Emilio Martínez*
En Bolivia, el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) utilizó ampliamente un supuesto intento de alzamiento armado o autodefensa en Santa Cruz de la Sierra para estigmatizar a la oposición política y a diversos sectores de la sociedad civil. Ahora, el régimen del coronel Hugo Chávez parece estar implementando el mismo método para la persecución de sus críticos, como en el caso del Ing. Alejandro Peña Esclusa, dirigente socialcristiano que denuncia desde 1997 los vínculos del mandatario bolivariano con las FARC.
El 16 de abril del 2009, un operativo de la Policía boliviana ordenado por Evo Morales abatió a tiros en el Hotel Las Américas al húngaro-boliviano Eduardo Rozsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el rumano Árpad Magyarosi. También se capturó al boliviano-croata Mario Tadic y al húngaro Elod Toaso, presos hasta el día de hoy en el Penal de San Pedro.
Aunque la versión oficial habló de un enfrentamiento con los “terroristas”, un peritaje realizado por expertos húngaros demostró que los cuerpos presentaban heridas de bala en la espalda y otras con trayectoria vertical, lo que indicaría una ejecución. De la misma forma, empleados del hotel aseguran no haber encontrado marcas de disparos hacia las puertas por donde entraron los efectivos policiales, sino únicamente en dirección a los cuerpos de los abatidos.
La investigación posterior desarrollada en Bolivia, en medio de frecuentes denuncias de manipulación gubernamental de la justicia, no parece reunir las garantías de transparencia ni del debido proceso. El testigo estrella del caso, Ignacio Villa Vargas alias “El Viejo”, un infiltrado del Ministerio de Gobierno en el presunto grupo irregular que lideraba Rozsa, fugó del país y en una conversación telefónica con el diputado Wilfredo Añez -grabada por este último- reveló que todo el caso fue montado por el hermano del vicepresidente, Raúl García Linera.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El affaire Rozsa también generó la protesta de las cancillerías de Irlanda y Hungría, y los representantes irlandeses lo están llevando ante el Parlamento Europeo y el Tribunal de La Haya. En este contexto, donde parecen haber implicados tanto de la oposición como del gobierno, la única posibilidad de encontrar la verdad sería una investigación internacional.
Recientemente, el gobierno venezolano detuvo a Alejandro Peña Esclusa, líder opositor presidente de Fuerza Solidaria y cabeza de la Unión de Organizaciones Democráticas de América (UnoAmérica), federación de ONGs latinoamericanas antichavistas. El operativo del servicio de inteligencia (SEBIN) fue realizado con la excusa de una pretendida vinculación entre Peña Esclusa con el salvadoreño Sánchez Abarca, según el régimen asociado al anticastrista Posada Carriles.
Al igual que en el caso Rozsa, el supuesto móvil de los “complotados” venezolanos sería el “magnicidio”, cargo que en Bolivia no logró sustentación y fue siendo sustituido gradualmente por el de “separatismo”.
Claramente se está utilizando un método similar al aplicado en Bolivia, a manera de “know how” para la estigmatización de opositores. Adicionalmente, el gobierno de Chávez pretende implicar a Peña Esclusa con el caso boliviano, aduciendo que representantes de UnoAmérica habrían tenido contacto con Eduardo Rozsa Flores. Lo cierto es que los delegados de esa federación de ONGs se hicieron presentes en el país en marzo de 2009 como parte de una comisión investigadora que tenía el cometido de relevar la denominada “matanza de El Porvenir”, en el departamento de Pando. El objetivo era dilucidar aspectos del conflicto violento que tuvo lugar en esa localidad del norte boliviano, no registrados por la misión de Unasur encabezada por el ex guerrillero del ERP argentino, Rodolfo Mattarollo.
Medios de comunicación cercanos a la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) y al Foro de Sao Paulo han intentado sugerir algún tipo de contacto entre uno de los integrantes de dicha delegación, el argentino Jorge Mones Ruiz, con Eduardo Rozsa Flores. Lo cierto es que Mones Ruiz se hizo presente en Santa Cruz como parte de la comisión mencionada, manteniendo entrevistas con refugiados del departamento de Pando en esa ciudad. Su condición de militar retirado, vinculado hace dos décadas al último motín “carapintada” sucedido en el gobierno de Carlos Saúl Menem, lo ha vuelto blanco de críticas y acusaciones infundadas.
En el caso boliviano, el enjuiciamiento a quienes participaron en la tentativa de conformación de una autodefensa regional es sin duda parte de las obligaciones legales de la justicia, pero la investigación debe incluir también a altos funcionarios de gobierno. En la citada detención de Venezuela la persecución es completamente injustificada, teniendo en cuenta la impecable trayectoria democrática e institucionalista de Alejandro Peña Esclusa. Una vez más, una investigación internacional e imparcial se impone como única modalidad posible de esclarecimiento de la verdad, a menos que se quiera legitimar el “método Rozsa” como procedimiento para el hostigamiento y anulación sistemática de opositores.
*Escritor y periodista, autor del libro “La masacre del Hotel Las Américas”.
ciudadanoxbolivia.blogspot.com