La regularización tendría que estar acompañado por el pago de tributos omitidos y de multa. Choferes federados e importadores legales se oponen

eju.tv/Video:Periodismo para todos

«Estaríamos de acuerdo» con un proyecto de ley que plantea la regularización de vehículos indocumentados, excepto aquellos motorizados robados o que estén vinculados a algún ilícito, afirmó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.

«Lo que habíamos planteado desde el inicio es que tiene que haber un proceso de regularización. Esta debería ser la última vez que se hace esto porque, evidentemente, no podemos seguir permitiendo el ingreso de vehículos indocumentados», afirmó la autoridad.

Por su parte, el diputado de Libre, Reinaldo Seas, presentó un proyecto de ley para la legalización y nacionalización de estos motorizados, argumentando que la medida generará millonarios ingresos para el Estado.

«Hemos presentado un proyecto de ley para la legalización, regularización y nacionalización de vehículos y maquinaria agrícola. Son más de 500.000 vehículos, lo que generaría un ingreso de 6.000 millones de dólares», explicó el legislador de la alianza del expresidente Jorge Quiroga.

Espinoza afirmó que el Gobierno está de acuerdo con esta iniciativa legal debido a que estos motorizados actualmente no pagan impuestos, pero sí consumen combustible subvencionado y utilizan la infraestructura vial.

«Entiendo que esta es una propuesta de un diputado de Libre, ante lo cual se le ha dicho que nosotros estaríamos de acuerdo, siempre y cuando se cumpla con el requisito de que no se nacionalice nada que provenga de lo ilegal o de hechos ilícitos. También deben pagar los tributos que se han omitido y algún tipo de multa porque, evidentemente, esto forma parte del desincentivo que debe existir contra el ingreso de vehículos indocumentados», añadió el ministro.

Sin embargo, la apertura de este debate fue rechazada por la dirigencia de los choferes y por los importadores de vehículos legales. «La realidad demuestra que en todo el territorio nacional ya no hay espacio ni para estacionar ni para trabajar. Nuestras calles están totalmente congestionadas», afirmó el dirigente de los choferes confederados, Lucio Gómez.

Para la Cámara Automotor Boliviana (CAB), esta medida legaliza el delito. «Quieren vender la idea de que es para la gente que no tiene recursos, que es una acción social; pero en realidad es un negociado, pues no solo hay autos pequeños, también hay avionetas, helicópteros, camiones y autos de lujo que no son para trabajar, es lavado de dinero», manifestó Erick Saavedra, presidente de la CAB.