La cuestión de las Áreas Protegidas (AP) centrará cada vez más el debate boliviano en los meses (y tal vez años) venideros. De un lado se encuentra la posición gubernamental, tendiente a una exploración intensiva y acelerada, que busca compensar el congelamiento de dicha actividad durante los últimos nueve años.Al frente, probablemente se encuentre un conservacionismo más o menos radical, basado en la intangibilidad de los Parques Nacionales y Áreas Protegidas.Es preciso que el país encuentre una posición intermedia, fundamentada en la necesidad de encontrar nuevas fuentes de recursos gasíferos, pero en el marco de una exploración prudente que tome en cuenta los impactos ambientales.Para esto, el campo de juego planteado por la administración de Evo Morales no parece ser el ideal. Tanto por el anunciado veto -so pena de expulsión- de las organizaciones ambientalistas, que deberían ser parte de la discusión, como por el instrumento jurídico escogido para habilitar la exploración.En efecto, un simple decreto presidencial no sería la herramienta legal adecuada para encarar la complejidad del problema, que en cambio requeriría la aprobación de una nueva Ley de Hidrocarburos, en cuyo proceso de elaboración y socialización deberían darse los necesarios esfuerzos concertadores…[email protected]