La difusión o publicación de estudios de opinión en materia electoral se puede realizar desde el 20 de mayo al domingo 10 de agosto.
Fuente: eju.tv
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilitó a 21 medios de comunicación para que realicen y difundan estudios de opinión en materia electoral de alcance nacional sobre los comicios generales a realizarse este 17 de agosto y para el cual existen hasta el momento 9 candidaturas, pero algunas de ellas tienen aún que resolver alguna situación legal o administrativa para habilitarse plenamente.
La normativa electoral vigente al respecto establece que la difusión o publicación de estudios de opinión en materia electoral se puede realizar desde el 20 de mayo al domingo 10 de agosto.
Según el Artículo 5. Del reglamento sobre el tema de difusión de estudios de opinión electorales, existen tres tipos de estudios de opinión en esa materia y son: a) Encuestas preelectorales: Son estudios cuantitativos de percepción ciudadana realizados con carácter previo a la votación, para conocer las preferencias electorales, la intención de voto y tipos de voto (voto blanco o nulo), respecto a determinadas organizaciones políticas, alianzas y candidaturas en un proceso electoral.
Las modalidades autorizadas para la realización de encuestas preelectorales con fines de difusión son las siguientes:
Encuestas presenciales: Son aquellas realizadas presencialmente (cara a cara) en los hogares de los informantes, que tengan un diseño muestral aleatorio y probabilístico, y que consideran algún tipo de selección aleatoria de los informantes.
Encuestas telefónicas: Son aquellas realizadas a través de llamadas a teléfonos fijos y/o teléfonos móviles entre el encuestador y el informante, normalmente con el apoyo de un programa informático para el registro de los datos. Su realización será permitida únicamente en situaciones de emergencia sanitaria, desastres naturales o ante la ocurrencia de cualquier suceso inesperado capaz de afectar el normal desenvolvimiento de las actividades y/o el funcionamiento cotidiano de la comunidad.
Encuestas por telefonía móvil de internet: Son aquellas realizadas vía telefonía móvil de internet, a través del envío de cuestionarios con código único a teléfonos móviles inteligentes de los informantes. Su realización será permitida únicamente en situaciones de emergencia sanitaria,
desastres naturales o ante la ocurrencia de cualquier suceso inesperado capaz de afectar el normal desenvolvimiento de las actividades y/o el funcionamiento cotidiano de la comunidad.
El segundo tipo de estudio de opinión es la encuesta en boca de urna: Son estudios cuantitativos realizados de manera presencial (cara a cara) durante la jornada de votación en los recintos electorales seleccionados dentro de una muestra aleatoria y probabilística, para conocer la orientación del voto mediante consultas realizadas a electores inmediatamente después de
haber sufragado en un proceso electoral. Su difusión se realizará cuando esté procesada la muestra al menos al 95 % a nivel nacional y al menos 90 % a nivel departamental o municipal.
Finalmente, está el conteo rápido: Son estudios cuantitativos realizados de manera presencial al concluir la jornada de sufragio, para conocer la tendencia de los resultados mediante relevamiento de datos de conteo de votos en las mesas de sufragio, incluidas en una determinada muestra aleatoria y probabilística, en un proceso electoral. Su difusión se realizará cuando esté procesada la muestra al menos al 95 % a nivel nacional y al menos 90 % a nivel departamental o municipal.
Debido a la falta de combustible en el departamento de La Paz, el sector transportista cambiará las medidas de presión y se analiza cercar la plaza Murillo y el Palacio de Gobierno donde se encuentra el presidente Luis Arce para exigir un abastecimiento regular de gasolina y diésel.
“La molestia ya existe. Han solicitado nuestros compañeros interprovinciales ya no hacer un bloqueo (…), directamente quieren cercar el palacio central donde está el presidente Lucho (Arce) porque quien va a poner solución no van a ser los ministros, tiene que poner solución el presidente Lucho”, indicó Limbert Tancara, dirigente de la Asociación de Transporte Libre de La Paz.
Combustible
De acuerdo con Tancara, los transportistas querían iniciar medidas de presión contra la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), pero se logró que desistan de esta postura para analizar una protesta más contundente.
En criterio del dirigente, el sector transportista no es tomado en cuenta por parte del Gobierno, el cual parece tener un trato preferencial para sectores como el agropecuario y el minero.
“Parece que no estamos tomados en cuenta, no estamos dentro de la prioridad del gobierno central; es por eso que no se pone solución”, fustigó Tancara.
El representante de los transportistas recordó que el problema del desabastecimiento persiste desde el año pasado y únicamente se dan soluciones al corto plazo, pero el problema de fondo se mantiene y los más perjudicados son los choferes de provincia.
Tancara explicó que si incluso en la urbe central y en las estaciones de servicio se evidencian filas interminables de vehículos, la situación en zonas alejadas es mucho más preocupante.
Por ello, el sector analizará realizar medidas de presión más fuertes, como el cercado al Palacio de Gobierno, para que las autoridades finalmente entiendan la realidad de los transportistas y den respuesta a sus demandas.
El sector del transporte propone que la subvención de combustibles para sectores como el agro y el minero debería suspenderse, pues éstos mostraron tener grandes ingresos económicos, a diferencia de los conductores.
De acuerdo con Tancara, el cercado a la plaza Murillo se analizará estos días si es que el desabastecimiento de combustibles se mantiene.
Los comerciantes cerraron sus negocios y colocaron carteles de protesta protestando contra la pasividad del gobierno para enfrentar la crisis económica, y la devaluación de la moneda nacional y del salario mínimo.
Los comerciantes de artículos de línea blanca, y línea negra (computadoras y otros equipos tecnológicos) de los centros comerciales del Distrito 8, Max Paredes y Buenos Aires de la ciudad de La Paz, no trabajaron hoy, lo que es inusual en ellos porque decidieron cerrar sus negocios de las calles Calatayud y Uyustus, además de ponerle candado a los mismos, colocaron crespones negros con carteles con expresiones de protesta contra el gobierno del Presidente Luis Arce refiriendo que la moneda boliviana, el salario mínimo y la economía boliviana «han muerto».
Mientras que en los mercados de la sede de gobierno, albañiles, obreros, caseras y familias que usualmente se “pensionan” para almorzar en esos centros de abasto se quedaron sin almorzar porque se encontraron con las puertas cerradas con rejas y candados, medida de protesta que cumplieron de forma contundente los vendedores de alimentos y también de otros productos e
No solo la considerada “clase trabajadora” acude a los mercados para alimentarse ya que el costo del plato no supera los 15 bolivianos y aunque las porciones se han reducido por la escasez de alimentos, ese precio se continúa pagando porque no tienen otra alternativa, explicó Juan Aguilar Mamani en puertas del mercado Calama de la zona norte de La Paz.
Muchas familias también acuden a estos comedores, ya que ambos progenitores trabajan y después de recoger a los hijos e hijas del kínder o el colegio, se van todos a almorzar, porque les resulta más económico, ventajoso para retornar en la tarde a sus fuentes laborales y los niños a la casa, y es un alivio para las mamás que no tienen tiempo para cocinar además de laborar fuera de casa, contó Pilar Ortega a eju.tv. Ella junto a su esposo conversaban sobre dónde almorzar a un costo que no exceda su presupuesto.
Finalmente un docente de Chulumani, Iván Choque, también se asomó a la reja del mercado Calama para “asegurarse” que en verdad estaba cerrado y luego sacando el celular comunicó a sus colegas que ya no vengan porque no hay almuerzo. “No sé qué haremos, todo ha subido. Estoy sorprendido, que hasta las caseras cierren su venta, esto no está bien, el gobierno debiera preocuparse del pueblo”, dijo.
Además del cierre de mercados, las “caseritas” marcharon con «cacerolas vacías», demandando dólares, el control del precio de los productos de la canasta familiar y la falta de gasolina y diésel, necesarios para que funcione no sólo la cadena productiva, sino cualquier otra actividad de la sociedad.
NGP señala que se trata de una «guerra sucia» para inhabilitar a su candidato ya que sólo se trata de faltas administrativas, no delitos. «No existe investigación penal ni acusación de corrupción”, y aseguran que regularizará su situación ante la Contraloría General del Estado.
Foto: Cabildeo
Fuente: Eju.tv
Jaime Dunn el experto en finanzas que ya a mediados del 2024 empezó a mediatizar su imagen con fines electorales, y una posible candidatura a la presidencia, ve frenado ese objetivo político de lograr el máximo cargo de poder institucional en Bolivia. Dunn fue gerente de la Nacional Financiera de Bolivia (Nafibo), la cual operó para el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) y el Banco Unión, y por tener cuentas pendientes con el Estado, no puede habilitarse legalmente como postulante a la presidencia. En este momento, él y el partido que lo postula, Nueva Generación Patriótica (NGP), aún realizan gestiones para lograr su habilitación.
Por el momento, para no perder el espacio de la candidatura para Dunn, NGP inscribió al ciudadano Fidel Tapia Zambrana, quien cumplirá 54 años el 16 de julio de 1971, como candidato a la primera magistratura. El candidato a la vicepresidencia de NGP es Édgar Uriona, empresario cochabambino fundador de esta agrupación política.
El reglamento para el registro e inscripción de candidaturas señala que el postulante no debe tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal, pendientes de cumplimiento.
Es “guerra sucia”, señala NGP
El NGP a través de un comunicado afirma que enfrentan una guerra sucia orquestada para empañar la campaña, “hemos activado de manera oportuna los mecanismos legales que nos permiten proteger el derecho a participar y mantener viva la propuesta de libertad que represento”, señala esa organización.
Afirman que cuando Dunn gestionaba el Certificado de Información Sobre Solvencia con el Fisco, “ fue sorprendido por la notificación de múltiples procesos coactivos fiscales, todos ellos ligados a la función como Oficial Mayor Administrativo de la HAM de El Alto, hace más de 18 años. Estas observaciones en muchos casos se producen sin aviso previo y responden a omisiones de terceros en la presentación de informes de consultorías y gastos menores, sin que exista enriquecimiento ni perjuicio alguno al Estado. Son faltas administrativas, no delitos. El vínculo es solidario por el cargo que ocupaba Jaime Dunn, nunca por beneficio personal. No existe investigación penal ni acusación de corrupción”.
En segundo lugar, señalan que Dunn no fue notificado formal y oportunamente por la contraloría por esas observaciones, lo cual vulnera el debido proceso y anula cualquier requisito de cobro sin el conocimiento de Jaime Dunn.
En tercer lugar, señalan que Dunn aparece de forma equivocada como involucrado en procesos en los cuales no fue parte de hechos ilícitos.
También aseguran que otros casos referidos a Dunn fueron concluidos y archivados, pero ahora aparecen vigentes afectando la solvencia fiscal.
Finalmente señala NGP que se inició el trámite administrativo de corrección y pago de cada observación (si corresponde), dentro de los plazos legales. Este procedimiento concluye en pocos días, con la expedición de un Certificado de Información Sobre Solvencia con el Fisco que refleje la realidad de los hechos.
“Reafirmamos que la verdadera fortaleza de un líder se demuestra no en la ausencia de obstáculos, sino en la capacidad de afrontarlos con íntegra transparencia. La campaña continuará con total normalidad y este trámite administrativo no representa obstáculo alguno para la candidatura de Jaime Dunn con la seguridad de que actuamos siempre conforme a la ley y a la Constitución”, concluye el comunicado de NGP y de Dunn.
Las listas definitivas y oficiales serán divulgadas por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 6 de junio, porque en los siguientes días puede inhabilitarse por incumplimiento de requisitos a candidatos y pueden ser reemplazados por otros que si los cumplan.
Fuente: eju.tv (con datos de ANF) Vea la lista completa al final de la nota
Luego de cerrarse las inscripciones de listas de candidato para participar en los comicios generales del 17 de agosto de este año, se registró un total de 3.290 aspirantes desde los binomios (presidentes y vicepresidentes), senadores y diputados plurinominales y uninominales, tanto titulares, como suplentes. Todos ellos forman parte de 10 organizaciones legalmente registradas en el plazo establecido por el calendario electoral.
Sin embargo, cabe aclarar que las listas oficiales y finales de participantes, serán difundidas el 6 de junio por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ya que en estos días ese órgano del Estado revisará las mismas para validar la legalidad de los documentos presentados por cada candidato, es decir, si cumplieron con todos los requisitos para habilitarse.
En caso de que existieran observados, éstos deberán subsanar si el caso así lo amerita, pero también es habitual el retiro de personas, asi como la directa anulación de quienes no cumplen requisitos. Los partidos políticos y organizaciones aún tienen tiempo de presentar otros candidatos para reemplazar a los observados hasta este viernes 23 y así completar definitivamente las listas, para proceder a una nueva y última revisión.
Hasta ayer, los delegados técnicos de cada partido habilitado debían registrar a sus candidatos mediante el sistema del TSE. Posteriormente, los delegados titulares debían presentar los documentos físicos habilitantes en las oficinas del Órgano Electoral Plurinacional.
Varios partidos optaron por inscribir sus planchas en las últimas horas del cierre del plazo, ya que en muchos casos se conoció que aún estaban definiendo a sus candidatos.
A partir de hoy, el proceso electoral ingresa a una fase de revisión minuciosa a toda la documentación de los candidatos para que un informe técnico de la Sala Plena defina quiénes están habilitados y quiénes inhabilitados.
La denuncia sería por tráfico de influencias, asociación delictuosa de funcionarios públicos y desobediencia a un Decreto Supremo y podría alcanzar al primer mandatario, “Que no me vengan a decir que el presidente no lo sabía”, afirmó Salazar. En diciembre de 2024 el presidente Arce cuestionado por acusaciones contra sus hijos, respondió sobre su familia: “no somos corruptos”.
Foto: El Deber.
Fuente: eju.tv/con datos de Opinión, El Deber
La diputada María José Salazar de Comunidad Ciudadana (CC) y otros legisladores se constituirían en parte denunciante ante el Ministerio Público para que éste investigue a Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo menor del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, por tráfico de influencias, asociación delictuosa de funcionarios públicos para favorecerlo y desobediencia al Decreto Supremo N° 5225 del 11 de septiembre de 2024 que establecía una «pausa ambiental ecológica» en Bolivia para evitar incendios y proteger el medio ambiente, la salud, la biodiversidad y las actividades de la población. En diciembre de 2023, el presidente Arce defendió a su familia afirmando: «no somos corruptos».
Este anuncio forma parte de un reportaje realizado por Connectas.org y difundido por la agencia de noticias ANF, titulado “Las tierras del hijo del presidente Luis Arce”, esa investigación periodística señala que Rafael Arce a sus 25 años de edad compró la propiedad “Adán y Eva” por USD 3,3 millones, “ubicada en un lugar privilegiado de Santa Cruz, el departamento más extenso y productivo de Bolivia” y considerada un “paraíso terrenal”.
“Esta transacción se concretó en 2021, un año y medio después de que Rafael Ernesto Arce Mosqueira dejara de ser funcionario público. Desde entonces se ha acelerado la conversión de este paraíso terrenal en cultivos extensivos de maíz y soya, pese a pertenecer a una zona de bosque de conservación y uso sostenible de la tierra”, precisa.
Otro hecho denunciado es cómo el hijo del presidente también obtuvo, “mediante un trámite exprés, luz verde de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), a cargo de su director nacional, Luis Roberto Flores, para ampliar los desmontes a casi mil hectáreas. Las imágenes satelitales desvelan que entre 2022 y 2024 ya desaparecieron 479,46 hectáreas de bosque”.
En tercer lugar, señala que “en las tierras del hijo del presidente tampoco se cumplió un decreto del mandatario boliviano que ordenó una pausa ambiental ecológica en 2024 en todo el país, debido a la emergencia por los incendios forestales. ´Adán y Eva´ registró incendios durante un mes (entre septiembre y octubre), después de la promulgación del Decreto Supremo 5225 que prohibió las quemas en todo el territorio nacional”. “Esta medida suspende las autorizaciones de quemas y prohíbe su emisión por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra – ABT”, complementa el informe.
Investigar al hijo y al padre
Los autores de ese reportaje consultaron el tema de su investigación a la diputada Salazar quien fue parte de la Comisión de Desarrollo Productivo, Económico y Medio Ambiente, ella sostuvo al respecto que el hecho denunciado “no debe continuar así” y que “más allá de los delitos ambientales graves por desobedecer un decreto presidencial en plena emergencia por los incendios y de destruir un bosque de protección, el caso de “Adán y Eva” expone una trama de tráfico de influencias y asociación delictuosa de funcionarios públicos para favorecer a una persona”.
Para Salazar, “no sólo Rafael debe rendir cuentas ante la justicia; también deben hacerlo el presidente de Bolivia y los funcionarios públicos que doblegaron las leyes al servicio de quienes ostentan el poder”.
La legisladora insistió en que “se debe poner especial atención e investigar no solo la relación entre el director de la ABT y Rafael, sino con el mismo Luis Arce”. “Que no me vengan a decir que el presidente no lo sabía”, añadió.
“En las últimas décadas se ha venido destruyendo sistemáticamente la institucionalidad pública” Exviceministro Alejandro Almaraz “Bolivia se ha convertido en un Estado fallido, como consecuencia de que en las últimas décadas se ha venido destruyendo sistemáticamente la institucionalidad pública”, concluye el exviceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Alejandro Almaraz. Para él, lo poco que se había construido como Estado de Derecho, incluidos los logros que se produjeron en materia agraria, se ha perdido y, por el contrario, se ha establecido una impunidad general para “el manejo clientelar del Estado y de sus instituciones”.
También el exviceministro Alejandro Almaraz considera que el caso “amerita una investigación que ponga bajo la lupa la relación no solo entre el director de la ABT y el ahora propietario del predio, sino con el mismo Luis Arce”.
Para las fuentes consultadas en este reportaje lo que tenían que haber hecho el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) que está a cargo de su director ejecutivo, Eulogio Núñez, y la ABT es hacer respetar lo establecido por el Plan de Uso de Suelo de que el enclave donde está este predio corresponde a la categoría de suelo de uso restringido para monocultivos. Y según expertos referidos en el artículo “el 30 % del suelo debería tener cultivos y el resto tendría que mantenerse como bosque de conservación”.
“No somos corruptos”
“Mis hijos y mi familia no somos corruptos”, afirmó el 23 de diciembre de 2024 el presidente Arce en una conferencia, cuando una periodista le preguntó sobre denuncias en contra de otro de sus hijos, Marcelo Arce Mosqueira, en sentido de que se estaría beneficiando a través del Estado en el negocio de la explotación del litio de Potosí.
Fue la primera vez que el presidente habló sobre esas denuncias. “Mis hijos y mi familia no somos corruptos”, dijo al lamentar que se involucre a sus hijos en un asunto que, atribuyó a motivaciones políticas. “Lamento mucho que se haya metido a la familia en esto, pero yo tambin he sido claro con mis hijos: hay que someterse a la justicia, hay que someterse a las leyes”, complementó.
Sobre el caso específico de su hijo Marcelo, dijo que las denuncias formales están siendo tratadas en los estrados judiciales correspondientes y expresó su confianza en que demostrarán su inocencia. “Nosotros tenemos la verdad, nos defendemos. Quien tiene la verdad no debe temer ir a la justicia a decirla y demostrarla”, agregó.
Arce vinculó las denuncias a intenciones de dañar su imagen y la de su gobierno. “Algunos ya me ven como candidato y por eso vienen los ataques, desgastar la figura del presidente, desgastar la figura del gobierno”.
Jaime Dunn no aparece como aspirante presidencial de NGP ante el TSE. El partido asegura que corregirá el registro y confirmará su postulación.
Por Hans Franco
Fuente: Red Uno
Paul Coca, actual candidato uninominal a diputado por la circunscripción 7 por Nueva Generación Patriótica (NGP), confirmó que Jaime Dunn no figura como candidato presidencial en la lista presentada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). En su lugar, aparece el nombre de Fidel Tapia Zambrana como candidato a presidente, acompañado de Edgar Uriona como candidato a vicepresidente.
Sin embargo, Coca aseguró que más adelante esta situación será subsanada ante el Órgano Electoral y que Dunn será habilitado como candidato presidencial del partido.
“Jaime Dunn es nuestro candidato a la presidencia, por supuesto. Los delegados de Nueva Generación Patriótica, partido que me ha invitado a postularme como candidato por la circunscripción 7, están resolviendo, desde el punto de vista técnico-jurídico, los aspectos necesarios para consolidar la candidatura de Jaime Dunn”, declaró Coca en una entrevista con la Red Uno.
Ante la consulta sobre por qué Dunn no fue inscrito y si esto se debía al incumplimiento de algún requisito, Coca respondió: “No, ninguno. Pero, como le digo, en mi calidad de invitado desconozco completamente la razón interna por la cual se inscribió a otra persona, cuando el verdadero candidato es Jaime Dunn”.
El hijo menor de Luis Arce, a sus 25 años, accedió a un crédito de 3 millones de dólares y compró el “Predio empresarial Adán y Eva”.
Foto: Connectas.org
Fuente: ANF
La Paz.- A sus 25 años el hijo menor del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, compró la propiedad “Adán y Eva” por USD 3,3 millones, ubicada en un lugar privilegiado de Santa Cruz, el departamento más extenso y productivo de Bolivia. Esta transacción se concretó en 2021, un año y medio después de que Rafael Ernesto Arce Mosqueira dejara de ser funcionario público. Desde entonces se ha acelerado la conversión de este paraíso terrenal en cultivos extensivos de maíz y soya, pese a pertenecer a una zona de bosque de conservación y uso sostenible de la tierra.
También obtuvo, mediante un trámite exprés, luz verde de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) para ampliar los desmontes a casi mil hectáreas. Las imágenes satelitales desvelan que entre 2022 y 2024 ya desaparecieron 479,46 hectáreas de bosque.
En las tierras del hijo del presidente tampoco se cumplió un decreto del mandatario boliviano que ordenó una pausa ambiental ecológica en 2024 en todo el país, debido a la emergencia por los incendios forestales. “Adán y Eva” registró incendios durante un mes (entre septiembre y octubre), después de la promulgación del Decreto Supremo 5225 que prohibió las quemas en todo el territorio nacional.
Las fuentes consultadas concluyen que el caso “Adán y Eva” no solo expone el daño irreversible al ecosistema, sino la arbitraria disposición de instituciones del Estado para beneficiar al hijo menor del presidente de Bolivia en detrimento de la propia naturaleza. Al menos una modificación en el ordenamiento del predio, emitida en tiempo récord poco después de que Rafael adquiriera el predio, y la construcción de un puente durante la actual Administración favorecieron indirectamente los negocios agrícolas de Rafael.
Rafael Ernesto Arce Mosqueira es el menor de los dos hijos varones del presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, y también es el propietario de un pedazo de paraíso terrenal que está siendo convertido en campo de cultivos de soya y maíz, pese a que una serie de leyes, decretos y normas lo prohíben e instruyen su protección.
Este pedazo de paraíso terrenal está registrado oficialmente bajo el nombre de “Predio Empresarial y Agrícola Adán y Eva”, tiene una superficie de 2.187,8 hectáreas y está ubicado en plena transición de los bosques serrano, chaqueño y andino en los municipios de La Guardia y Cabezas de Santa Cruz, el departamento agropecuario por excelencia de Bolivia.
“Adán y Eva” pasó a manos de Rafael el 11 de noviembre de 2021 por USD 3.335.485. La Escritura Pública de Transferencia indica que un mes antes de la firma de este documento, el hijo del presidente pagó por anticipado USD 280.000 y que los USD 3.055.485 restantes los obtuvo mediante un crédito en el mismo banco donde los anteriores propietarios habían hipotecado el predio.
Extracto de la Escritura Pública de Transferencia del predio “Adán y Eva” efectuada el 11 de noviembre de 2021.
La millonaria transacción se concretó siete días después de que el vástago de Luis Arce cumpliera 25 años de edad y solo un año y medio después de haber dejado de ser funcionario público en la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE). Antes, en 2014, cuando tenía 18 años y su padre cumplía ocho años como ministro de Economía, fue contratado como “auxiliar de soporte” en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Un excolega que compartió oficina con él recuerda que cuando llegó a esta institución era un joven callado, aplicado en lo laboral y de pocos amigos.
Su paso por el sector público terminó un par de meses después de que Evo Morales y su gabinete, del que su padre era ministro, renunciaran a continuar en el Gobierno de Bolivia, el 10 de noviembre de 2019, presionados por las protestas generalizadas que denunciaban fraude electoral en favor del Movimiento Al Socialismo, del que Evo era líder.
Con este perfil, ¿cómo Rafael pudo acceder a un crédito millonario si hasta entonces había sido un funcionario público de rango medio y no proviene de una familia adinerada? Esta fue una de las preguntas que se le solicitó responder y que no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta investigación.
Por la información pública se conoce que su padre, el ahora presidente de Bolivia, antes de entrar a la política se ganaba la vida como docente universitario y funcionario público en el Banco Central de Bolivia.
El 5 de agosto de 2017, Evo Morales informó a los medios que su ministro de Economía, que lo había acompañado desde 2006, había sido diagnosticado de cáncer y estaba vendiendo su único bien inmueble, un apartamento en la ciudad de La Paz, para costear los gastos de salud en el extranjero. Incluso, los militantes del MAS organizaron una “kermesse solidaria” destinada a la recaudación de fondos.
Como en Bolivia los bancos tienen prohibido brindar información sobre operaciones financieras de personas naturales o jurídicas, se consultó a fuentes de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban), que hablaron bajo condición de anonimato, sobre los requisitos que debe cumplir una persona que quiere beneficiarse de un crédito similar al adquirido por el hijo del presidente.
Señalaron que el solicitante debe tener un buen historial crediticio; presentar certificados de altos ingresos debido a que las cuotas podrán ser de alrededor del 30 % de sus ingresos y estos pagos mensuales deberán hacerse por un periodo mínimo de diez años. Además, por la magnitud del monto, el crédito entra en la categoría de préstamos empresariales o capital de inversión, por lo que la tasa de interés oscila entre 5 y 15 %. Entre otros requisitos se encuentra la garantía de terceros, que deberán presentar certificados de posesión de un capital igual o superior al préstamo del solicitante.
Se le consultó a Rafael sobre las condiciones y garantías que le permitieron acceder al crédito, pero tampoco hubo respuesta.
Héctor Arce, diputado afín al expresidente Evo Morales, cuestionó el año pasado el origen de la fortuna de Rafael tras conocerse la compra de “Adán y Eva”. “¿De dónde un joven de 25 años puede tener ese patrimonio?”, se preguntó el legislador el 17 de abril de 2024, luego de presentar una denuncia penal en la Fiscalía General del Estado, por los presuntos delitos de legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de influencias. Esta institución estatal no respondió a la solicitud de esta investigación sobre el estado del proceso contra el hijo del presidente.
El paraíso de “Adán y Eva”
Antes de que Rafael comprara este predio, “Adán y Eva” era el nombre de una laguna de 20 hectáreas enclavada en la confluencia de tres ecorregiones de Santa Cruz, entre los municipios de Cabezas, La Guardia y El Torno, según el relato de los lugareños.
Los primeros vivientes que allí llegaron en la década de los 80 quedaron prendados por los bosques vírgenes, los retazos de planicies, las cadenas de montañas y un cielo azul salpicado de nubes de tamaños bien definidos, pero sobre todo, con la laguna que los cautivó. Imaginaron que así debió ser el paraíso de Adán y Eva y la bautizaron con sus nombres.
Fuentes de información: Archivos del INRA y otros documentos Infografía: Elaboración propia
Estas tierras, que ahora se convirtieron en el predio “Adán y Eva” y en las comunidades campesinas Villa Florida, Pampa El Coscal, Tacuarembó, Parabanocito y San Luis, hasta principios del nuevo siglo no tenían dueños privados, le pertenecían al Estado. O al menos, quienes empezaron a establecerse allí no tenían legalmente la titularidad de los predios.
Sin embargo, esto comenzó a cambiar en la década de los 90 cuando la Gobernación (en ese entonces Prefectura) de Santa Cruz creó el Plan de Uso de Suelo (PLUS) en 1995, para definir cómo se deben usar las tierras en este departamento, y el Gobierno nacional promulgó las leyes INRA y Forestal. Con estos instrumentos se empezó a dotar, adjudicar y titular las tierras en Bolivia.
Para ese entonces, “Adán y Eva” ya registraba actividades antrópicas. Las imágenes LandSat analizadas por expertos en teledetección que colaboraron con esta investigación muestran que hasta 1996 ya se había deforestado una cuarta parte de este predio. Los documentos de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) relacionados con esta propiedad indican que hasta este mismo año “Adán y Eva” ya registraba cultivos de caña de azúcar y pasturas.
Hoy en día, este rincón de la geografía nacional vive su propio apocalipsis. Es una propiedad privada donde la conversión de los bosques primarios en monocultivos de soya y maíz es evidente, pese a estar sobrepuesta en su totalidad a la categoría Bosque de Conservación y Manejo Sostenible del PLUS y clasificada como Tierra de Producción Forestal Permanente (TPFP).
Fuente: Elaboración propia con base en imágenes Landsat (30 metros de resolución espacial) y Planet (3,5 metros de resolución espacial)
¿Cómo se llegó a este punto?
La deforestación en “Adán y Eva” no comenzó con la llegada del hijo del presidente, pero se intensificó en sus manos. En 2011, el INRA clasificó la propiedad como “empresarial y agrícola” y se la entregó por “dotación y adjudicación” a unos privados. En 2015 les emitió título ejecutorial sobre las 2.187,8 hectáreas que ahora constituyen la propiedad.
A Alejandro Almaraz, exviceministro de Tierras y principal impulsor de la Ley 3545, de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria, le parece “extrañísimo” y “aberrante” que un predio pueda ser objeto a la vez de adjudicación y dotación. “Eso es absolutamente inadmisible de acuerdo con la legislación agraria vigente. O lo uno o lo otro. En ningún caso los dos”, dice. La adjudicación es la entrega de derechos a un privado; la dotación es la entrega de un predio a una comunidad.
Explica que “la dotación”, por definición de la Ley 3545 y de la propia Constitución del Estado, no puede otorgarse de forma individual, aunque se trate de una persona jurídica comercial, sea esta una sociedad por acciones o de responsabilidad limitada. En este proceso agrario, los destinatarios son las comunidades indígenas o campesinas. “No hay lugar a ninguna propiedad empresarial posible”, aclara.
Con tales antecedentes, sostiene el exviceministro, “desde ya se tendría que dar lugar a la nulidad del respectivo título ejecutorial” de este predio.
El extracto del título ejecutorial de «Adán y Eva» indica que el 28 de julio de 2015 el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) entregó la titularidad de este predio a unos privados.
Sin embargo, ya con la propiedad titulada, en 2017 los nuevos propietarios solicitaron a la ABT que les aprobara un Plan de Ordenamiento Predial (POP) para disponer de los recursos naturales. La entidad, a través de un informe técnico, observó que la agricultura y la ganadería a gran escala “no están permitidas, salvo en pequeñas áreas bajo sistemas agrosilvopastoriles de necesidad local, con prácticas de conservación de suelos” debido a la ubicación de estas tierras.
Pero, aún así, el entonces director de la ABT Santa Cruz, Willy Severiche, aprobó el POP de “Adán y Eva” por diez años. Este autorizó “establecer un sistema agrosilvopastoril en 721,2 hectáreas (32,9 %)”, donde el desmonte debía hacerse de forma manual o con motocultor y había que conservar los árboles mayores de un metro y medio de altura.
Los testimonios de los lugareños dan cuenta de que esto no sucedió tal cual, ya que recuerdan a los antecesores de Rafael como los precursores del cultivo mecanizado de soya en ese enclave de Santa Cruz.
El Manual de Elaboración de Planes de Ordenamiento Predial determina que en esa área las leyes no autorizan la agricultura a escala comercial y menos la conversión del bosque a monocultivos, como la siembra extensiva de soya o maíz que se está ejecutando en “Adán y Eva”.
Expertos en derecho agroambiental consultados para este reportaje observan que la raíz del problema fue que tanto el INRA como la ABT hicieron caso omiso del PLUS. Bastaba una ojeada a este instrumento técnico para declarar los desmontes como delitos ambientales. Luego, explican los expertos, correspondía que la ABT abriera procesos administrativos y penales a los funcionarios implicados y a la familia solicitante.
Un trámite exprés
Rafael no perdió el tiempo. Dos semanas después de que “Adán y Eva” fuera transferido a su nombre tocó las puertas de la ABT para pedir la modificación del POP de este predio. La solicitud ingresó el martes 23 de noviembre de 2021 y a la ABT no le tomó ni una semana responder. En realidad, cuatro días hábiles descontando el fin de semana.
El 29 de noviembre emitió un informe técnico y ese mismo día Luis Roberto Flores Orellana, que en aquel entonces era el director regional de la ABT Santa Cruz y dos años después fue nombrado director nacional de esta institución, firmó la Resolución Administrativa (POP 5073-2021) sin hacer una sola observación.
De este modo, el ingeniero en Electrónica y Sistemas, en cuya cédula figura con profesión “agricultor”, obtuvo licencia para ampliar los desmontes a 948 hectáreas e implementar allí un sistema agrosilvopastoril, una técnica de producción que combina árboles, cultivos y ganado en una misma unidad.
Un perito agroambiental independiente realizó un análisis sobre cómo se deberían gestionar los recursos naturales del predio “Adán y Eva”. Basado en lo establecido por el PLUS Santa Cruz, la Ley Forestal 1700 y la normativa de la ABT, el Plan de Ordenamiento Predial debería zonificar a esta propiedad como señala este documento.
Un estudio de un perito ambiental independiente, basado en lo establecido en el PLUS y la Ley Forestal, concluye que el bosque debería ocupar el 69,3 % de la superficie de este predio. Es decir, 1.518 hectáreas deberían permanecer como área forestal de protección y no 407 como aprobó la ABT en 2021. Ese año, la ABT también le dio licencia a Rafael para eliminar la unidad de “Bosque de Protección de Laderas (UP-L)”, que figuraba en el anterior POP y cuyo propósito era proteger 260 hectáreas.
Sin embargo, en ninguna parte del modificado plan de ordenamiento predial se lee que se haya aprobado la implementación de cultivos anuales intensivos. Pese a ello, entre febrero y marzo de este año, los sembradíos de maíz y soya formaban gigantes ríos verdes que serpenteaban entre las montañas y se perdían en el horizonte de “Adán y Eva”.
En el transcurso de estos dos meses, en diferentes oportunidades, un equipo de reporteros recorrió los alrededores de esta propiedad. Las mazorcas, que en la primera semana de febrero estaban en pleno crecimiento, en la última semana de marzo empezaban a cambiar de color, en clara señal de que el tiempo de la cosecha de maíz se acercaba.
Para esta cosecha, Rafael ahora cuenta con un acceso más corto para llegar a los mercados. A 15 kilómetros de su propiedad se acaba de estrenar un puente de 148 metros, construido en doble vía sobre el río Piraí. Pobladores del distrito 5 de El Torno cuentan que era un sueño de hace 20 años que “don Rafael”, como ellos le llaman, les ayudó a coronar. Antes, en temporada de lluvias, cuando el río crecía debían cargar a cuestas su producción y cruzar por un puente colgante.
Pero, casualmente, esto cambió diez meses después de que Rafael adquirió “Adán y Eva”. La Administración de Luis Arce, a través de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE) dependiente del Ministerio de la Presidencia, aprobó el desembolso de 21,7 millones de bolivianos (USD 3,1 millones) para la construcción de esta obra.
Los peritos ambientales que colaboraron con esta investigación periodística observan que la ABT cometió una cadena de ilegalidades al incumplir su propia normativa (PLUS, Resolución Administrativa ABT 129/2020 y Ley Forestal, entre otras). Lo que les llama poderosamente la atención es la velocidad con la que se resolvió la solicitud del hijo del presidente.
Sostienen que no es normal que un trámite de aprobación o modificación de POP se haga en seis días, y más cuando el predio, como sucede con “Adán y Eva”, está clasificado como Tierra de Producción Forestal Permanente (TPFP) y sobrepuesto a un bosque de conservación y manejo sostenible.
Si bien la Resolución Administrativa ABT 129/2020 indica que este tipo de trámites debe ser resuelto en un tiempo no mayor a un mes, funcionarios de esta institución que pidieron la reserva de su identidad informaron que normalmente se requiere un promedio de tres meses, debido al análisis al que debe ser sometida la documentación presentada, la posible inspección a los predios y el escaso personal de esta institución.
“Aquí se ve un claro favorecimiento al hijo del presidente”, dice la diputada por Santa Cruz María José Salazar, que en el último lustro se ha destacado por su lucha por la defensa del agua, los recursos naturales y los pueblos indígenas de Bolivia.
“Esto es un escándalo de proporciones mayúsculas”, sostiene la legisladora al cuestionar, en primera instancia, la forma “exprés” en la que la ABT resolvió esta solicitud, en relación a lo que debe enfrentar un ciudadano sin influencias. A esto, Salazar le suma la autorización de nuevos desmontes, por encima de lo aprobado en el anterior Plan de Ordenamiento Predial (POP). Así, agrega, “se está sacando (a Rafael) de cualquier posibilidad de ser investigado por este delito ambiental”.
La desaparición del bosque primario
El análisis de las imágenes satelitales desvela que desde que Rafael tomó posesión de “Adán y Eva” los bosques primarios y cuerpos de agua están sucumbiendo ante el impetuoso avance de la maquinaria agrícola y el fuego. Ya desaparecieron 479,4 hectáreas entre 2022 y 2024. Y aún tiene permiso para desmontar 468,6 hectáreas, según lo aprobado por la ABT.
La mano de Rafael no se detuvo ni cuando Bolivia enfrentó su peor emergencia climática en 2024, como consecuencia de la expansión de los incendios forestales y la sequía. Este año, el país situado en el corazón del mapa de Sudamérica marcó un récord histórico de más de 12 millones de hectáreas arrasadas por el fuego.
Un análisis de datos VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) de la NASA registró dos picos de focos de calor, con un promedio de 6 alertas por día. El primero tuvo lugar entre el 20 y el 31 de octubre y el segundo, del 13 al 17 de noviembre de 2024. Esto significa que hubo fuego en esta propiedad después de que el mandatario boliviano, el 11 de septiembre, promulgó el Decreto Supremo 5225 con el que declaró pausa ambiental ecológica en todo el país y prohibió las quemas.
Se le consultó a la ABT si investigó y sancionó estos fuegos, pero no hubo respuesta. El análisis de deforestación, basado en imágenes Planet con 3,5 metros de resolución espacial, indica que solo en 2024 “Adán y Eva” perdió 182,6 hectáreas de bosque.
Los puntos rojos significan focos de calor activos por año | Fuente: Datos VIIRS de la NASA
Al ubicarse el predio en la confluencia de tres ecorregiones, sus paisajes son singulares, así como la diversidad de microclimas, formaciones geológicas y vida silvestre, explica el biólogo Huáscar Bustillos. En los bosques serrano, chaqueño y andino habitan 376 especies de plantas, 297 especies de aves y 59 especies de mamíferos, que representan el 18 % de las registradas en Bolivia. Entre estas, tres se encuentran en peligro de extinción: la paraba militar o guacamaya verde (Ara militaris), el cóndor de los llanos o rey zamuro (Sarcoramphus papa) y el cóndor de los Andes (Vulthur gryphus).
En este escenario, lamenta el biólogo, la transformación del bosque primario de “Adán y Eva” en monocultivos significa atentar contra el hogar de esta flora y fauna.
Evitar que esto suceda o investigar a quienes vulneran las leyes es responsabilidad principalmente del Estado, a través del Ministerio de Medio Ambiente, señala Román Vitrón, especialista ambiental. Los gobiernos departamentales y municipales también juegan un rol importante a través de sus unidades medioambientales, acota.
Si Bolivia fuera diferente…
“Bolivia se ha convertido en un Estado fallido, como consecuencia de que en las últimas décadas se ha venido destruyendo sistemáticamente la institucionalidad pública”, concluye el exviceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Alejandro Almaraz. Para él, lo poco que se había construido como Estado de Derecho, incluidos los logros que se produjeron en materia agraria, se ha perdido y, por el contrario, se ha establecido una impunidad general para “el manejo clientelar del Estado y de sus instituciones”.
Esto no debe continuar así, opina la diputada María José Salazar. Sostiene que más allá de los delitos ambientales graves por desobedecer un decreto presidencial en plena emergencia por los incendios y de destruir un bosque de protección, el caso de “Adán y Eva” expone una trama de tráfico de influencias y asociación delictuosa de funcionarios públicos para favorecer a una persona.
Por eso, anuncia que ella y otros legisladores se constituirán en parte denunciante para que el Ministerio Público investigue al hijo del presidente. Incluso va más allá al decir que no solo Rafael debe rendir cuentas ante la justicia; también deben hacerlo el presidente de Bolivia y los funcionarios públicos que doblegaron las leyes al servicio de quienes ostentan el poder. Insiste en que se debe poner especial atención e investigar no solo la relación entre el director de la ABT y Rafael, sino con el mismo Luis Arce. “Que no me vengan a decir que el presidente no lo sabía”, sostiene.
“En las últimas décadas se ha venido destruyendo sistemáticamente la institucionalidad pública” Exviceministro Alejandro Almaraz
En su opinión, esto amerita una investigación que ponga bajo la lupa la relación no solo entre el director de la ABT y el ahora propietario del predio, sino con el mismo Luis Arce. “Que no me vengan a decir que el presidente no lo sabía”, agrega Salazar.
Si Bolivia fuera un país donde se respetan las leyes, se investiga y sanciona a los que las vulneran, la historia de “Adán y Eva” sería diferente, coinciden las fuentes consultadas. Para empezar, el INRA y la ABT hubieran hecho respetar lo establecido por el Plan de Uso de Suelo de que el enclave donde está este predio corresponde a la categoría de suelo de uso restringido para monocultivos.
Además, si se acogiera el concepto de peritos ambientales independientes, solo el 30 % del suelo debería tener cultivos y el resto tendría que mantenerse como bosque de conservación. Solo así se podría recuperar el paraíso de “Adán y Eva” del infierno en el que está siendo convertido.
Androniquistas y evistas amenazaron en los últimos días con convulsionar el país si no se habilita a sus candidatos a la presidencia.
Foto: ANF
Fuente: ANF
La Paz. – El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, advirtió este martes que muchos grupos sociales en el país no quieren que se lleve adelante las elecciones generales; en ese marco, avizoró “etapas rudas” para llegar a los comicios del 17 de agosto.
“Ayer ha culminado una etapa importantísima en la vida democrática de nuestro país, que es la inscripción de las candidaturas. Va a enfrentar y está queriendo enfrentar (dificultades), también muchos grupos van a querer desestabilizar, no quieren que se llegue a las elecciones (…) Van a ser etapas rudas”, advirtió el jefe de Estado.
Los seguidores de Evo Morales y Andrónico Rodríguez anunciaron, por separado, medidas de presión para que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) habilite a sus candidatos para la contienda electoral del 17 de agosto,
Amenazaron con paralizar las elecciones generales porque sus candidatos están por quedar fuera de la carrera electoral por medidas políticas digitadas, supuestamente desde el Órgano Ejecutivo. El diputado “androniquista” Freddy López advirtió con convulsionar el país sacando a las calles a los mineros auríferos.
El nuevo ministro de Gobierno, Roberto Ríos, dijo que se hará cumplir la Constitución Política del Estado que establece medidas ante la imposibilidad de libre tránsito.
Esa organización fue la primera en entregar sus listas de candidatos al OEP.
Fotocomposición, fotos RRSS y Red Unox
Fuente: eju.tv
El abogado constitucionalista Williams Bascopé forma parte de las listas de APB Súmate de Manfred Reyes Villa, que le ofreció ser el segundo candidato a diputado plurinominal. Como analista jurídico ha sido un crítico de las decisiones del régimen del MAS y por ello logró cobertura mediática hacia su persona, no sólo circunscribiéndose a cuestionar el estado de la justicia boliviana sino ampliando sus críticas a las acciones políticas del masismo.
Otro político que siempre ha sido cercano o parte del entorno manfredista es Mauricio Muñoz, que también es representante de APB Súmate, Muñoz informó que esa organización fue la primera fuerza política en presentar la documentación digital y en físico de sus candidaturas, además de su programa de gobierno. Hace diez años aproximadamente, Muñoz ya fue diputado por el departamento de Cochabamba por Convergencia Nacional (CN), hoy buscará la segunda senaduría por esa región.
Maria Odalis Reyes, quien también fue parlamentaria de CN, figura en la lista como suplente del tercer diputado plurinominal, Bruno Rojas Ortíz.
Existen también parientes de miembros de la cúpula de Libre, personas con más de 20 años en la vida política y legisladores que fueron de CC que buscan «repetir» y continuar en la Asamblea Legislativa.
Foto: Radio Frontera Yacuiba
Fuente: eju.tv
En la lista de candidatos a diputados y senadores de la alianza Libre que postula a la presidencia a Jorge Tuto Quiroga, y a la vicepresidencia a Juan Pablo Velasco, existen personas que han transitado la política nacional desde hace 20 años, ex legisladores de Comunidad Ciudadana, y alguno que por ejemplo retorna luego de haber sido parlamentaria de la extinta Convergencia Nacional (CN), además habría parientes de miembros de la cúpula de Libre. He aquí algunos casos.
Tal vez la candidata más conocida de la lista en general sea Tomasa Yarhui que postula como primera senadora por Chuquisaca. Es quien tiene mayor recorrido histórico en la política boliviana, ya que fue concejal y militante del MBL, y luego fue la primera ministra indígena de Bolivia al ocupar la cartera de Asuntos Campesinos durante el gobierno del presidente Jorge Quiroga Ramírez en marzo de 2002. También fue candidata a la vicepresidencia en binomio con Quiroga en los comicios de 2020.
En la lista de Chuquisaca está también Edwin Gonzalo Porcel, conocido periodista deportivo, es candidato a tercer senador. Para quinto diputado plurinominal está Hernany Josué Porcel un joven político.
En La Paz, como aspirante a primer senador está José Manuel Ormachea, antes fue diputado por comunidad ciudadana (cc). como suplente de Ormachea está María Elena Pachacute, quien también fue parte de CC, como diputada.
Como primer candidato plurinacional está Sergio Luis Vásquez Jordán, hijo del ex mirista, ex ministro de trabajo Luis Vásquez, quien es además el brazo derecho de Tuto Quiroga.
Alberto Astorga, quien también fue diputado de CC, se postula ahora como primer uninominal.
Otro nombre conocido es el dirigente cocalero yungueño Armin Lluta quien es fuerte opositor al masismo en su región y por ello fue perseguido, él se encuentra como candidato uninominal once.
Como segunda diputada plurinominal por Cochabamba está María Quiroga Ramírez, quien sería pariente de Tuto Quiroga.
En Tarija, hay dos ex CC, está Luciana Campero, ahora postula como primera senadora y José Luis Porcel que ya fue diputado, y ahora parte como primer plurinominal por la tierra chapaca. También por esa región postula Diana Patricia Paputsakis, quien fue diputada suplente de Con vergencia Nacional, organización opositora que se disolvió hace ya diez años, ella postula como primera diputada uninominal para retornar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El gobierno que gane los comicios generales de este año deberá decidir si también subsidiará el gas natural para la población y sector productor, en caso de tomar ese camino, la pregunta que la Fundación Jubileo sugiere es ¿Con qué dólares?
Foto: cbhe.org.bo (Campo San Alberto)
Fuente: eju.tv
“Si no se descubren al menos tres yacimientos de gran magnitud (de gas natural), el país se verá forzado a importar una parte del gas natural que demanda el mercado interno para el año 2028”, previene la Fundación Jubileo que fundamenta su alerta señalando que la producción de ese hidrocarburo, a marzo de este año registra una caída de -53% respecto al promedio registrado el año 2015.
“Ante un consumo energético basado altamente en fuentes fósiles, un país enfrenta solo dos alternativas en el corto y mediano plazo: producir o importar los energéticos que consume la población”, concluye.
Subsidiar costará dólares que no hay
Jubileo realizó una proyección de mediano plazo referida a lo que sucederá con un eventual cambio de gobierno producto de los comicios del 17 de agosto de este año, y explica que este déficit de gas natural y el nivel de consumo de ese combustible, “ obligará a quienes gobiernen el país a tomar decisiones respecto a vender este combustible importado a la población a precio real o también subsidiar este energético”.
En caso de que el venidero gobierno decida subsidiar el precio del gas natural, tendrá que definir cómo se financiaría ello, por cuánto tiempo y si el beneficio será general o para determinados segmentos sociales.
En este tema hay que precisar que en agosto de 2024, el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, informó que el Estado ya gasta $us 2.000 millones al año para la subvención de la gasolina y el diésel. De este monto, Bolivia pierde aproximadamente $us 600 millones debido al contrabando de combustibles que salen fuera de las fronteras.
Molina recordó que, en gestiones anteriores, “no se realizaron inversiones en la exploración y producción de hidrocarburos, lo que ha afectado negativamente la producción de líquidos”, al respecto la Fundación Jubileo le recordó al gobierno lo siguiente: “La caída en la producción de gas natural, que empezó el año 2016, fue advertida oportunamente por instituciones como Fundación Jubileo, así como por diferentes analistas energéticos quienes, lejos de ser escuchados, fueron descalificados por las autoridades de ese tiempo”.
Tanto el diésel, gasolina e incluso el gas natural son comercializados en Bolivia a un precio subvencionado, lo cual ha incentivado su consumo. En el caso de la gasolina y el diésel, el precio pagado por el consumidor final apenas representa la tercera parte del precio de importación, siendo que los 2/3 restantes son cubiertos por el Estado, pago que, además, es realizado en dólares americanos que cada vez son más escasos en el país, concluye Jubileo.
EL vocal pidió que se respete el principio de preclusión y las resoluciones que emite el TSE Bolivia como máxima instancia del Órgano Electoral Plurinacional en materia electoral.
Fuente: eju.tv
«Alerto al país y a la comunidad internacional qué se está poniendo en riesgo el sistema democrático mediante la aplicación de acciones legales que pretenden afectar el normal desarrollo de las Elecciones, pretendiendo subordinar las competencias y decisiones del @TSEBolivia», escribió al atardecer de este lunes 19 el vocal Francisco Vargas en su cuenta de X.
«Exhorto a todos los operadores de justicia, como se comprometieron públicamente, a respetar el principio de preclusión y las resoluciones que emite el TSE Bolivia como máxima instancia del Órgano Electoral Plurinacional en materia electoral», añadió en referencia un acuerdo que firmaron los vocales del Tribunal Supremo Electoral con magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), con los cuales además se reunieron dos veces en la ciudad de La Paz y al cabo del segundo de esos encuentros el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, recalcó: “El Tribunal Constitucional Plurinacional garantiza plenamente las Elecciones de 2025”.
“Invocamos a nuestros Jueces de Provincia, invocamos a nuestros vocales de las Salas Constitucionales, a quienes les tenemos la mayor consideración y el mayor respeto a que obren con responsabilidad judicial, con responsabilidad social y responsabilidad histórica porque esta coyuntura así lo amerita, estamos seguros de que lo harán así”, afirmó este miércoles 23, el decano del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Yván Espada al referirse a que no pueden viabilizar recursos constitucionales que puedan perjudicar la realización de los comicios generales del 17 de agosto de este año.
No está descartado que el vocal Vargas brinde una conferencia de prensa el martes, ampliando y dando mayores referencias sobre la preocupación que expresó en su cuenta X.
La ex ministra de Culturas de Evo Morales, fue denunciada en 2019 y se refugió en la embajada de México, una vez que el MAS retornó al poder la fiscalía la liberó de cargos de terrorismo entre otros. Para algunos dirigentes alteños el caso no debió cerrarse.
El instrumento Evo Pueblo anunció este lunes que la exministra Wilma Alanoca es su candidata a la vicepresidencia, en el binomio de Evo Morales quien participó del acto de presentación del binomio mediante contacto telefónico. En enero de 2024, un exdirigente de la Fejuve de El Alto, Eddy Condori, anunció su intención de reabrir un proceso contra Alanoca por el delito de terrorismo, debido a hechos como el hallazgo de bombas Molotov durante los conflictos de 2019.
Condori aseguró que se reunió con otros exdirigentes y que existen al menos 30 testigos, dispuestos a brindar su declaración contra la ahora concejala. Ese dirigente hizo tal anuncio luego que el presidente del Concejo Municipal, Francisco Quispe, aseveró que Alanoca obligaba a las organizaciones sociales a establecer grupos de choque para las “bombas Molotov”, señala un reporte de ERBOL de la citada fecha.
El 9 de noviembre de 2019, un grupo de ciudadanos encontró bombas molotov en un garaje del Ministerio de Culturas en el centro de la ciudad de La Paz. En el lugar se encontraron decenas de botellas con mecha, además de un barril de gasolina. Las bombas habrían sido fabricadas artesanalmente por funcionarios del Ministerio de Culturas por una presunta orden de la exautoridad de ese despacho. El material explosivo, se presume, iba a ser utilizado por seguidores del MAS que defendían al Gobierno de Evo Morales. Por esas evidencias, Alanoca estuvo procesada y hasta tenía una orden de aprehensión en su contra.
Un año después de que Evo Morales huyera del país, en noviembre de 2020, el matutino El Deber informó que la Fiscalía rechazó la querella en contra de la exministra, quien también estuvo refugiada casi un año en la sede de la embajada de México.
“En las últimas semanas, desde el triunfo del MAS en las elecciones, la justicia ha levantado órdenes de aprehensión y le quitó peso a procesos contra el presidente Evo Morales y sus ex colaboradores Héctor Arce, Juan Ramón Quintana, Javier Zavaleta y ahora Wilma Alanoca”, cita el artículo.
El fiscal de materia, Roberto Marcos Villa, rechazó la querella interpuesta contra Alanoca por los supuestos delitos de organización criminal; almacenaje, comercialización y compra ilegal de diesel oil y gas licuado de petróleo; delitos de corrupción; incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
“Al no haber suficientes elementos de convicción que permitan fundar una eventual imputación formal y menos sostener una acusación formal en el juicio oral y público. Consecuentemente, se dispone el archivo de obrados”, señala la resolución de la Fiscalía en la que rechaza la querella en contra de la exautoridad.
Al respecto Condori, dijo en 2024 que este caso no puede quedarse en fojas cero, porque se trata de hechos de vandalismo y terrorismo y anunció que iniciará el proceso contra Alanoca por actos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y vandalismo cometidos el año 2019. Añadió que la concejala no debía victimizarse sino someterse a la justicia. Eju.tv buscó
“Tenemos más de 30 personas, más de 30 exdirigentes que van a estar de testigos de cómo la señora Wilma Alanoca financiaba el terrorismo y financiaba el vandalismo”, agregó. Eju.tv buscó al dirigente Condori, pero no contestó las llamadas.
El capitán Edman Lara cumplió finalmente su objetivo electoral de ser parte de un binomio y participar como candidato a la vicepresidencia al lograr una alianza con el candidato a la presidencia Rodrigo Paz Pereira.
Lara se empeño durante las últimas dos semanas en lograr un acuerdo político con alguna organización partidaria pero puso como condición terminante que cuando menos debiera ser candidato a la vicepresidencia, no aceptaría ninguna otra candidatura. Varias organizaciones políticas con las cuales Lara tuvo alguna negociación, confirmaron a eju.tv tal extremo que llegó al grado de empecinamiento señalaron negociadores de esas fuerzas políticas que estaban dispuestos a ofrecerle a Lara sitios de privilegio en la Asamblea Legislativa.
Sin embargo Lara y su entorno optaron por aislarse e incluso no responder las llamadas telefónicas o de medios de comunicación que buscaban conocer las negociaciones alrededor de su persona
Lara incluso difundió un vídeo en redes sociales donde señalaba casi resignando pero con cierta molestia que sería legislador y se convertiría en una piedra en el zapato porque sería un duro fiscalizador.
En el caso de Rodrigo Paz este fue abandonado por su anterior candidato a la vicepresidencia, Sebastián Careaga, y simplemente antes de quedar solo optó por ofertar precisamente aquello que Lara pedía a todos. Careaga que apenas unos días antes fue presentado por Paz como su vicepresidente, renunció a esa postulación y se fue por una senaduría con Samuel Doria Medina y su alianza de Unidad. El joven empresario potosino explicó que esta determinación nace de una profunda reflexión sobre el momento que atraviesa el país y la necesidad de construir una alternativa real y unificadora para Bolivia y dejó a Paz literalmente con los “crespos hechos”. Sin embargo, la candidatura de Paz Pereira y de Lara aún deberá esperar una definición del Tribunal Supremo Electoral por una denuncia contra el PDC y su incumplimiento de normativas institucionales partidarias, lo que en caso de demostrarse podría acarrear la pérdida de su personería jurídica. El TSE informó que resolverá ello en esta semana.
Los seguidores de Morales también decidieron «una gran» manifestación hacia la ciudad de La Paz, desde el día martes 20 de mayo hasta lograr su registro.
Por Pablo Peralta Miranda
Los sectores «evistas» se aferran a las siglas anuladas Pan-Bol y Frente Para la Victoria (FPV) para registrar la candidatura de Evo Morales, pese a que hay resoluciones constitucionales que van en contra de la posibilidad de sea nuevamente postulante. El exmandatario aseguró que este lunes inscribirá su candidatura y sus seguidores anunciaron “movilizaciones escalonadas” hasta lograr su registro.
«Conminamos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) proceder a la inscripción inmediata de nuestro candidato a la presidencia Evo Morales Ayma y todos los candidatos a senadores, diputados, supraestatales», señala una de las determinaciones de la reunión que tuvo Morales con sus militantes para evaluar su caravana de la pasada semana.
Otra de las resoluciones refieren a Pan-Bol y el FPV, cuyas personerías jurídicas fueron recientemente revertidas por el TSE . Con ambas siglas, según se desprende de las declaraciones de Morales, el “evismo” negoció para presentar candidaturas.
“(Repudiamos) la cancelación irregular de la personalidad jurídica que hizo el TSE en contra de Pan-Bol y FPV, desconociendo el principio de preclusión, el informe general de las elecciones de 2020, la participación de estas organizaciones políticas en las elecciones subnacionales del 2021 y las resoluciones que el mismo tribunal emitió en sala plena el 27 de febrero del 2024″, señala otra parte de las determinaciones del “evismo”
El exmandatario les dijo a sus seguidores que revisó junto a un equipo jurídico la situación de Pan-Bol y del FPV y constató que estarían habilitadas para participar en comicios, y por eso anunció: «Mañana nos vamos a inscribir como candidatos 2025-2030 en La Paz».
«Con un equipo jurídico hemos revisado la situación de Pan-Bol y FPV; revisando las resoluciones del TSE del año pasado, reconocen que son partidos, han participado en las elecciones subnacionales, después de las elecciones nacionales, por tanto está reconocido”, manifestó.
Los seguidores de Morales también decidieron «una gran movilización escalonada” hacia la ciudad de La Paz, desde el día martes 20 de mayo, en defensa de la “democracia y la economía». Al respecto, la representante Juanita Ancieta sostuvo que el TSE tiene que inscribir a Morales “a malas o a buenas”. “Caso, contrario vamos a estar en las calles”, advirtió.
El encuentro también exigió liberación de Ponciano Santos, aprehendido el viernes, y de otros “presos políticos” del bando “evista”. También pidieron la liberación de la juez Lilian Moreno que anuló la orden de captura contra Morales por el caso trata, decisión que fue revertida.
