La lista de dirigentes políticos y cívicos perseguidos judicialmente creció con tres nuevos nombres de candidatos opositores a alcaldes y gobernadores en las ciudades de Pando, Sucre y Santa Cruz.
John Cava.
El Diario
En menos de 24 horas activan juicios contra líderes opositores
• Paolo Bravo, candidato a Gobernador en Pando, fue demandado por prefecto Bandeiras.
• John Cava compareció ante la Fiscalía de La Paz.
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• Alistan aprehensión contra candidato a alcalde del MNR, Gary Prado en Santa Cruz;
• Diputado opositor Alejandro Zapata, será imputado a pedido del Gobierno.
La lista de dirigentes políticos y cívicos perseguidos judicialmente creció con tres nuevos nombres de candidatos opositores a alcaldes y gobernadores en las ciudades de Pando, Sucre y Santa Cruz. La oposición denunció persecución del MAS con fines políticos para evitar que los opositores saquen del camino a los candidatos oficialistas.
En las últimas horas, el prefecto de Pando, Rafael Bandeiras, presentó una querella criminal contra el candidato opositor a Gobernador por ese departamento y ex senador de Podemos, Paulo Bravo, bajo cargos de “sedición”, al denunciar la compra y distribución de alimentos con recursos del Estado durante la campaña de las elecciones de 2009.
“Esto es una persecución, es un abuso el utilizar la justicia para amedrentar a la oposición”, dijo Pinto al advertir que cualquier denuncia debería ser procesada en Cobija y no en la Sede de Gobierno, donde la Fiscalía del Distrito de La Paz alista una orden de citación contra el candidato opositor.
A su vez, Bravo manifestó que prefiere ir a la investigación para demostrar el uso de bienes públicos a favor de la campaña del MAS y pidió al Ministerio de Transparencia trasladarse a Cobija para verificar los actos de corrupción denunciados.
OTROS DOS MÁS
El candidato a gobernador de Chuquisaca y ex líder cívico John Cava, compareció ayer ante la Fiscalía del Distrito de La Paz a requerimiento del fiscal Félix Peralta, que investiga una denuncia de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) de presunta extorsión a la empresa constructora Alfa Sudamericana por 5.000 bolivianos.
Cava negó ese extremo y se acogió al derecho del silencio. No declaró porque desconoció la competencia del Fiscal paceño, debido a que en Sucre otro fiscal tomó conocimiento del asunto que recién fue abierto en La Paz y atribuyó el accionar del Ministerio Público a una persecución política para perjudicarlo en su candidatura a la Gobernación.
Otro de los advertidos por el fiscal Marcelo Soza, fue el candidato a alcalde Gary Prado (hijo) del opositor MNR, en el marco de las investigaciones del caso terrorismo. Según Soza, Prado figura en la lista de teléfonos celulares del gerente de Comunicaciones de Cotas, Hugo Vásquez, quien supuestamente cotizó armas para proporcionar al líder del grupo irregular del húngaro Eduardo Rosza Flores, acribillado por la Policía de Santa Cruz en abril 2009.
El fiscal Soza dijo que pese a ser notificado, Prado no se presentó, por lo que alista un mandamiento de aprehensión que librará en las siguientes horas para que la Policía Boliviana lo capture y lo traiga hasta la Sede de Gobierno.
Prado manifestó desde Santa Cruz que no fue notificado y que no se trasladará a La Paz, atribuyendo las acciones del fiscal Soza a una actitud de persecución política ordenada por el Ministerio de Gobierno.
El jueves 4 de marzo, el ex secretario general de la Prefectura de La Paz y actual diputado opositor, Alejandro Zapata, compareció ante el fiscal paceño Félix Peralta, acusado por el delito de malversación de 89 millones de dólares que habría cometido en el ejercicio de sus funciones.
Peralta alista una imputación formal sobre la base de informes de la Contraloría, resoluciones prefecturales, documentos y comprobantes de ejecución presupuestaria sin orden de los ex consejeros.
En su descargo, el legislador dijo que todos los dineros desembolsados y las obras ejecutadas tenían aval presidencial.
LISTA DE LÍDERES POLÍTICOS
Los cuatro dirigentes políticos de oposición se suman a una larga lista de autoridades y ex líderes cívicos demandados a instancias del gobierno de Evo Morales, mientras otros salieron del país por considerar que no existen garantías ni una justicia imparcial.
Los ex prefectos Ernesto Suárez del Beni, Mario Cossío de Tarija, Rubén Costas de Santa Cruz, tienen procesos en desarrollo en la justicia ordinaria a instancias del Ministerio de Transparencia, en tanto que la prefecta de Chuquisaca, Savina Cuéllar, es motivo de investigación en niveles de Gobierno.
El ex prefecto de Pando, Leolpoldo Fernández, fue recluido en la cárcel de San Pedro de La Paz por los hechos ocurridos en Cobija, cuando el Consejo Nacional Democrático (Conalde) del que formaba parte, mantenía una fuerte disputa con el Gobierno por la reducción a las regiones del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y la autonomía departamental en 2008.
Salieron del país el ex prefecto de Cochabamba y ex candidato presidencial del PBB, Manfred Reyes Villa, enjuiciado por presuntos casos de corrupción durante su gestión prefectural; y el ex prefecto de La Paz, José Luis Paredes, para evitar su aprehensión.
MÁS PERSEGUIDOS
También son objeto de persecución los líderes cívicos regionales como Branko Marinkovic, Lorgio Balcázar y Guido Náyar; Mauricio Roca, presidente de la CAO; Mauricio Paz, presidente de la Cainco en Santa Cruz por el caso terrorismo. Alberto Melgar de Beni; Ana Melena de Suzuki de Pando, por presuntamente incentivar a la toma de instituciones públicas en defensa del IDH regional.
El gobierno del MAS también logró descabezar al movimiento cívico opositor en Chuquisaca, donde el ex presidente del Concejo Municipal, Fidel Herrera y la alcaldesa de Sucre, Aidée Nava, fueron sus máximos exponentes.
Herrera guarda detención en una cárcel de Sucre por una antigua denuncia de violación, que fue activada por la actual candidata a alcaldesa de La Paz, Elizabeth Salguero, entonces presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. En tanto Nava enfrenta un juicio por disponer 800 bolsas de cemento sin autorización legal, investigación promovida por los dirigentes campesinos del MAS en Sucre.
En su momento, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Wilfredo Chávez, fijo la posición gubernamental, indicando que “es una falacia indicar que el Órgano Ejecutivo persigue porque no es juez ni fiscal, sino que el procedimiento judicial lo promueven los fiscales”.