola, jefa de bancada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), el procurador Arce debe defender el Estado contra las ilegalidades del gobierno del MAS.
Tomó como ejemplo la lucha contra las barcazas y remolcadores, en la que se perdieron $us 40 millones, las compra de helicópteros y armas militares con crédito del Gobierno chino. Además de la adquisición del satélite Túpac Katari por $us 320 millones y otros $us 120 millones por seguro de órbita que no les garantiza al pueblo boliviano.
Lamentó la inacción del Procurador ante las irregularidades del gobierno de Morales, “y lo único que se ha hecho es incrementar el aparato burocrático de las subprocuradurías en el territorio nacional”.
Cerró 10 procesos de arbitraje. Por otro lado, hace unos días, el procurador general, Héctor Arce, dijo en Santa Cruz, que la entidad que representa cerró 10 procesos de arbitraje por la nacionalización de empresas que estaban en manos de privados. Por lo que tuvo que pagar $us 800 millones.
Normativa
¿Quién es la autoridad de la Procuraduría General del Estado?
Ley. Artículo 11. I. La Procuradora o el Procurador General del Estado, es la máxima autoridad de la Procuraduría General del Estado y la o el Representante Legal del Estado en la defensa de los derechos, intereses y patrimonio de Bolivia, en el marco de las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado y la presente Ley. La representación la ejerce sin necesidad de mandato expreso en procesos judiciales, extrajudiciales, conciliatorios, procesos arbitrales y administrativos en el ámbito de su competencia, todo dentro las restricciones que establecen las leyes.
II. El Procurador es designado por la Presidenta o el Presidente del Estado mediante Decreto Presidencial, conforme lo establece el Artículo 230 de la Constitución Política del Estado.
III. El Procurador ejercerá sus funciones por seis años, sin posibilidad de nueva designación.
Ley de la procuraduría general
Las funciones son defender los intereses del Estado
Ley de la procuraduría general. Artículo 8. Son funciones de la Procuraduría General del Estado:
1. Defender judicial y extrajudicialmente los intereses del Estado, asumiendo su representación jurídica e interviniendo como sujeto procesal de pleno derecho en todas las acciones judiciales, extrajudiciales o administrativas, sea en resguardo de la soberanía, de los bienes del patrimonio e intereses del Estado, en particular, en materia de inversiones, derechos humanos y medio ambiente, asumiendo defensa en cualquier conflicto entre el Estado y personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras que demanden al Estado boliviano.
2. Tener a su cargo el registro de procesos judiciales en los que sea parte la administración del Estado.
3. Supervisar y evaluar el ejercicio de las acciones jurídicas y de defensa que realizan las unidades jurídicas de la Administración Pública, en todas sus instancias y niveles, únicamente respecto a los temas de su competencia.
4. Requerir a los servidores públicos, y a las personas particulares, que tengan relación con el Estado, la información que considere necesaria a los fines del ejercicio de sus atribuciones.
5. Solicitar el inmediato inicio de un proceso administrativo para el establecimiento de responsabilidades por el ejercicio de la función pública, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes, en los casos de negativa a la otorgación de la información requerida, por parte de servidoras o servidores públicos.
6. Atender denuncias y reclamos de la ciudadanía.
Punto de vista
Nicolás Ribera
Ex Vicepresidente Cívico
«Es reconcentrar el poder»
“Se está produciendo de manera paulatina una desconcentración del poder en torno al presidente Evo Morales.
Cada vez se reduce el círculo, que aparentemente tiene como base a la acumulación primaria de capital por la vía de la asociación de los bienes públicos.
El caso más evidente es el de la Federación Sindical de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, que deciden devolver Bs 5 millones por el manejo del Fondo Indígena, cuando de acuerdo a la información del Contralor General, el desfalco ronda más de Bs 70 millones.
Esto demuestra que cada vez se cierran los círculos para la autoprotección y conservación del régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS). Lo que significa, que el fondo de las reformas de la Ley de la Procuraduría, dando mayores atribuciones al Contralor, es blindarse a sí mismo.
Teniendo en cuenta que los casos son más grandes y contundentes y eso obedece a generar las condiciones del autocontrol y autoprotección en torno a sus operadores políticos. Eso contradice toda posibilidad de democratización real del poder frente a todo el avance que hay en otros sectores de la sociedad, que están exigiendo que el Estado se vuelva más transparente y eficiente. Además, todas las medidas que toma el aparato gubernamental y sus operadores, es seguir concentrando el poder.
También tiene fines de persecución a los adversarios del régimen».